El Gobierno rechaza un confinamiento total

Considera «suficientes» las medidas actuales y quiere esperar para comprobar su efecto

Ciudadanos por las calles de Madrid, mientras algunas regiones piden ya el confinamientoEmilio MorenattiAP

Los tiempos de la política han demostrado no ir acordes a los de la Covid-19, que exige una anticipación que choca con la excesiva burocracia y el habitual enfrentamiento entre Gobierno y oposición. No hace ni una semana desde que el Congreso de los Diputados aprobara una prórroga del estado de alarma para los próximos seis meses y su eficacia se está ya cuestionando abiertamente por parte de algunas comunidades autónomas. La herramienta constitucional avalada por el Legislativo para limitar derechos fundamentales, en base al artículo 116 de la Carta Magna, no recogía en su literalidad la previsión de imponer en el futuro confinamientos domiciliarios –similares a los de marzo– que ya están demandando aquellos territorios que se perciben incapaces de doblegar la curva con las restricciones impuestas hasta ahora.

La evolución de la pandemia es dinámica y por extensión, lo son también los mecanismos que se van activando para hacerle frente, pero, «a día de hoy» en Moncloa rechazan impulsar un nuevo decreto que permita volver al confinamiento total. Así lo señalan en público y en privado fuentes del Ejecutivo y de Sanidad, que aseguran que no se está trabajando en esta eventualidad, aunque «todos los escenarios están abiertos». Más taxativo se mostró ayer el ministro Salvador Illa que llegó a asegurar con «rotundidad» que no se avanzará en esta vía por el momento. «Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos», dijo en una conferencia.

Una decisión, que podríamos calificar de «temporal», porque en el Gobierno quieren esperar a ver el «impacto» que tienen las medidas restrictivas que se han comenzado a aplicar hace escasos días bajo el paraguas del estado de alarma, tales como los cierres perimetrales, el toque de queda nocturno o la obligatoria limitación a seis personas en los encuentros en interiores o exterior. «Tenemos que saber esperar», aseguró ayer el titular de Sanidad, en una declaración que choca con la actuación contundente e inmediata que se está llevando a cabo en otros países de nuestro entorno europeo. Lo cierto es que en el Ministerio tienen la esperanza de que el marco actual del estado de alarma sea «suficiente» para contener el avance de la pandemia sin necesidad de «entrar en una especie de competición para ver quién toma la medida más dura».

En caso de no ser suficiente, se plantearía un problema, ya que ese marco legal no prevé avanzar hacia el confinamiento y obligaría a un nuevo decreto en el que ya sí se previese esta eventualidad. Este trámite llevaría aparejado una nueva votación en el Congreso para darle vigencia, con lo que en el Gobierno quieren esperar a que la necesidad del estado de alarma no solo esté fundamentada en los datos de contagios, sino también en una petición mayoritaria de las comunidades autónomas como ya ocurrió la última vez. De momento, la única que lo ha pedido oficialmente ha sido Asturias, aunque otras regiones como Andalucía, Cataluña o Castilla y León también han coqueteado con esta posibilidad sin plantearla en firme.

A día de hoy la negativa de Sanidad es rotunda y así se le transmitió a Asturias, que buscó escenificar el choque con el Ejecutivo en una rueda de prensa, en la que oficializó su petición. El caso de esta región, gobernada por un socialista, demuestra que los colores han quedado a un lado a la hora de defender la salud de los ciudadanos, pero visibiliza el poder de las regiones y de los partidos que las lideran. Deben ser los territorios quienes pidan el confinamiento, porque serán ellos quienes lo gestionen, como autoridades delegadas en el estado de alarma, y también porque el Gobierno buscará los votos de sus partidos con representación en el Congreso para sacar adelante la votación de un eventual nuevo decreto.

En la línea de las previsiones de Moncloa de valorar «todos los escenarios» trascendió el borrador en el que trabajan los servicios jurídicos del Estado, en caso de que sea necesario avanzar en nuevas restricciones. Será, en todo caso, como el actual en el sentido de que no habrá mando único y se delegará la gestión en las comunidades autónomas. Estas serán las encargadas de activar o desactivar las limitaciones, en orden a sus datos epidemiológicos, dispares entre unas regiones y otras. Razón por la que se rechaza imponer un confinamiento general para toda España. Se preservaría la actividad esencial y solo se avanzaría en el cierre de la hostelería y espacios de ocio y cultura, en caso de que fuera necesario. Sobre lo que parece haber cierto consenso entre regiones, como por ejemplo Cataluña, y el propio Gobierno, es en dejar los colegios abiertos, aunque imponiendo la enseñanza a distancia en aquellos niveles educativos que lo permitan.

Para cualquier avance en este sentido habrá que esperar, en todo caso, hasta dentro de dos semanas. A partir del día 14 de noviembre se podrá evaluar con certeza si las medidas adoptadas con el primer decreto del estado de alarma han sido suficientes para reducir la incidencia del virus y, en caso de que no lo hayan sido, actuar en consecuencia. Esto, en la hoja de ruta que maneja Moncloa, que opta por la prudencia, pero como ya ocurriera hace escasos días, la presión de las comunidades autónomas y la evolución de la pandemia pueden acelerar el proceso.