¿Hay censura a los medios de comunicación europeos?

En Reino Unido hay un comité independiente, Italia plantea una comisión y Alemania tiene una ley de difícil aplicación

La decisión de Pedro Sánchez de crear una comisión para combatir las «fake news» o la «desinformacion» ha desatado una nueva polémica por la posible intrusión del Ejecutivo en la independencia de los medios en su ejercicio propio de comprobar la veracidad de la información. El epicentro de las críticas se encuentra en que la comisión dependerá del Gobierno y no de un organismo independiente. En los países europeos hay ejemplos de la lucha contra la desinformación, pero en ningún caso se dota de poder al Ejecutivo para decidir qué es información y qué no lo es.

REINO UNIDO: Un organismo independiente

En 2013, todos los grupos políticos con representación en Westminster aprobaron la Carta Real (Royal Charter) que determinaba los mecanismos necesarios para una auténtica autorregulación de los medios por primera vez en más de 300 años. Se creó un organismo independiente llamado Panel de Reconocimiento que se encarga de inspeccionar que los autorreguladores que creen los propios medios cumplan con las normas éticas para no anteponer los intereses de la industria a los del público.

Las normas deben aplicar las recomendaciones del Informe Leveson, el resultado de una investigación judicial sobre el escándalo creado cuando salieron a la luz los pinchazos telefónicos que algunos periodistas habían hecho tanto a personajes famosos como no famosos para conseguir exclusivas. Uno de los episodios que más indignó a la sociedad fue la intervención realizada por el dominical News of the World al móvil de una adolescente secuestrada y luego asesinada, Milly Dowler. El tabloide del magnate Rupert Murdoch se vio obligado incluso a cerrar.

El Panel de Reconocimiento inspecciona los autorreguladores después de dos años de sus inscripción en su registro, y luego cada tres años. Desde su creación, el panel tuvo que enfrentarse a diferentes batallas legales interpuestas por algunos de los principales medios que argumentaban que los políticos no consultaron a la prensa correctamente. Pero cada tribunal falló contra sus recursos hasta que la Corte Apelaciones les cerró en 2014 la última puerta legal señalando la plena legalidad y legitimidad del regulador.

Medios principalmente de signo conservador, como el Telegraph, los tabloides Daily Mail y Express y las cabeceras bajo el paraguas del grupo Murdoch (The Times, The Sun) encabezaron la batalla legal contra el primer estatuto regulador. Otros periódicos como The Guardian, The Independent o el Financial Times siguen el debate desde la barrera, porque no se identifican con los excesos en los que ha incurrido una cierta prensa en los últimos años y, por lo tanto, no consideran que el nuevo estatuto vaya a afectarles. Informa Celia Maza.

Francia: Independiente pero hasta 45.000 euros de multa

En Francia no existe un instrumento de vigilancia a los medios que dependa directamente del gobierno. El Comité Superior Audiovisual es la institución independiente encargada de regular la libertad de expresión y la responsabilidad social mediática. Y en este sentido, puede iniciar procedimientos de sanción contra medios de comunicación, incluida la divulgación de noticias falsas. Se trata de una institución creada en 1989 y que cuenta con un consenso general en este tipo de asuntos. En los últimos tiempos, el comité se ha realizado varias advertencias a los gigantes de las redes sociales para que persiguiesen la difusión de fake news sobre la Covid-19. Además, la ley contra la manipulación de la información aprobada en 2018 tras la elección de Macron y tras las numerosas sospechas de injerencia rusa en varios procesos, trata de limitar los efectos de informaciones falsas durante periodos electorales y se asienta sobre dos pilares: el refuerzo de la acción judicial en momentos sensibles para la información y el deber de cooperación de las plataformas para combatir las fake news. Sin embargo, esta ley no ha estado durante estos dos últimos años exenta de críticas, fundamentalmente por acotar de forma demasiado vaga el concepto de “noticia falsa” y por dejar periodos considerados “demasiado cortos” para permitir a la justicia que verifique las informaciones. Informa Carlos Herranz.

Bélgica: Sin regulación gubernamental

En mayo 2018, el gobierno federal belga encargó a un grupo de expertos la elaboración de un informe sobre las noticias falsas divulgadas a través de internet. En sus conclusiones, este texto aboga por diferentes medidas para detectar lo antes posible “campañas organizadas de desinformación”, pero también defiende que “los poderes públicos no deben decidir que es falso y que no”. Durante esta pandemia, una unidad especializada de la policía federal se ha encargado de detectar las noticias falsas sobre el coronavirus divulgadas a través de las redes sociales y ha solicitado la eliminación de este tipo de contenido. Sin embargo, no existen en el país leyes que obliguen a las plataformas de internet a seguir esta recomendación y la retirada de estos mensajes ha sido voluntaria. Desde 2017, las redes sociales Facebok e Instagram colaboran con diversos medios internacionales en la verificación de las noticas publicadas en sus plataformas y advierten cuándo el contenido es falso. En agosto de este año se anunció que la Agencia France Press extendería estas actividades también a las noticias publicadas en Bélgica a través de Facebook. Informa Mirentxu Arroqui.

Alemania: Formar al receptor en lo que son «fake news»

Alemania tiene en vigor una ley desde el 1 de enero de 2018 que no es propiamente una norma contra las noticias falsas sino contra el discurso de odio. Fue uno de los primeros países del mundo en tomar medidas al respecto. Su aplicación fue controvertida con el mismo argumento de que promueve la censura y su aplicación ha sido muy complicada. De hecho, inmediatamente después de su presentación, la prensa alemana publicó declaraciones de abogados y activistas civiles que afirmaron unánimemente que la norma constituye una herramienta de censura que contradice a la constitución alemana y a la legislación europea. La ley no define nuevos términos para el contenido ilegal, solo explica cómo aplicar las normas existentes del Código Penal a las redes sociales. El contenido que debe ser bloqueado se puede dividir en dos grupos: usurpación del orden público y estatal o violación de los derechos de un individuo. Asimismo, obliga a las plataformas digitales a retirar en 24 horas posts “obviamente ilegales” bajo amenaza de multas de 50 millones de euros. El Gobierno alemán ha manifestado su intención de revisar la norma, difícil de cumplir por las grandes plataformas. El Ejecutivo pretende incluir la posibilidad de que los usuarios recuperen contenido eliminado incorrectamente así como la obligación de que las plataformas digitales establezcan organismos independientes que revisen las publicaciones en cuestión. Informa Rubén Gómez del Barrio.

Italia: Plantea una comisión parlamentaria

Italia plantea la creación de una comisión parlamentaria para combatir las ‘fake news’. El grupo estaría compuesto por una veintena de diputados y senadores, que tendrían como objetivo estudiar la desinformación que pueda llevar a la incitación al odio o la discriminación. Tendría una duración mínima de 18 meses y en un principio se dedicaría a vigilar, sobre todo, la información relativa al coronavirus. La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, con apoyos de algunos miembros de la oposición y fue bien acogida por la prensa. Ahora faltaría el visto bueno del Senado. Los miembros de la comisión formarían parte de los partidos y tendrían unas atribuciones parecidas a las de los jueces. Antes de comenzar su andadura, el Gobierno ya creó el pasado abril un grupo de expertos para comprobar la información que aparecía sobre la pandemia. Eligió a una decena de expertos, procedentes del Ministerio de Sanidad y Protección Civil, con los que colaborarían voluntariamente periodistas especializados en ‘fact-checking’. En este caso sí que hubo críticas de la oposición, que consideraba que los miembros estaban elegidos a dedo y que “se limitaba la libertad”. Pasados dos meses el grupo publicó un informe con recomendaciones, como facilitar el acceso a información oficial o crear una web institucional para desmentir ‘fake news’. Por Ismael Monzón.