Sánchez descarta indultar a los presos antes de las elecciones catalanas

Moncloa se aferra a los plazos legales y desliga cualquier movimiento del clima electoral. “El Gobierno no funciona así”, aseguran

El presidente del Gobierno a su llegada ayer a Cantabria «perdió» el paraguas
El presidente del Gobierno a su llegada ayer a Cantabria «perdió» el paraguasJuan Manuel Serrano Arce Europa Press

Ni 24 horas habían trascurrido desde que ERC avaló los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, cuando el Tribunal Supremo decidió ayer revocar el tercer grado de los líderes del «procés». Se trata de dos hechos sin relación aparente, correspondientes a dos poderes separados –el Judicial y el Legislativo–, pero en lo relativo a las relaciones del Gobierno con los partidos soberanistas se han difuminado todos los límites y ya no se puede discernir qué es un gesto y qué ha dejado de serlo. Lo que está claro es que el control de los tiempos es una estrategia en sí misma y más si cabe ahora, en vísperas de las elecciones catalanas. Los comicios del 14 de febrero añaden elementos de inestabilidad al debate y enrarecen las relaciones con los socios y dentro de la propia coalición de Gobierno.

Las presiones arrecian en el seno del Consejo de Ministros para que el Ejecutivo pase de las intenciones a los hechos y alumbre una salida para los dirigentes catalanes en prisión antes de que se pongan las urnas. Sin embargo, en Moncloa imponen calma y aseguran que ni la reforma del Código Penal, que rebaje el delito de sedición, ni la resolución de los indultos se van a acelerar con fines electorales. Es más, con los cálculos que maneja el Ejecutivo ninguno de estos dos frentes se resolverá antes de las elecciones.

En el caso de los indultos, en el Gobierno se aferran a los tiempos que marca la ley para asegurar que es prácticamente imposible por la propia tramitación que llevan aparejados y que todavía se encuentra en un proceso muy inicial. No cuentan ni siquiera con el informe preceptivo del tribunal sentenciador, el mismo Tribunal Supremo que ayer se pronunció contra el tercer grado. Además, los socialistas tienen experiencia (negativa) de lo que supone para su partido introducir la variable de los indultos en campaña. Ya lo hizo Miquel Iceta en 2017 con una innovadora apuesta por la medida de gracia, que lastró sus opciones y que se reconoció posteriormente –junto con los pactos municipales con ERC– como la causa de no haber materializado sus buenas expectativas electorales.

Por esta razón, tanto en público como en privado, el sector socialista del Gobierno frena las ansias de Podemos por acelerar los plazos. Llegando incluso a despreciar a sus socios y la relevancia de los pronunciamientos que dirigentes morados, como los diputados Pablo Echenique o Jaume Asens, hacen en defensa de activar ya los indultos. «Esta es la opinión de dos diputados de un grupo parlamentario que es el cuarto de la Cámara y que forma parte del Gobierno, nada más», despachó ayer Carmen Calvo en una entrevista en RNE.

En el Ejecutivo consideran que los morados «están en sus posiciones políticas en la precampaña catalana» y anticipan nuevos choques en este sentido por su necesidad de marcar perfil propio. No obstante, aseguran tajantes que «el Gobierno no funciona así». «Yo comprendo que estos indultos y estas personas que lo han solicitado están en un parámetro de debate político, por eso puedo entender lo que diga Echenique, Asens y otros muchos más, pero el Gobierno no está en eso, está haciendo su trabajo de tramitación después del parón que hubo por el periodo de alarma», aseguró.

La mano derecha de Sánchez en el Consejo de Ministros recordó que hay unos requerimientos que cumplir y que estos indultos se tratarán «cuando lleguen y cuando toquen» en la mesa del Consejo de Ministros, tras la «obligación» que tiene el Ministerio de Justicia de tramitarlos. En concreto, sobre el calendario para que el Gobierno los resuelva y si esto se hará antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero, Calvo cuantificó que «los indultos tardan al menos cuatro o cinco meses», aunque también hay otros que «se pasan más de tiempo» en función de lo que tarden los expedientes e informes que requiere la tramitación.