El plan B del «cambio de régimen»: la mutación de la Carta Magna

Hay mayoría parlamentaria para la investidura, para unos Presupuestos nuevos y para proyectar incluso la continuidad de un Gobierno de Pedro Sánchez después de unas próximas elecciones generales. Pero no hay mayoría para cambiar la Constitución, que este domingo celebra su 42º aniversario con un Congreso más fragmentado y más radical que nunca.

Sin los escaños ni los consensos necesarios para activar el plan A, el del cambio constitucional, la alianza de la izquierda radical e independentista, que el vicepresidente, Pablo Iglesias, se atribuye el mérito de aglutinar, ha buscado una salida alternativa a ese objetivo principal de derribar la Constitución y derrocar a la Monarquía.

Si no hay mayoría para modificar la letra de la Carta Magna, sí hay espacio para hacer uso de la figura de la «mutación constitucional», el Plan B de los consortes del jefe del Ejecutivo. Este Plan B refiere al proceso por el que se cambia la Constitución sin modificar su contenido, sino por el procedimiento de utilizar su desarrollo legislativo para alterar a conveniencia la interpretación que se hace de ella. Y avanzar así, en paralelo, en las concesiones a Bildu, ERC o PNV. En suma, en lo que están es en la modificación del ordenamiento al margen del procedimiento formal de reforma, por lo que en teoría permanece en todo caso invariable el texto de las normas constitucionales.

Aquí entra el artículo 2 de la Ley Fundamental, que dice que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas». Incluso en un apartado esencial como éste, sin necesidad de la modificación constitucional, que no puede prosperar sin el apoyo del principal partido de la oposición, por esta vía de la mutación y de la interpretación que se hace del texto los partidos que sostienen a Pedro Sánchez se han dado cuenta de que pueden avanzar hacia ese Estado plurinacional sin necesidad de referéndum.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, inició el proceso de utilización de la Constitución para hacer valer sus propias políticas en la campaña electoral. Y por el camino de la mutación constitucional avanzarán también las modificaciones en la interpretación sobre el derecho a la vivienda, a las mayorías necesarias para reformar el Poder Judicial, para cambiar el modelo laboral con la justificación de los derechos sociales y de izquierda, o un nuevo Estatuto catalán.

Expertos constitucionalistas coinciden en que el pacto entre el PSOE y Podemos y ERC incluye «nuevos derechos» y «cambios territoriales» que son cuestiones que afectan intrínsecamente a la Constitución. Y coinciden también en que el principal muro frente a esta estrategia es la figura del Rey Felipe VI, «que con su saber estar en la respuesta a los embates y su escrupuloso respeto a su función constitucional ha conseguido frenar el objetivo de trasladar a la calle el debate entre Monarquía y República».

El análisis de los catedráticos en la materia coincide en que este pulso entre Monarquía y República, que está en la esencia de la estrategia de Podemos y del independentismo, no existe en España, al menos por ahora, aunque Podemos, ERC y Bildu sigan insistiendo en ese camino. Felipe VI ha levantado un muro con su actitud con su padre: ningún hijo trata a su padre como él lo ha hecho, por decirlo en lenguaje de la calle, y su figura y la de la Reina tienen una fuerza indiscutible, a pesar del calvario del reinado que comenzaron en 2014. Cargan con dos crisis económicas, inestabilidad, fragmentación parlamentaria creciente, golpe secesionista y los problemas derivados de las cuestiones familiares.

La calle no estalla por la pulsión entre Monarquía y República, pero sí es una calle herida por la pandemia, llena de dolor, y esto todavía no se sabe de qué manera puede evolucionar. Tienden siempre a confundirse los términos y a identificar el estado de una calle que sufre, con una calle de izquierdas, y una calle satisfecha, con una calle de derechas. Es un análisis simplista y profundamente antiguo.

Hace unos años los líderes de los principales partidos competían en sus discursos públicos en las propuestas sobre reformas constitucionales. Desde una modificación que provocaba unanimidad, la del artículo que discrimina a la mujer en la sucesión de la Corona, hasta la clarificación de las competencias estatales y autonómicas para resolver los conflictos territoriales endémicos. Pero antes, igual que hoy, no había consenso para impulsar cambios que obligarían a disolver las Cortes, convocar elecciones generales y celebrar un referéndum. La Constitución fija que con 233 votos cualquier cambio es posible. A pesar de no tener los votos, ni los apoyos sociales necesarios, no es casualidad que ayer el vicepresidente del Gobierno presumiese justo de que su victoria estratégica con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 es el primer paso de una República que llegará «más pronto que tarde».

El Plan A no es posible, pero está el plan B, utilizar la alianza parlamentaria con las fuerzas independentistas y nacionalistas para avanzar en la mutación constitucional que sirva para «prefigurar un proyecto de país» frente al «Estado centralista, uniforme y neoliberal».

Este plan B espanta en el viejo PSOE, arrinconado en el Parlamento europeo o en algunas baronías autonómicas. Voces sólidas de ese viejo PSOE coinciden en el análisis de que el éxito o el fracaso del Plan B de Podemos, independentistas y nacionalistas está en manos de Pedro Sánchez. Y discrepan en lo que hará el presidente del Gobierno. Hay quienes quieren creer que a partir de ahora se liberará del peso de esta alianza radical para buscar una centralidad más acorde con lo que representa el Partido Socialista Obrero de España. Otros insignes representantes de este viejo PSOE sostienen que, aunque Sánchez quisiera, que no quiere, no podrá liberarse del yugo al que se ha atado para sacar adelante las cuentas públicas.

Ayer mismo el vicepresidente del Gobierno hacía público algo que ya veníamos contando en estas páginas: que la reforma legislativa, que presiona para se active con urgencia para desbloquear la renovación del Poder Judicial, debe servir para que ERC y EH Bildu participen de este proceso, y no el PP, principal partido de la oposición, para el que ha acuñado el eslogan de que es una formación «que está fuera de la democracia».

ERC y Bildu son sus aliados en Cataluña y en el País Vasco. Y en relación a las elecciones catalanas, la «liebre» con la que distraen la atención es la de reeditar un tripartito, pero ellos están en otra aventura, la de una Generalitat independentista, como ahora, pero liderada por ERC, y en la que entre la izquierda de Iglesias y de Ada Colau, de los «comunes». De esta manera, Iglesias ya tendría ahí la primera piedra sólida para blindarse como «capitán» de una nueva coalición unida por la defensa del derecho a decidir, de autodeterminación para sus socios independentistas vascos y catalanes. Sánchez celebrará hoy el Día de la Constitución aliado a una izquierda que aísla al Rey, desestabiliza la Justicia, en colaboración con el PP, y que compromete una nueva transición de la mano de ERC.