Tezanos no descarta ahora preguntar en su barómetro si se debe regular por ley la Corona

Para el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, «es importante saber qué piensa la opinión publica» sobre la Monarquía. Y, más en concreto, sobre la posibilidad de que se impulse una Ley de la Corona, algo por lo que aboga el Ejecutivo de coalición, tal y como adelantó ayer LA RAZÓN. Así se ha pronunciado en el programa «Espejo Público» de Antena 3, en donde ha incidido en que es algo «necesario».

En concreto, el responsable del CIS ha señalado que hasta ahora las preguntas sobre la Casa Real en los barómetros se introducían «de manera irregular. Se hacía un año sí, otro no. Se preguntaba por la valoración de las instituciones». Sin embargo, considera que «entramos en una fase distinta. Si se está planteando la posibilidad de una ley, es importante saber qué opinan sobre eso» los españoles.

«Yo creo que sí haremos la pregunta» de si es necesaria esa Ley, ha apuntado para añadir que «ahora, la ciudadanía es más activa y quiere ver reflejados sus valores. Y hay que ver cómo evoluciona la opinión sobre eso».

Sobre esa Ley también habló ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien avaló la idea de regular con consenso la Monarquía para «ordenar y transparentar las cosas». Lo hizo en el mismo programa, en el que el dirigente gallego se refirió así a la iniciativa que podría ser impulsada una vez se aclare el procedimiento judicial abierto al Rey emérito.

Feijóo, referente dentro del principal partido de la oposición, aseguró que es partidario de todo lo que suponga avanzar en transparencia «de las instituciones medulares españolas», entre las que está la Corona. «No es un mal planteamiento». Eso sí, precisó que tiene dudas sobre si este Gobierno es el adecuado para acometer esta reforma, ya que «al menos la mitad [del Gabinete] pretende derrocar a la monarquía constitucional». «No parece el Gobierno más objetivo y más neutral que hayamos podido tener con la institución de la Corona», apostilló.

No obstante, el presidente gallego no tuvo reparos en elogiar las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la labor de don Juan Carlos y sobre la figura de Felipe VI. «Fueron unas palabras ponderadas. Lo que dijo no lo dice todos los días, y lo que dijo tampoco lo acepta ni lo defiende buena parte de su Gobierno».

Feijóo apoyó la regulación de la Monarquía, a la vez que advirtió de que el Rey emérito y el Rey Felipe VI son «probablemente los dos únicos españoles cuya libertad de expresión esté bien cercenada». «Entre otras cosas, porque sus capacidades para defenderse están bien limitadas por los usos y costumbres».

La defensa del Rey emérito comunicó este miércoles que había presentado ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que resultó una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos. Al respecto, el presidente de la Xunta calificó de buena noticia que los temas fiscales de don Juan Carlos «se aclaren» y que la regularización ponga fin a lo que «no es un tema menor». «Era necesario aclararlo para proseguir con nuestro camino y trabajos», indicó.

La regulación de la Monarquía, vía ley orgánica, podría afrontarla el Gobierno de coalición sin necesidad de contar con la oposición, ya que le bastaría con la mayoría de investidura y de los Presupuestos. Pero el alcance de la cuestión hace más que recomendable que cualquier modificación legislativa en este terreno se haga por amplio consenso y, por supuesto, contando con el principal partido de la oposición.

La Ley de la Corona tendría como objetivo reforzar la transparencia de la Monarquía en el ámbito presupuestario o incluso de la actividad privada. Desde que comenzó su reinado, Felipe VI ya ha ido avanzando en esa dirección de mejorar la transparencia y la ejemplaridad de la institución. Para ello, impulsó que los miembros de la Familia Real (Felipe, Letizia, los Reyes Juan Carlos y Sofía, Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía ) sólo podrán desarrollar actividades de naturaleza institucional; las infantas Elena y Cristina dejaron de ser miembros de la Familia Real, y sólo podrán desarrollar actividades institucionales previa aprobación del Gobierno y sin cobrar ninguna retribución; hay auditoría por parte de la Intervención General del Estado de las cuentas de la Casa Real; y hay un nuevo régimen jurídico de los regalos recibidos por parte de los miembros de la Familia Real.

Sin embargo, expertos constitucionalistas sostienen que hay margen para terminar de clarificar el estatus y las funciones del Rey, acorde con los nuevos tiempos y dentro del respeto a la literalidad del Título II de la Constitución. Esta cuestión de la Ley de la Corona se arrastra desde hace años, pero ningún Gobierno se ha atrevido a «meterle mano». En la abdicación del Rey don Juan Carlos se optó por la solución más sencilla, una ley orgánica de artículo único que sólo dio marco legal a la decisión de renunciar a la Corona.