La coalición se abre a legislar el estatus del Rey

Sectores de PSOE y UP abogan por una Ley de la Corona tras la vía judicial del Emérito

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No habrá ningún movimiento político ni legislativo al menos hasta que no se despeje la situación judicial en la que se encuentra el Rey Emérito, Don Juan Carlos. Pero a partir de ahí, dentro del socialismo hay voces autorizadas que sostienen que ya ha llegado el momento de desarrollar una Ley de la Corona que «despeje» el futuro de la Monarquía, refuerce la transparencia, clarifique plenamente sus funciones, sus límites y otros supuestos, como las consecuencias que podrían derivarse de la petición de divorcio por parte del Rey o de la Reina. «Con la Zarzuela colaborando plenamente, sin problema».

Para este sector socialista, con ramas que enlazan directamente con el Gobierno de coalición, el objetivo de esta delicada reforma legislativa a cargo de las Cortes debería ser, justamente, «el de proteger a la institución, con garantías de que no volverán a repetirse situaciones y comportamientos como los que han provocado la crisis que rodea a la figura del Rey Emérito». Podemos entraría en esta negociación, pero con matices en los objetivos, ya que la formación morada, más que por supervivencia de la institución en sí, ve la iniciativa como un instrumento necesario para limitar y clarificar las funciones de la Corona en tanto no se dé el salto de la Monarquía parlamentaria a la República.

En el PSOE advierten de que una modificación legislativa como ésta requiere, inevitablemente, del acuerdo con el principal partido de la oposición, pero la realidad es que una ley orgánica, aunque afecte al funcionamiento de la Monarquía, puede salir adelante con mayoría absoluta. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la tiene con sus socios de investidura y con la mayoría que sostiene los Presupuestos de 2021.

En el PSOE también anticipan un giro al centro de Sánchez a partir de esta primavera «para ir liberándose del yugo de Unidas Podemos» y de una estrategia política y de comunicación de los «morados» que les roba constantemente su perfil social. Y es en ese cambio de estrategia, que está por confirmarse, donde sitúan la necesidad de trabajar codo con codo con la oposición para regular el Título II de la Constitución con el fin de blindar «la ejemplaridad de la institución, y, de esta manera, su propia fortaleza».

Pero en un esquema en el que no hay nada fuera de la confrontación entre Gobierno y PP es difícil pensar que pudiera encontrarse un espacio para negociar con discreción y lealtad cuestiones como la transparencia de la Corona en su Presupuesto y en la actividad privada del Rey. Por ley orgánica también cabe regular «un nuevo marco que evite en el futuro que no se sepa dónde está el Rey». La reforma legislativa no debería prohibirle su derecho a viajes privados, pero sí obligarle, en todo caso, a que éstos sean comunicados siempre al Gobierno, o hasta que sea necesaria también su autorización.

Aquí podría entrar, asimismo, una regulación clara de las diferencias entre la Familia Real y la familia del Rey, del estatus de los miembros que trabajan en la Casa Real... La lista de posibles cuestiones que se deberían ver afectadas por este desarrollo legislativo del Título II de la Carta Magna es variada y tendente a crecer según se añaden más voces a la encuesta sobre el sentido de la llamada Ley de la Corona. De la que el PP, por cierto, asegura no tener ninguna constancia y anticipa, en todo caso, sus recelos porque prejuzga que sería «una maniobra para limitar aún más el papel del Rey». «Sus funciones ya están tasadas en la Constitución».

Felipe VI, al iniciar su mandato, ya hizo algunos gestos en la línea que apuntan los partidarios de esta regulación por ley orgánica del funcionamiento de la Corona para mejorar la imagen de la jefatura del Estado. Por ejemplo, la decisión de que los miembros de la Familia Real, de la que quedaron fuera las infantas Elena y Cristina, sólo puedan desarrollar actividades de naturaleza institucional, la auditoría de las cuentas de la Casa Real por parte de la Intervención General del Estado o la regulación del régimen jurídico de los regalos recibidos por parte de los miembros de la Familia Real.

La Constitución cumplió este fin de semana 42 años, y en su artículo 56.3 reconoce que la persona del Rey es inviolable, uno de los puntos más combatidos por la izquierda y por partidos contrarios a la Monarquía.

El 3 de junio de 2014 el Consejo de Ministros aprobó en una reunión extraordinaria un proyecto de ley orgánica para regular la abdicación del Rey don Juan Carlos, con un artículo único y una disposición final única para hacer efectiva la renuncia a la Corona de España.