El Rey Emérito regulariza 678.000 euros y elude una posible causa penal por delito fiscal

Don Juan Carlos ha regularizado su situación tributaria con Hacienda, lo que le permite eludir cualquier responsabilidad penal por delito fiscal en relación a los gastos que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo con cargo a tarjetas titularidad del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018.

Según confirmó ayer en un comunicado su abogado, Javier Sánchez-Junco, el Rey Emérito ha presentado una declaración complementaria ante la Agencia Tributaria por la que ha ingresado en Hacienda 678.393 euros para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y allanar así su horizonte penal por esos gastos que efectuó tanto él como algunos miembros de su familia (ni Felipe VI ni la Reina Letizia entre ellos).

Y es que al no haber abierto Hacienda ningún expediente contra el Monarca ni haber presentado denuncia ni querella la Fiscalía por estos hechos, que siguen siendo objeto de investigación, esta declaración complementaria supondría la inexistencia de un posible delito fiscal en cualquier de esos tres ejercicios (si se superan en alguno de ellos los 120.000 euros de cuota defraudada), en aplicación del artículo 305,4 del Código Penal. Tras la polémica amnistía fiscal acordada por el Gobierno de Rajoy en 2012, la reforma del Código Penal excluyó la comisión de delitos fiscales cuando el afectado «hubiere regularizado su situación tributaria» en esos términos, para propiciar así el pago de cantidades pendientes a Hacienda.

Con la normativa penal en la mano, ese paso debe producirse (como así ha sucedido) «antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones» o de que la Fiscalía «interponga querella o denuncia contra aquél».

Fuentes jurídicas especializadas en normativa tributaria aseguran a LA RAZÓN que con esta iniciativa «se mata» esta investigación (una de las tres por las que la Fiscalía investiga al padre de Felipe VI), dado que «tampoco se le podría imputar en su caso por blanqueo al no existir el delito precedente de carácter fiscal».

Según añade la defensa de Don Juan Carlos en ese comunicado, ha sido el propio Monarca el que dio instrucciones «para que haga público que, en el día de hoy, ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€ incluyendo intereses y recargos».

Asimismo, se deja constancia de que el Rey Emérito «continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos» respecto a esos gastos, para los que se habría utilizado al teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga.

Esta es una de las tres investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía del Tribunal Supremo, que también investiga su relación con un fondo en la isla de Jersey así como los cien millones de dólares (64,8 millones de euros) que recibió Don Juan Carlos en 2008 del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, supuestamente como comisión por su labor de intermediación en la adjudicación de las obras de construcción del AVE de Medina a La Meca. En este último caso, Don Juan Carlos seguía amparado por la inviolabilidad como jefe de Estado.