A propósito de la Fundación Nacional Francisco Franco

Se atiene “a lo que dispone el principal argumento base de la Ley de Fundaciones: servir a fines de interés general”

El general de División de Infantería Juan Chicharro Ortega, en su despacho de la sede madrileña de la Fundación Nacional Francisco Franco / Alberto R. Roldán
El general de División de Infantería Juan Chicharro Ortega, en su despacho de la sede madrileña de la Fundación Nacional Francisco Franco / Alberto R. Roldán

“Quienes formamos parte de la Comisión Organizadora de la FNFF no tenemos propósitos políticos de ningún tipo, la Fundación va a tener un carácter netamente cultural , humanístico y docente. Sus fines son difundir el conocimiento de la figura de Francisco Franco y sobre las realizaciones de los años de su mandato”.

Son palabras pronunciadas por el exministro don Joaquín Gutiérrez Cano el 10 de diciembre de 1976 en el acto que tuvo lugar con motivo de la creación de la Fundación Nacional.

Han pasado 44 años desde aquel día y son muchas las vicisitudes acaecidas desde entonces. La mayoría de las personas que con su firma materializaron su adhesión a los fundamentos de la Fundación ya no están con nosotros pero se mantiene incólume el espíritu de lo que significó aquello pese a que las circunstancias no son precisamente las mismas. Lo que en aquellos días era una tarea exenta de complicaciones hoy es una auténtica proeza.

La animosidad creciente contra todo lo que significa la figura de Francisco Franco ocasiona que la tarea de la Fundación se vea entorpecida desde muchos frentes. El mero hecho de la presentación de un libro, la organización de una cena o, incluso, la de una misa en su recuerdo supone superar toda clase de obstáculos.

Y por si fuera poco todo lo expuesto, el Gobierno socialista comunista en el poder pretende ilegalizar la propia Fundación y de paso incautarse el Archivo que en su día fue privado y personal de Francisco Franco. Un archivo, por cierto, adherido al Sistema Español de Archivos según convenio firmado con el Ministerio de Cultura al amparo de la Ley del Patrimonio Histórico Español, conservando su condición de Archivo Privado. Todo ello en un derroche de autoritarismo y sectarismo impropio de una sociedad libre.

La Fundación Nacional Francisco Franco se atiene, en el ejercicio de su libertad, a lo que dispone el principal argumento base de la Ley de Fundaciones , esto es , servir a fines de interés general. ¿Acaso no es de interés general para los españoles el conocer cómo se mantuvo la no intervención en la II Guerra Mundial, cómo Franco liberó a casi 70.000 judíos de las garras de la Alemania nazi, cómo la revolución económica y el desarrollo industrial masivo en los años 60 posibilitaron la creación de una clase media inexistente hasta entonces, cómo se construyeron millones de viviendas sociales, qué fueron las universidades laborales, cómo se materializó la compatibilidad de la justicia social y la libertad económica… etc?

Difícilmente se puede mantener que una Fundación dedicada al conocimiento de un periodo trascendental, en un sentido o en otro, de la historia de España y sobre un personaje que, guste o no, fue Jefe del Estado durante 40 años, que además, lo hace desde una aportación documental fundamental propia, no tenga interés o utilidad pública.

Pues bien, el relato de esta parte importante de la historia de España es lo que las fuerzas comunistas en el poder quieren impedir y que no llegue a conocimiento de las nuevas generaciones. El proyecto de ley denominado “Ley de Memoria Democrática” será la vía para ello.

Muchas son las razones para ello pero seguramente una de ellas es evitar el conocimiento de cómo Franco propició la mayor transformación social y económica de toda nuestra historia y evitar igualmente cualquier comparación con la situación desastrosa en la que se encuentra España ahora. Y que no me hablen de la falta de libertades, tal y como las entendemos hoy, pues si así lo vociferan algunos es por su desconocimiento de que en la historia de los pueblos hay veces en que las circunstancias lo imponen y menos aún exponerlos en momentos dictatoriales como el actual, cercenados importantes derechos fundamentales, al amparo de un Estado de Alarma dudosamente constitucional.

La dictadura ¿constitucional? en la que nos encontramos no sólo pretende por la vía jurídica y mediática impedir la labor de la Fundación sino que potencia con sustanciales subvenciones públicas a otras Fundaciones y Asociaciones de forma escandalosa.

La FNFF no busca subvenciones gubernamentales – vive tan sólo de las aportaciones de sus afiliados– pero cansa el rechazar las permanentes insinuaciones de lo contrario. La FNFF tan sólo recibió una subvención en tiempos de la presidencia del Sr Aznar para la digitalización del importante archivo privado que tiene heredado. Llama poderosamente esta inquina cuando nos encontramos que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria democrática pretende subvencionar generosamente con el dinero de todos los españoles a un sinfín de Fundaciones o Asociaciones para acciones tan peregrinas como las de “Patrimonios incómodos. Futuro y gestión de lugares de memoria”, “Transmisión intergeneracional de la historia y memoria democrática recientes de las Merindades”, “Investigación sobre la incorporación de la memoria democrática al currículo escolar”, “La represión femenina en la provincia de Ciudad Real”, ……y así hasta un total de 66 expedientes (https://www.mpr.gob.es/memoria).

El artículo 14 de la CE sólo es válido para los amiguetes del Gobierno.