Temor por filtraciones que impidan el retorno del Rey

Tras la regularización presentada por el equipo legal que asesora a Don Juan Carlos, buena parte de los obstáculos que impedían el regreso del artífice de la Transición parecen despejados. Sin embargo, en el entorno del padre del Rey existe una comprensible inquietud: por lo menos en dos ocasiones anteriores en las que la vuelta del anterior Jefe de Estado estaba próxima –la primera vez a mediados de octubre y la segunda en noviembre– filtraciones con innegable intencionalidad política sembraron de titulares la prensa de nuestro país creando un ambiente mediático viciado que propició que se paralizara el proyecto.

Una cosa está clara: los abogados de Don Juan Carlos consideran que esos casi 700.000 euros pagados a Hacienda cubrirán todas las irregularidades que pudieran haberse cometido entre 2016 y 2018 a causa de los fondos puestos a su disposición por el empresario mexicano Sanginés-Krause, por lo que solo quedan dos de las tres investigaciones abiertas por la Fiscalía. La primera de ellas, la relacionada con el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE entre Medina y La Meca, ofrece un buen pronóstico penal para Don Juan Carlos ya que los hechos tuvieron lugar antes de junio de 2014, momento de su abdicación.

Todos sus actos antes de esta fecha están amparados por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. Desde entonces, sí puede ser investigado pero por su condición de aforado sólo por el Tribunal Supremo, que ahora está a la espera de escuchar las conclusiones que alcance el Ministerio Público. Para despejar cualquier inquietud sobre esta investigación es pertinente recordar que en un informe de septiembre de 2018 se aseguraba que los indicios contra el Rey eran «extraordinariamente débiles» lo que parece abocar estas diligencias al archivo salvo que de la documentación solicitada a las autoridades suizas se derive algún tipo de actuación irregular que afecte al soberano más allá de junio del año 2014.

Ahora, por lo tanto, todas las miradas se centran en la tercera vía de investigación iniciada por la Fiscalía del Supremo, aquella que se materializó tras un informe de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) que presuntamente vincularía al Monarca con cuentas en la isla de Jersey donde tendría una supuesta fortuna oculta. Sin embargo desde el principio Don Juan Carlos ha negado categóricamente poseer ningún vehículo financiero con sede en las Islas del Canal de la Mancha y que bajo ningún concepto ha ordenado movimientos bancarios con fondos fuera de España en plena investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Pero el simple hecho de que en la Fiscalía se estén realizando investigaciones sobre este asunto hace temer que puedan volver a filtrarse como ya ocurrió en el pasado. Es pertinente recordar que fue necesario que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal-jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, mantuvieron un encuentro con los medios de comunicación el 7 de noviembre después de una de las filtraciones de las que se acusaban mutuamente. En esa misma rueda de prensa se hizo pública la tercera investigación –que en aquel entonces se encontraba en estado «embrionario»– poco antes de que, previsiblemente, se volviera a filtrar a la prensa. Desde entonces, y desde otra parte del entramado institucional del Estado, se ha producido un nuevo «soplo» a los medios: precisamente que los abogados del Rey tenían pensado regularizar su situación con Hacienda por los gastos que realizó entre 2016 y 2018.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno repita la estrategia puesta en práctica en el pasado para impedir el retorno del padre del Rey todo son especulaciones. Ciertamente invitan al optimismo las declaraciones que ayer mismo realizó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que se refirió a la regularización como «un tema personal» que debería tratarse en el ámbito de al confidencialidad. El ministro recalcó que él no se mete en las relaciones de los contribuyentes y precisó que no tiene un conocimiento directo del asunto. «Además no debo tenerlo, porque las relaciones entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria no son públicas y deben mantenerse dentro del ámbito de la discrecionalidad el que todo ciudadanos tiene derecho», dijo la mano derecha de Sánchez en unas palabras que parecen demostrar que ha ganado en cautela después de cierto episodio aeroportuario de su pasado reciente.

No obstante, admitió que la figura de Don Juan Carlos «hace muy difícil mantener esta reserva», pero que, en cualquier caso, «las relaciones de los ciudadanos con la Agencia Tributaria deberían ser confidenciales». «Es un tema personal, pero repito, como ya he dicho con anterioridad, que todos somos iguales ante la ley en su cumplimiento y en su protección», continuó el ministro, quien advirtió que, de no ser así, «se quebraría el principio de legalidad, que sustenta el constitucionalismo».

En esta misma línea se situaron las declaraciones del presidente del Gobierno el día que se conoció la intención de Don Juan Carlos de regularizar sus cuentas con Hacienda. Sánchez aseguró que había que «llegar hasta el final» en las investigaciones de las supuestas irregularidades fiscales del padre de Felipe VI pero al mismo tiempo aseguró «con toda rotundidad» que la Monarquía no está en peligro en nuestro país. Las palabras son encomiables pero viniendo del mismo líder político que aseguró que nunca pactaría con Podemos («No podría dormir tranquilo») se impone la prudencia y cierto escepticismo.