Batalla electoral: La Generalitat presionará a la Justicia para frenar el 14-F

Apelará a las altas cifras de contagios por la covid para intentar retrasar la convocatoria en las urnas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en Barcelona
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en BarcelonaPSOE HANDOUTEFE

A Cataluña vuelven a llevarla al caos. Sin un confinamiento domiciliario ni un toque de queda que afecte a la hora de cierre de los colegios electorales, al que se niega el Gobierno de Sánchez para no alterar su estrategia de campaña, no hay en teoría ningún motivo que impida que se celebren las elecciones autonómicas del 14 de febrero, como en Italia, en Francia o en Portugal. Pero queda por delante una semana en la que la Generalitat independentista meterá toda la presión que pueda, con la buena ayuda de unas cifras desbocadas de la pandemia, para intentar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sienta miedo por las consecuencias de su decisión y posponga los comicios.

El miedo es la clave porque altera las prioridades de todas las partes. El votante secesionista también tiene miedo de contagiarse de la Covid. La pandemia aleja la prioridad de la ruptura y esto es lo que alarma al establishment secesionista, desgastado, además, por su mala gestión, y lo que explica la cacicada de anular las elecciones sin cobertura legal para hacerlo. Si, finalmente, el TSJC decide que las elecciones se celebren, la Generalitat no tendrá margen para boicotearlas. Otra cosa es que es impredecible determinar de qué manera la situación puede afectar a la movilización de los nichos de votantes y al resultado que salga de las urnas.

Pero el TSJC, a través de las disposiciones que establezca en su resolución, y la Junta Electoral tendrán en sus manos blindar los protocolos especiales que la Administración competente, la Generalitat, tiene la obligación de implementar si no quiere asumir las responsabilidades que de ello se deriven. Y esto es así se convoquen ahora las urnas o se retrasen para más adelante, aunque salvo un cambio en el toque de queda, con un nuevo estado de alarma, el TSJC tiene muy difícil justificar que prohíbe ejercer un derecho fundamental básico, el de la participación política. Que se requiere, asimismo, para acabar con la provisionalidad institucional.

El blindaje de las elecciones incluye los protocolos de seguridad en los colegios electorales, la ampliación del plazo del voto por correo y los mecanismos necesarios para facilitar que los contagiados puedan ejercer el derecho al voto. Todo esto es lo que dice la teoría, pero ningún partido confía en que las elecciones puedan desarrollarse de manera razonable bajo la combinación de la pandemia y la utilización partidista del contexto sanitario.

El independentismo ya está instigando su ofensiva para contaminar de un falso victimismo la campaña, en el caso de que el TSJC decida que llegue a término. Las presiones se multiplican de un lado y de otro. Con un problema de fondo que, si se rasca por debajo de los argumentarios oficiales, lleva a comprobar que en todos los equipos electorales coinciden en señalar los mismos déficits. Igual que todos se han puesto ya en campaña.

Además, en cualquier país serio sería inaceptable el conflicto de interés que mantiene el candidato-ministro de Sanidad, Salvador Illa: no toma nuevas medidas para no perjudicar a sus elecciones. De la inacción se deriva un daño evidente para los españoles que viven en otras comunidades y que se encuentran con que sus Gobiernos gritan que no tienen medios suficientes para atajar la pandemia y el Gobierno de la Nación no se los facilita para no alterar el calendario electoral en Cataluña.

La incidencia acumulada del coronavirus triplica ya el nivel de riesgo extremo de rebrote y el nivel de ocupación de las UCI es alarmante. Al principio de esta semana, desde las comunidades ya advertían de que, a más tardar este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendría que comparecer para activar algún tipo de confinamiento domiciliario ante los datos de evolución de la pandemia. Pero esto no cuadra con sus objetivos en Cataluña.

Si el mapa del conjunto de España es malo, las cifras en Cataluña no son tampoco tranquilizadoras. Desde la Generalitat también han reclamado al Gobierno los instrumentos necesarios, una modificación del estado de alarma, para poder decretar un confinamiento total. La Generalitat está construyendo el relato para ir a una campaña, si no hay una decisión judicial previa que la paralice, con un discurso dirigido a echar las víctimas y la crisis sanitaria sobre la espalda del ministro candidato socialista, y sobre la Justicia del Estado español.

A ERC se le acumulan las malas noticias demoscópicas, pero la situación sanitaria también puede disolver parte del «efecto Illa», que, probablemente, no sea tan grande como dice el CIS. Aunque sí hay coincidencia en las encuestas en que puede funcionar por su capacidad de recuperar la confianza del electorado socialista. El PSC es el partido con más fidelidad entre el electorado y está en condiciones de ocupar el espacio de Cs en las últimas catalanas. ¿Esta radiografía del momento puede mantenerse si se modifica la fecha electoral? No hay respuesta y eso lo saben los partidos que están ya metidos en otra encrucijada catalana. ¿Qué razón hay para retrasar las elecciones? Si se escucha en la «fontanería» de los partidos, ninguna y todas.