El PP no ofrecerá sus votos al PSC antes de las elecciones

Si hay una alternativa constitucionalista al tripartito, Pablo Casado ofrecerá sus escaños en Cataluña para evitarla. No lo dirá hasta que llegue el momento, después de las urnas, pero así lo confirman fuentes de la dirección popular. Un «gesto necesario, en el momento oportuno si se dan las circunstancias», aunque sea para investir como presidente de la Generalitat a quien ha sido el ministro de la pandemia y objeto de dura crítica por parte del principal partido de la oposición.

La campaña obliga a guardar las cartas para no desmovilizar al votante propio. Y en el PP recuerdan, cuando se les pregunta por cómo maneja esta cuestión Ciudadanos (Cs), el error que supuso en su día para Casado anunciar antes de tiempo que ofrecía ministerios a Santiago Abascal para gobernar juntos. Aquel error no volvió a repetirse. La rectificación fue de 180 grados y ahora el mantra es negar el pacto con Vox, aunque no haya encuesta a nivel nacional que a día de hoy vaticine que es posible un Gobierno en solitario del PP.

En Cataluña, si los números dejan abierta esa posibilidad constitucionalista, hipótesis difícil, al menos de acuerdo con la radiografía actual, al PP no le quedará más remedio que ofrecer sus escaños al candidato socialista, Salvador Illa, para no cargar en sus espaldas con el coste de frenar un Gobierno alternativo al tripartito con ERC o a otra Generalitat secesionista. La dirección popular no quiere confirmar esta disposición al pacto, como sí lo ha hecho ya la líder de Cs, Inés Arrimadas, porque considera que es «un error estratégico». Ni siquiera ven ventaja en el caso de Arrimadas, aunque su situación y sus necesidades sean distintas. Cs consiguió el éxito de 2017, histórica victoria y primera fuerza en el Parlamento catalán, gracias al voto que captó del granero socialista, y ahí es hacia donde se dirige la oferta de acuerdo de la líder naranja con la justificación de evitar el tripartito con los republicanos.

Sin embargo, en las filas populares creen que este movimiento «a la desesperada» de Arrimadas no va a salir bien, sino que sólo contribuirá a reforzar aún más la lista de Illa porque el mensaje que traslada al electorado es que da igual que voten a las siglas naranjas o a las del PSC: conforme a las expectativas demoscópicas actuales, todo iría, al final, al saco de quien hoy dejará de ser ministro de Sanidad.

Además, la oferta por adelantado de acuerdo a Illa, que se excluye en la estrategia del PP, tiene también otra posible consecuencia negativa, la de que refuerce el voto de la derecha que busca refugio en las siglas de Vox.

La encuesta de Nc Report que ayer publicaba este diario apuntaba a la posibilidad de que Vox debute el 14 de febrero en el Parlamento autonómico con hasta siete escaños, a uno de diferencia, y menos de 30.000 votos, del partido de Pablo Casado.

Las expectativas de Vox en esta campaña condicionan la estrategia del PP mucho más que la de Ciudadanos. Arrimadas tiene que frenar que el voto más de centro izquierda, no independentista, vuelva al redil socialista. El PP necesita evitar que el voto de centro-derecha, conservador, se vaya esta vez a las filas de la formación de Santiago Abascal.

En el nuevo caos catalán pesa también la división constitucionalista y la incapacidad de sus siglas de fijar un objetivo común, que trascienda las luchas nacionales de partido y sitúe el freno a la ruptura y al secesionismo como prioridad número uno. Este mensaje no llega al electorado, y la división amenaza con volver a penalizarles, con el añadido de que Vox no entra ni siquiera en la ecuación de apoyar a un Gobierno constitucionalista que presida el PSC. Son ex ministros y retirados de primera línea los únicos que reconocen los errores que han cometido en Cataluña los dos principales partidos, PP y PSOE, y los demás agentes constitucionalistas que han ido entrando en juego. Siempre con una misma razón, utilizar como instrumento electoral en el conjunto de España la defensa de la unidad nacional.

Ni las arbitrariedades ni la corrupción ni el supremacismo ni la ruina democrática y económica han llegado a ser argumento suficiente como para articular una unidad de acción no competitiva y que responda de verdad al fin discursivo de parar los pies al independentismo. «El desastre institucional catalán es un hecho, y la división dentro del centro derecha sólo contribuye a dar aire a los Puigdemont, Junqueras y Torra», explica uno de los líderes del PP catalán que fue jubilado en una de las renovaciones forzadas por Madrid para sortear la progresiva caída en votos y en escaños.

Los socialistas, se muevan como se muevan en Ciudadanos y en el PP, están en otra historia. De inmediato rechazaron ayer la oferta de pacto de Arrimadas, en un análisis de campo que sí ha entendido bien que en esta competición por el voto, hablar de acuerdos sólo puede servir, como vaticinan en el PP, para reforzar al contrario. Arrimadas precisó ayer, en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, que su oferta de pacto al PSC tiene como condición que haya un Gobierno constitucionalista con la Presidencia para los naranjas. Pero los pronósticos de todas las encuestas apuntan en dirección contraria. «El Gobierno debe estar liderado por Ciudadanos. Es la única garantía de que va a haber un cambio de verdad», explicó. De vuelta al «pecado» del uso de Cataluña para los intereses nacionales de unos y de otros, en esta ocasión el resultado de las elecciones es determinante en la estabilidad del Gobierno de Sánchez. Si ERC no depende del PSC, y gobierna con Puigdemont, la tensión se trasladará al Congreso. Y Sánchez no podrá contar con Pablo Iglesias.