Campo ve “francamente difícil” que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre los indultos del “Procés” antes del 14-F

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, considera “extremadamente difícil” que la Abogacía del Estado pueda emitir sus informes al Tribunal Supremo sobre las peticiones de indulto a los doce condenados por el “Procés” antes de las próximas elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, salvo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aceptara que se retrasasen, algo que parece más que difícil.

“No tengo bola de cristal, pero es francamente difícil que si acaba de llegar -la petición de informe por parte del Supremo- lo pueda tener -la Abogacía del Estado- en pocos días”, resaltó al respecto el titular de Justicia, quien, además recordó que los expedientes de indultos son individuales: “Cada condenado tiene un expediente, tiene vida propia, y por eso me molesta en términos académicos que se hable del indulto del Procés”.

De esta forma, añadió, cada uno de los doce condenados tiene unas circunstancias concurrentes concretas, “y habrá que ver” cómo se pronuncia el Tribunal Supremo respecto de cada uno de ellos, “y esa es la que el Ministerio de Justicia valorará individualmente” y presentará la correspondiente propuesta al Consejo de Ministros.

Respecto al Consejo General del Poder Judicial, el ministro de Justicia volvió a incidir en la necesidad de llevar a cabo de forma inmediata su renovación, con independencia de la reforma judicial que se tramita en el Congreso y a margen de la polémica entre el órgano de gobierno de los jueces y magistrados y la Mesa del Congreso por rechazar pedir informes tanto al propio Consejo como a la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa. Lo que hay que hacer, afirmó, es “renovar el CGPJ y ahí no hay alternativas” y que para ello los grupos parlamentarios -especialmente PSOE y PP- los que tienen que ponerse de acuerdo para alcanzar la mayoría de tres quintos para la designación de los vocales, para de esa forma dar “cumplimiento a un texto tan claro, tan rotundo y que a todos nos vincula, como es la Constitución”.

Consenso entre ministros para reformar la Ley Penal

Por otro lado, Juan Campo participó junto con los los ministros que le precedieron en el cargo, Rafael Catalá y Alberto Ruiz-Gallardón, en un encuentro celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos para debatir sobre el nuevo proceso penal, cuyo anteproyecto ha sido ya aprobado por el Gobierno y ahora pasará a la fase de informes preceptivos, como los del CGPJ o Fiscalía General del Estado.

Los tres coincidieron en la necesidad de que la instrucción penal pase a manos de los fiscales, como sucede en la inmensa mayoría de la Unión Europea. Sin embargo, tanto Catalá como Ruiz-Gallardón reclamaron que se adopten los medios necesarios para garantizar la independencia de los fiscales, especialmente del fiscal general respecto al Gobierno. En este sentido, Campo señaló que el propio anteproyecto recoge que en el plazo de un año desde que se apruebe la Ley, cuya entrada en vigor se producirá a los seis años desde ese momento- para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y que será entonces cuando se realicen las modificaciones que se consideren oportunas. En todo caso, dejó claro que el modelo actual de ese nombramiento es el que se recoge en la Constitución.

Junto a ello, los tres reclamaron que una ley de esa envergadura, que supondrá un profundo cambio en todo el proceso penal, logre el mayor consenso político posible. " No puede ser una Ley del PSOE, sino debe ser una Ley de todos”, mientras que Catalá concretó que, al menos, debe contra el acuerdo de PSOE y PP.