Casado contacta con el entorno de Rajoy y Aznar para medir los daños del “caso Bárcenas”

El calendario judicial al que se enfrenta el PP y los últimos movimientos del ex tesorero Luis Bárcenas están obligando a reaccionar a la dirección nacional de este partido. Por vías indirectas, su líder, Pablo Casado, ha empezado una operación de aproximación a personas del entorno de los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar para activar, en la medida de lo posible, un control de daños sobre lo que todavía pueda salir del ámbito judicial y manche aún más las siglas del partido. Pablo Casado ya estaba en las Nuevas Generaciones de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, contra quien ayer apuntó Bárcenas al declarar ante el juez del «caso Púnica», después de haberse ofrecido a colaborar con todas las causas de corrupción que afectan al PP. Bárcenas declaró que Aguirre recibió en 2007 un sobre con 60.000 euros del constructor de uno de sus hospitales para sufragar gastos de su campaña a las autonómicas de ese año.

La actual relación de Casado con Rajoy es protocolaria, y con Aznar ha habido un distanciamiento como consecuencia de decisiones del nuevo equipo de dirección para ampliar su terreno de mando, entre ellas, el cese de la que era portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo. En Génova saben que se enfrentan a unos procedimientos, sometidos a investigación judicial, que tienen «unas raíces estructurales, y que vienen de la etapa de Manuel Fraga». Hoy preocupan dos nombres, el del empresario José Luis Ulibarri, que aparece en distintas causas judiciales abiertas: Púnica, Enredadera, Gürtel. Y el del ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, que lleva ya siete años en prisión, cumpliendo condena por la trama Gürtel. Quienes han estado en el epicentro de la gestión del partido apuntan a que ellos tienen en su mano «tirar de la manta» si lo consideran conveniente para su estrategia de defensa. En todos estos escándalos que rodean al PP de Rajoy, Bárcenas está colocado en el centro de la diana, pero «el organigrama tenía más soldados», que son, en su mayoría, los únicos que han ido cayendo hasta ahora. Crespo está citado a declarar en el juicio en la Audiencia Nacional por la reforma de la sede del PP y la financiación irregular del partido. Investigación que sirvió a Casado para anunciar, después de la derrota electoral del PP en las elecciones catalanas, su decisión de cambiar de sede.

A Casado le preocupa que los efectos colaterales del complicado calendario judicial que tiene por delante su partido toquen a cargos nacionales o autonómicos en activo, incluso a algún nombre que está en el actual equipo de dirección y que viene de la estructura de la etapa anterior más contaminada por las tramas y subtramas relacionadas con la financiación de la formación.

El cambio de sede del PP, escudo de Casado, no es una operación nada fácil en sí misma, y menos, según fuentes de Génova, teniendo en cuenta el estado de las finanzas de la organización popular. En la estructura cuentan que, después de las últimas generales, Casado fue «invitado» a pasar por Galicia, donde la cúpula gallega le recordó no sólo el apoyo con avales en el Congreso de la sucesión, sino que también estaba la deuda del apoyo prestado económicamente para la campaña de las generales.

Ahora, la prioridad de Génova es buscar cortafuegos contra el pasado. Y a quienes están «en la pomada» les preocupa que de la connivencia entre empresarios y políticos del partido todavía haya capítulos que impidan enterrar «ese periodo de corrupción». Hasta finales de mayo, aunque puede alargarse, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prevé celebrar medio centenar de sesiones para investigar si la reforma de la sede nacional del PP se financió con dinero de la caja B. También comprobará si se repartieron sobresueldos en negro a destacados dirigentes. En paralelo, circulan informaciones que siembran dudas sobre si la «operación Kitchen» consiguió realmente arrebatarle del todo, o no, a Bárcenas el «botín», como llaman en la jerga a las supuestas pruebas contra Rajoy y su cúpula. El ex tesorero ha perdido toda credibilidad por sus contradicciones.

También circula que presuntamente hay otras cuatro cuentas fuera de España que pertenecen a ex altos cargos. El tribunal admitió una larga lista de testigos propuestos por las acusaciones y las defensas, entre los que se encuentran los ex presidentes del Gobierno Aznar y Rajoy y cuatro ex secretarios generales. Además, el PP tiene por delante el «caso Kitchen», y ahí la estrategia la dirigen a que judicialmente se dé carpetazo al escándalo con la tesis de que fue una «gamberrada» policial, exculpando a los altos cargos de Interior, al Palacio de la Moncloa y también a la Secretaría General del PP. En suma, durante los dos próximos años la dirección del PP tendrá que gestionar una decena de juicios, «caso Taula», «caso Púnica», «caso Lezo», «caso Ciudad de la Justicia», «caso Villarejo», «caso contratos Valencia» o Gürtel II parte.

Por cierto, cuando viene a Madrid, el ex secretario general Francisco Álvarez Cascos tiene contacto con un alto cargo del equipo de Casado, que le llama «general secretario».