Arrimadas no descarta la dimisión

Quizá la factura más cara de toda la crisis en la que Ciudadanos se ha metido -con una ligera ayuda del PSOE- la tenga que pagar la que aun es presidenta del partido, Inés Arrimadas, que tiene por delante un fin de semana intenso para preparar el Comité Ejecutivo de Cs que tendrá lugar el lunes. Todos los escenarios, incluso su salida de la presidencia, se contemplan como posibles en esta trascendental cita. A la decepción personal se une el sentimiento de haber sido políticamente traicionada por un aparato de barones en su partido que hace tiempo dejó de trabajar de manera coordinada con la dirección nacional. Esta circunstancia, unida a su soledad en el partido, a su ausencia de autoridad y mando real –prácticamente solo puede contar con su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputado– abocan a Arrimadas a replantearse su futuro. La única manera en la que podría mantener su puesto es un cambio radical de estrategia que le llevaría conceder más poder a los barones, una solución que la encerraría más en el círculo vicioso que le ha llevado hasta este punto.

Hay que tener en cuenta también que, al menos nominalmente ha sido Arrimadas quien ha convocado el encuentro para el lunes aunque inicialmente no estaba previsto que se celebrara en esta fecha. Los miembros de la Ejecutiva que han pedido públicamente esta reunión son el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó; y la ya ex consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera. En concreto, Villacís afirmó que en este momento se hacía «más necesaria que nunca la convocatoria de un Comité Ejecutivo». «Cs nunca ha tenido miedo a rendir cuentas, ni al debate, ni a las explicaciones. Así ha sido siempre, y así debe seguir siendo», publicó en una red social. Cantó también pidió que se celebre ese encuentro, que, a su juicio, ya estaba «tardando», según declaró a los medios desde Castellón. Es en ese foro donde quiere expresar su opinión sobre los últimos acontecimientos políticos, pues cree que «lo leal y lo que toca es hablar allí en primer lugar y escuchar». Por su parte Marta Rivera, una de las personas perjudicadas por los efectos de lo ocurrido en Murcia -al ser destituida por Díaz Ayuso junto a los demás consejeros de Cs en Madrid-, había solicitado igualmente la convocatoria «inmediata» de una reunión de la Ejecutiva «para que se dé cuenta de lo sucedido» en la Región. «Todo lo acontecido es de una gravedad extrema y es necesario que se ofrezcan explicaciones», dijo.

Solo un histriónico Edmundo Bal dio la cara ayer por Arrimadas. En su intervención, en la que se dejó llevar por la sobreactuación por momentos el portavoz de Cs en el Congreso acusó al PP de «haber comprado tres bocas con dinero, cargos y poder». «Nadie puede tener la más mínima duda de que se han vendido, el PP ha comprado su silencio» dijo en la misma comparecencia telemática en la que se ofrecían las primeras explicaciones de la dirección nacional a lo sucedido en las últimas horas. En el momento más relevante en cuanto a estrategia interna de Cs, Bal dejó claro que no hay un responsable político en la dirección por no haber anticipado esta maniobra que ha dejado en suspenso la moción de censura. Así respondió al ser preguntado sobre si debería dimitir el vicesecretario general segundo, Carlos Cuadrado, por ser el artífice de esta operación para desbancar al PP en la región. Según recordó, estos tres «tránsfugas» (Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez) firmaron la moción de censura y, por tanto, no era posible prever que se saltaran su compromiso, preguntándose de este modo «con qué bola de cristal» se puede pronosticar que «no iban a ser leales a la palabra dada».

No solo le llegaron los golpes a Arrimadas desde dentro de su partido. El PSOE cree que si el movimiento de los populares ha tenido éxito, tiene también que ver con que Arrimadas no controla su partido. De esta manera los socialistas tratan ahora de desvincularse por completo del fracaso de la operación en Murcia y responsabilizan, por un lado, al PP, por comportarse de manera «mafiosa» y «corrupta» y, por otro, a Arrimadas, por no tener control sobre sus diputados ni autoridad suficiente.