El CGPJ queda maniatado por el Gobierno y pendiente de su renovación

El Pleno que celebrará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el próximo jueves lo hará ya con la aprobación por parte del Senado de la reforma que limitará sus competencias cuando esté en funciones y que le impedirá realizar nombramientos discrecionales desde el mismo momento en que haya vencido su mandato. De hecho, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, la Cámara Alta da luz verde a esa reforma y con ello se podrá publicar ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que podría suceder curiosamente el mismo día que celebre la sesión plenaria el órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

La Comisión de Justicia dará luz verde hoy a continuar por la vía de urgencia la Proposición avalada por PSOE y Unidas Podemos, por lo que la misma se debatirá en la sesión plenaria del miércoles, donde saldrá adelante con los votos de los senadores de los dos partidos socios del Gobierno y sus habituales apoyo (ERC PNV y Bildu, entre otros), y la oposición de PP, Vox y Ciudadanos.

En todo caso, el Consejo había decidido que ya no realizaría ningún nombramiento discrecional más allá de las vacantes existentes, entre ellas las dos plazas de magistrados del Tribunal Supremo que quedaron sin cubrir en el Pleno extraordinario que celebró el pasado mes de febrero. En concreto, las relativas a una plaza para la Sala Civil y otra para la Social del Supremo. En un principio, los mejores situados para las mismas eran Manuel Almenar y Félix Azón, respectivamente, pero ninguno logró concitar el aval de 13 votos. El que más cerca lo tuvo fue Almenar, quien contaba con 12 votos.

En esta ocasión, las circunstancias no han cambiado y, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, se decidió antes de conocerse el calendario del Senado para aprobar la citada reforma, no pedir que se incluya en el orden del día esos nombramientos, algo que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, tampoco va a realizar. «No han cambiado las circunstancias y por tanto no tenía sentido llevar ese tema al Pleno», señalaron al respecto. Y en cuanto a las dos plazas recientemente convocadas para cubrir sendas vacantes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, no hay tampoco ninguna posibilidad porque no han concluido los trámites, toda vez que falta realizar la elaboración de las correspondientes ternas.

De esta forma, el CGPJ no realizará nombramiento discrecional alguno, toda vez que, además, se prevé que la reforma que los prohibirá cuando el Consejo esté en funciones entrará en vigor ante de finalizar este mes de marzo.

Y en medio de todo ello, PSOE y PP siguen sin cerrar un acuerdo que permita renovar el Consejo, camino ya de los dos años y tres meses desde que venció su mandato y que se ha convertido en el de más duración. El «veto» del PP a José Ricardo de Prada –el cual, como ya adelantó este periódico, en estos momentos no podría ser elegido por el turno de jurista toda vez que está en servicio activo– se mantiene y ello hace que la negociación siga estancada. Todos los plazos que se habían establecido han saltado por los aires y ahora mismo es imprevisible determinar cuándo se podrá cerrar el acuerdo. «No hay novedad alguna», señalaron a este periódico desde fuentes próximas al PP respecto a las negociaciones para renovar el Consejo,

Además, otro factor que tampoco contribuye a dinamizar estas conversaciones es el hecho de que los partidos ya han entrado en campaña de cara a las elecciones que se celebrarán en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Los ataques de unos contra otros no contribuyen desde luego al mejor clima para facilitar ese acuerdo que todos los vocales desean que se produzca lo antes posible.

Investigación

Por otro lado, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, se ha abstenido en las diligencias abiertas contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla, José Luis Concepción. El motivo esgrimido por Conde ha sido el de tener amistad con Concepción. Ahora es el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Francisco Segura el encargado de llevar a cabo esas diligencias y proponer el archivo de las mismas o la imposición de algún tipo de sanción. De momento, todavía no ha tomado declaración a Concepción.

El motivo de las diligencias abiertas a Concepción fue su intervención en un programa de una televisión local de Burgos, donde respondió a las declaraciones del todavía vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias respecto a que en España no existía una auténtica «normalidad democrática» : «La democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor (en lo que era una clara referencia a Iglesias), forma parte del Gobierno».