El Gobierno tiene los votos para otro estado de alarma

El presidente del Gobierno tendrá los votos necesarios en el Congreso para mantener en vigor el estado de alarma, aunque con otras condiciones, si decidiera finalmente apostar por esta vía para gestionar el escenario que se abra el 9 de mayo. Las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo marcan un punto de inflexión no sólo en lo que afecta a los equilibrios políticos, con repercusión nacional, sino también en la gestión de la crisis sanitaria. Ésta ha quedado sometida a los intereses políticos, pero todas las partes más concernidas por lo que está en juego a nivel electoral reconocen oficiosamente que las posiciones son revisables una vez que pase el recuento de votos, y que lo importante será lo que se decida después de los comicios, sobre la base de los datos de contagios y la evolución de la campaña de vacunación.

Desde la gestión sanitaria las comunidades autónomas coinciden en señalar cerca del 40 por ciento la cifra general de vacunación que debe tomarse como referente «sensato» en el que cabría plantearse, sin asumir ningún riesgo, levantar por completo el estado de alarma. El punto que más preocupa a las comunidades autónomas es el toque de queda, ya que sin estado de alarma se encontrarían sin uno de los instrumentos que se han demostrado más útiles para contener los contagios. Incluso en Madrid, donde el éxito de la apuesta por limitar las restricciones a la hostelería y en el ámbito público, respetando las medidas de seguridad, no quita para que también valoren la utilidad de un toque de queda que permite actuar, principalmente, para frenar el descontrol del ocio nocturno y los botellones, por ejemplo. La Comunidad de Madrid prepara un informe sobre la incidencia del virus y las muertes que desmiente, con datos, la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se estaban falseando las cifras. Sánchez no basó en ninguna prueba sus acusaciones y después acabó matizándolas. El informe avala que la mortalidad no ha sido superior en Madrid que en el resto del territorio nacional.

En cuanto al estado de alarma, comunidades que no están en campaña, como Andalucía, han verbalizado la necesidad de prorrogarlo al menos un mes más, durante junio. Análisis en el que coinciden otras autonomías, con independencia del color político, y también el País Vasco. El Gobierno vasco ha sido decisivo en anteriores ocasiones en la gestión del estado de alarma, e incluso en forzar su activación cuando Moncloa estaba más reticente. Los apoyos del PNV en el Congreso mandan también en esto, y el País Vasco sigue siendo una de las comunidades con peores cifras. Igual que Navarra, con Gobierno socialista, por cierto.

Ante la constatación de que la opinión pública no quiere oír hablar de más restricciones, el peso de la campaña madrileña influyó en la declaración de Sánchez de animar antes de tiempo la idea de que el 9 de mayo se terminarán las limitaciones. Pero una vez que las urnas evalúen el combate entre Libertad (Ayuso) y la gestión sanitaria del Gobierno de Sánchez, será el momento de que se abra «en serio, y con responsabilidad», esta discusión, según apuntan fuentes autonómicas. «No tiene sentido que nos enredemos ahora en lo que habrá que valorar con los datos en la mano, y teniendo claro que no cabe dejar a las comunidades, en esta recta final, en un marco de inseguridad jurídica. Sánchez sabe que tendrá los apoyos necesarios si tira por este camino porque se considere necesario», sentencian en una sede regional socialista. Sánchez insistió ayer en que no quiere más prorrogas del estado de alarma, mientras que el «lendakari», Íñigo Urkullu, la reclamó. El presidente comparecerá hoy en el Congreso para rendir cuentas del estado de alarma en vigor. Su prórroga no tendría que ser con las actuales condiciones, sino con limitaciones ajustadas a la realidad epidemiológica.

A finales de octubre el Congreso aprobó la prórroga revisable del estado de alarma por seis meses, hasta el 9 de mayo, entre críticas generalizadas al presidente del Gobierno por haber delegado en el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, la defensa del decreto en la Cámara, y por haberse ido apenas una hora después de que comenzara el debate. El estado de alarma salió adelante con el apoyo de la mayoría de la Cámara (194 votos), incluido el de Ciudadanos y los cuatros diputados del PdCAT, y la abstención (103 votos) del PP, JxCat, EH Bildu. Vox y Foro Asturias votaron en contra. La dirección popular tendría que volver a abstenerse ante la presión de algunas de sus comunidades.