Memoria Histórica
El Gobierno defenderá en Meirás “lo que se considera propiedad del Estado”
El juzgado concede a los Franco el mes que habían pedido para retirar sus bienes del Pazo
Tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña de conceder a los Franco un mes de plazo para retirar sus bienes del Pazo de Meirás, el Gobierno ha manifestado que defenderá “lo que se considera propiedad del Estado”.
Después de que la Audiencia Provincial revocase la decisión del mismo juzgado en el que se ordenaba depositar los bienes a favor del Estado, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha insistido en que la Abogacía del Estado está “estudiando” recurrir la decisión del juzgado para reclamar la titularidad de los muebles que considere Patrimonio Nacional fueron asignados al jefe de Estado.
Mientras, el órgano judicial coruñés ha acordado conceder a la familia el plazo de un mes que los Franco habían estimado como “razonable” para la retirada “de las cosas, bienes u objetos” que hay en el interior del inmueble, con la excepción de aquellas que eventualmente se encuentren dentro por haber sido colocadas por el Estado tras haber tomado posesión de la propiedad. Una decisión que ha dejado “conformes” y “satisfechos” a los Martínez-Bordiú Franco, según fuentes cercanas a la familia.
Además, la letrada de la Administración de Justicia, en la diligencia de ordenación -contra la que cabe presentar recurso de reposición-, requiere al Estado para que permita el acceso de los profesionales que designen los Franco para poder efectuar la retirada de los bienes.
Respecto a la petición de la parte demandada de que se declare no existente, a todos los efectos, el inventario sobre los bienes del pazo, así como de que se prohíba su divulgación, el juzgado otorga a las partes un plazo de diez días para indicar si están conformes con esta solicitud o presenten alegaciones.
La resolución atiende a la petición hecha por los Franco en un escrito presentado por sus letrados el lunes después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña revocase el depósito mobiliario a favor del Estado.
Sobre los bienes existentes, los Franco ya han adelantado su voluntad de retirar todos, incluidos los declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Ayer, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, reivindicó tanto las estatuas del Maestro Mateo como la biblioteca de Emilia Pardo Bazán como bienes “de Galicia” y avanzó que la Administración autonómica ejercerá su marco competencial con el objetivo de que queden en esta autonomía.
Con la decisión adoptada por la Audiencia de La Coruña al estimar el recurso de la familia Franco -que deberá ser “indemnizada” por daños y perjuicios-, se dejó sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña en el que se ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del Pazo de Meirás.
Los magistrados dejaron abierta, no obstante, la posibilidad de que el Estado pueda reclamar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere Patrimonio Nacional asignados a Franco como jefe de Estado.
Imputada la jefa de Conservación de Patrimonio Nacional
La titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid, Cristina Díaz, ha imputado a la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por intentar expoliar a la familia Franco bienes del Pazo de Meirás. Benito será investigada por posibles delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal. Según la familia, “extralimitándose en sus funciones y sin que mediara orden o resolución judicial habilitante”, Benito “elaboró el ‘Informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás’. El documento señalaba que “indubitadamente, los bienes muebles relacionados en el mismo e inventariados” en la propiedad “proceden, sin género de dudas, de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad y que, por tanto, serían titularidad de dicho ente público”. “Aquella indubitada afirmación”, añade la querella, “choca frontalmente con la realidad, en tanto en cuanto aquellos muebles no pertenecen a Patrimonio Nacional, no constando en el inventario correspondiente, extremos comprobables en cualquiera de las actuaciones que se solicitaron de la misma. Habiéndose omitido aquella realidad, cuando no se ha efectuado por la querellada, con la diligencia y rigor que corresponde a la peritación, autoproclamada por ella misma, ni a ninguna información ni auxilio, la comprobación sobre el origen de las piezas concretas cuya titularidad pretende atribuir al Patrimonio Nacional, si fueron comprados, donados o regalados, sino que se limita a hacer una genérica afirmación de aquella titularidad sin fundamento que lo sustente”.
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