Sin cabida en la Constitución

Una reforma estatuaria que se someta a un referéndum pactado. Este es el plan que dibuja Moncloa con el fin de dar una solución pactada al conflicto independentista. «Pero, ojo, que no se nos olvide que esto no es lo que quiere Cataluña, es lo que quieren unos pocos, y que los secesionistas lo que buscan es la independencia». Así lo refrenda la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, quien es contundente en afirmar que no es posible celebrar un referéndum pactado. Además, reflexiona, que este nuevo Estatut no sería una «pretensión del pueblo catalán, sino solo de la parte secesionista». De hecho, recuerda que, los independentistas «en las últimas elecciones de febrero con sus votos no llega a representar el tercio del censo catalán. Cabe preguntarse, entonces, cómo quieren organizar toda esta dominación. Como quieren llegar a la independencia si tiene tan poco apoyo».

¿Qué significa un referéndum pactado? Para la experta, «no significa nada» porque «no tenemos posibilidades de hacer un referéndum pactado en España». La única vía, explica, sería una reforma de la Constitución. «Es totalmente inviable de otro modo. La Constitución solo permite referéndums consultivos, no pactados». Cree que «ellos se respaldan en Escocia», pero, recordemos que allí hubo un pacto entre instituciones británicas y escocesas. «Es un sistema legal allí, pero no cabe en nuestra legalidad».

¿Qué reforma debería acometer el Gobierno para ello?

Debe hacerse una reforma agravada de la Constitución para lo que es necesario reformar el artículo preliminar de la Carta Magna, expresamente su artículo dos que proclama «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Además, habría que reformar el título octavo, que regula la organización territorial del Estado.

¿De qué competencias podrían hablar?

Las competencias que entrarían en juego serían blindar la lengua, idear un Poder judicial propia o tener capacidad fija para regular tributos, así como actualizar el sistema de financiación. Para Freixes «no es cuestión de competencias. Lo que se pretende es consolidar su dominación sobre el conjunto de la población de Cataluña. Ahí los catalanes no van a entrar en el juego. Lo que se necesita es que las competencias funcionen bien y que el Estado ejerza las suyas que no lo hace». «Quieren romper la administración tributaria porque quieren consolidar por la vía del hecho lo que no pueden hacer por la vía del derecho», afirma para resaltar que «no es posible una agencia tributaria desligada del estado, pues hay que atenerse a lo que dice la Constitución».

¿En este futuro referéndum podría irse más allá de las competencias que el Tribunal Constitucional prohibió en 2006?

La Constitución tumbó diez puntos, como por ejemplo el uso del catalán como lengua propia o el artículo 97 entero, en el que quedaba definido el Consejo de Justicia de Cataluña o el de la regulación de los tributos propios de los gobiernos locales. «Hasta diez puntos ya han sido una vez declarado anticonstitucional y lo sería ahora de igual modo. ¿Quieren hacer lo mismo?», se pregunta para dejar claro su opinión sobre este asunto. «Las competencias las declara la Constitución, no los independentistas», zanja la experta.