El Gobierno no reformará el delito de sedición antes del verano

Moncloa lleva meses marcando el desbloqueo político en Cataluña como el punto de inflexión para desplegar la «agenda del reencuentro». Dicho y hecho. Una vez superada la etapa de interinidad, tras las elecciones del 14-F y con Pere Aragonès investido presidente, el Gobierno central ha puesto la maquinaria a funcionar. De momento, todo se desarrolla en el ámbito de lo simbólico y lo retórico, con un discurso pedagógico hacia la concesión de los indultos y con continuos gestos de distensión desde ambas partes. Varios hitos jalonan la citada agenda catalana, que comenzará a desplegarse oficialmente con la reunión protocolaria que mantendrán Pedro Sánchez y el nuevo presidente de la Generalitat este mismo mes de junio en Moncloa. Se trata de una foto oficial después de que ambos se hayan cruzado mensajes en privado y coincidieran este mismo lunes en un acto organizado por Foment del Treball.

En el calendario que maneja Moncloa, la siguiente meta volante será la concesión de los indultos. En el Ejecutivo no quieren meter presión al departamento de Juan Carlos Campo y aseguran que debe primar «la calidad a la velocidad» porque los expedientes que lleguen al Consejo de Ministros deben estar «muy bien fundamentados» a la espera de que se presenten los consiguientes recursos en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que formaciones como Vox ya han anticipado que promoverán. Fuentes gubernamentales aseguran que la argumentación debe ser «exquisita» en una decisión tan delicada como la que tienen entre manos y en la que se están jugando tanto. Sin embargo, también hay quienes aseguran dentro del Gabinete que la medida de gracia se activará, de manera tentativa, entre finales de junio y primeros de julio.

La que no será tan inmediata será la reforma del delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes del «procés». Esta modificación del Código Penal lleva pendiente varios meses, a pesar de que el borrador de la misma está prácticamente «culminado». En un principio, en Moncloa se pusieron como límite temporal para aprobarla antes de finales de 2020, pero aún hoy sigue pendiente. A pesar de que desde el Ejecutivo aseguraban hace semanas que esta reforma transcurriría en paralelo a la concesión de los indultos, lo cierto es que fuentes gubernamentales consultadas por este diario asumen ya que no estará lista antes del verano. Y se escudan no tanto en el trabajo interno del Ministerio de Justicia, que está «muy avanzado», sino en la necesidad de cultivar los apoyos suficientes para sacarla adelante. Este trabajo en el ámbito parlamentario está todavía en una fase «inicial». En el Gobierno recuerdan que al tratarse de una ley orgánica se necesita una mayoría absoluta de apoyos, para lo que tendrían que alcanzar los 176 diputados.

En el Ejecutivo dan por seguro que tendrán enfrente a todos los partidos de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) y la incógnita para que salga adelante son las formaciones independentistas catalanas, pues creen que apoyarlo sería tanto como «admitir que han cometido un delito». En las últimas semanas, sin embargo, desde ERC se han abierto a apoyar la reforma, asegurando que sería una «buena noticia» para la «democratización del estado», porque se eliminaría un delito «anacrónico» y «decimonónico» que «no tiene parangón en Europa». No obstante, los republicanos no creen que esto sea la «solución final de nada», porque esta pasa por resolver la situación de sus «compañeros injusta y salvajemente encarcelados».

Con el eventual apoyo de los republicanos, quedaría por dilucidar la otra órbita del independentismo, donde los cuatro diputados del PDeCAT también serían favorables a avalarlo. Si ambos partidos se suman, al Gobierno le darían los números para sacar la reforma adelante. Una reforma que será parcial, dejando de lado otras cuestiones que también se quieren retocar en el Código Penal y que se irán acometiendo por separado, como es la cuestión del consentimiento («solo sí es sí») o de los delitos de opinión, que el Ejecutivo se comprometió a despenalizar a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Penas de entre 10 a 15 años, a no más de cinco

El Gobierno defiende la reforma del delito de sedición para «armonizar» el Código Penal español con el de otros países europeos. Esto supone, de facto, rebajar las penas actuales, que van desde los 10 a 15 años en el caso de que los cometan autoridades, mientras que para el resto, los que hayan «inducido, sostenido dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años». El problema radica en que este delito no existe en los códigos europeos, pero se puede comparar con la resistencia grave, que prevé uso de violencia, castigada en otros países de nuestro entorno con no más de cinco años de cárcel. La redacción final solo la conoce el ministro de Justicia.