La Fiscalía contesta a Podemos sobre los abusos a menores en Canarias: “Están en una huida hacia adelante”

Beatriz Sánchez, fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, ha respondido a las declaraciones de Noemi Santana, de Podemos, consejera de asuntos Sociales del Gobierno Canario (ya publicadas en LA RAZÓN) que culpó al Ministerio Público de la situación que se vive en el complejo Porto Bello de Mogán, donde se han denunciado posibles abusos sexuales cometidos por mayores sobre menores inmigrantes y casos de prostitución.

«Creo que a Santana le falta conocer muchos detalles y ha emprendido una huida hacia delante que no entiendo desde el momento en que la colaboración entre nosotros y la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia ha sido la adecuada», manifestó, según informa “Canarias 7”.

Sánchez se quejó de que Santana acusó a la Fiscalía «de forma directa» de la situación en la que viven los menores no acompañados en los centros turísticos: «Necesitan protección y le corresponde al Gobierno canario dársela puesto que nuestra tarea es la de supervisar en materia de protección. Además, la Consejería debe tener el personal adecuado y los medios materiales para atender a esas personas», dijo.

También se refirió a las pruebas de determinación de la edad de los MENAS: «De esa cuestión no se encarga la Fiscalía de Menores como dijo la consejera, sino Extranjería y una vez determinada la edad y bajo la tutela de la Administración, Menores, ejercita la supervisión. Pero que quede claro que nosotros no hacemos las pruebas, solo las ordenamos. En su momento, la Dirección General nos pidió un informe para ver si se podía externalizar este servicio para acelerarlo, no pusimos inconvenientes, y no lo han utilizado», aclaró.

Sobre la denuncia anónima que ha dado lugar a todo este asunto, informa de que, en «la tarde del 14 de junio, tengo conocimiento por un periódico que existía y la enviaron al Ayuntamiento de Mogán». Esa misma tarde requirió «a la Consejería información sobre los motivos por los que aún no se había procedido al cierre del Puerto Bello y, en respuesta a este requerimiento, vía email nos remitieron la denuncia anónima que llegó a la Consejería el 31 de mayo».

Al día siguiente, la Fiscalía citó al director del centro para que declarara y «pasó algo curioso y es que había dimitido el día anterior, por lo que el nuevo nos dijo que se enteró por la prensa. Mencionó que hubo en esos 14 días dos inspecciones, el 10 y el 13 después de la denuncia del 31 de mayo. Del resultado de esas inspecciones no se nos ha dado traslado, las que Santana nombra y dice que no constataron los presuntos abusos, pero el director dijo que no se les preguntó por estos hechos en la inspección». Un verdaderoembrollo.

«Habla (la consejera) de entre 500 y 600 mayores alojados en centros de menores sin que la Fiscalía haga nada para evitarlo y de nuevo la confusión competencial que sustenta tal afirmación abona el pretendido descrédito de la Fiscalía», denuncia. Cuando se dice que «la cifra de mayores en centros de menores oscila entre los 500 y 600 debió decirse que el número de personas sobre las que existe duda sobre su concreta edad alcanza esas cifras». Para despejar esa duda «se realizan las pruebas oportunas, que como todo el mundo sabe no las hace la Fiscalía». «Quizás sea necesario hacerlo una vez más, y demandar nuevamente de la Consejería que en el ejercicio de sus competencias destine concretos centros o recursos alojativos a menores y otros diferentes y separados a personas sobre las que exista dudas sobre su edad», finalizó la fiscal jefe.