Atención a las llamadas “premium”: la Policía desmantela un grupo que se hacía pasar por intermediarioS en el cobro de deudas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un call center que estafaba mediante números de tarificación adicional a víctimas de toda España; simulaban ser intermediarios de ficheros de morosidad. Con el fin de eliminar las deudas, invitaban a los usuarios a realizar llamadas a números premium de manera injustificada.

La investigación se inició a finales de 2019 a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros (ASNEF), en la que se manifestaba que a través de determinadas páginas web se publicitaban y ofrecían servicios de gestión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) en los diferentes ficheros de solvencia patrimonial y de crédito que existen. Esos servicios eran ofrecidos de forma supuestamente gratuita a través de esa web, pero en realidad, en la misma se invitaba a los usuarios a iniciar un proceso que implicaba realizar varias llamadas a números de tarificación adicional de manera injustificada y fraudulenta.

Las compañías que gestionan los ficheros de solvencia patrimonial y crédito disponen de un servicio gratuito para que los usuarios puedan conocer qué datos obran en ASNEF y solicitar la rectificación o cancelación de los mismos. Sin embargo, el procedimiento utilizado por los arrestados consistía en usar números de tarificación adicional para que los usuarios contacten con su empresa (lucrándose económicamente por ello).

La empresa que se encontraba detrás de la página web investigada utilizaba además las marcas registradas propiedad del denunciante (sin estar autorizado a hacerlo). Se hacía creer a los usuarios que realmente se encuentraban ante los verdaderos propietarios de los ficheros de solvencia patrimonial o un interlocutor habilitado para realizar las gestiones que necesitan.

Para maximizar los beneficios económicos obtenidos por la empresa y el perjuicio de las víctimas, los operadores que recibían las llamadas en nombre de la mercantil investigada mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible, hasta 30 minutos (que es el tiempo máximo permitido por ley para las llamadas a los números de tarificación adicional), mediante múltiples silencios y la supuesta realización de gestiones que no tenían otro objetivo que alargar las llamadas de forma innecesaria para aumentar los ingresos.

Incluso, en el caso de ponerse en contacto con la página web denunciada para solicitar información sobre los ficheros de morosidad sin estar incluido en ninguno de ellos, los investigados siempre respondían, por defecto, que el usuario podría estar incluido por lo menos en dos de ellos; les indicaban que se debían llamar al número de tarificación adicional para continuar el proceso; les informaban que era gratuito y subvencionado y que la duración media de la llamada era de cinco minutos. Sin embargo, nunca era posible terminar el proceso de consulta en una sola llamada, aunque el usuario no estuviese incluido en los ficheros de morosidad.

Para darse a conocer y aumentar el número de posibles víctimas, la compañía realizaba una campaña para posicionar su páginas web en los primeros lugares de los buscadores, de tal manera que cuando un usuario realizara una búsqueda en Internet para buscar información relativa a los ficheros de morosidad, en lugar de que los primeros resultados fuesen los de las páginas legítimas fueran los de la compañía denunciada.

En el transcurso de la investigación, se detectó que los investigados crearon una nueva empresa en la que, además, pusieron a una tercera persona como administradora. Cambiaron la página web utilizada para captar a las víctimas. Todos estos mecanismos son habituales cuando se investigan estas modalidades delictivas.

Sin embargo, las gestiones de investigación realizadas y el seguimiento de los pagos para ver quiénes eran los auténticos beneficiarios de los ingresos que se obtenían a través de los números de tarificación adicional permitieron averiguar que los responsables de los delitos investigados eran dos hermanos. A través del análisis de la información bancaria que se realizó, se obtuvo una estimación del beneficio ilícito que habían obtenido, que superaban los 700.000 euros.

En el transcurso de la entrada y registro realizada en la sede social de las empresas investigadas, donde se encontraba montado un pequeño call center, se intervinieron numerosos dispositivos electrónicos con documentación relativa a la facturación y a los clientes de la empresa y documentación física, entre la que estaban los guiones que utilizaban los teleoperadores para mantener a las víctimas el mayor tiempo posible al teléfono. Asimismo, se obtuvieron evidencias de que se atendían a las víctimas desde Colombia y que desde España únicamente se conectaban las llamadas.

Durante la materialización de los registros, los dos principales investigados se encontraban en su país de origen, Colombia, por lo que ambos fueron detenidos cuando regresaron a España.