Los mossos que acompañaban a Puigdemont al ser detenido esgrimirán que lo llevaban ante la Fiscalía belga

Tres años y tres meses después de la detención de Carles Puigdemont fuese detenido en Alemania en marzo de 2018, el ex presidente de la Generalitat sigue huido de la Justicia española, pero quienes sí se sentarán en el banquillo son los dos mossos que le acompañaban en su viaje de regreso de Helsinki a Bruselas cuando fue arrestado.

Los dos agentes serán juzgados desde hoy en la Audiencia Nacional por un delito de encubrimiento por el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación. Según fuentes jurídicas, los dos mossos defenderán previsiblemente en la vista oral que cuando acompañaron de regreso a Waterloo al líder independentista -que había impartido una conferencia en la universidad de Helsinki- su propósito era ponerle a disposición de la Fiscalía belga una vez se había reactivado 48 horas antes la orden europea de detención y entrega contra él cursada por el juez Pablo Llarena, instructor de la causa del “procés”.

De hecho, apuntan esas mismas fuentes, los dos agentes han aportado a la Audiencia Nacional un documento de la Fiscalía belga con el que intentan acreditar que la defensa de Puigdemont avisó nada más reactivarse la euroorden (a través de dos correos electrónicos y una llamada telefónica) de que el líder independentista regresaba a Bruselas para ponerse a su disposición.

Un empresario y un historiador, exculpados

Asimismo, la defensa de los dos mossos también tiene pensado poner sobre la mesa que las autoridades judiciales de Dinamarca, Alemania y Bélgica (países en los que sí existe el delito de encubrimiento) no ven indicios delictivos contra los acompañantes de Puigdemont (entre otros documentos, aludirán al desinterés en perseguir los hechos de la Fiscalía del estado alemán de Schleswig Holstein, donde se produjo la detención).

El entonces juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea llegó a acordar el archivo de la investigación esgrimiendo que tanto los dos mossos como las otras dos personas que viajaban con Puigdemont -el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay, contra los que ya no se dirige el procedimiento- no eran conscientes de que había una orden de detención vigente contra el ex president. Sin embargo, la Sala de lo Penal obligó a reabrir la causa, que finalmente ha terminado con los dos agentes autonómicos en el banquillo después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional archivase la causa respecto a Matamala y Alay al no haberse acreditado que ayudasen al líder independentista a eludir la acción de la Justicia y al no tener ninguno de los dos la condición de funcionarios.

Según expuso entonces García Castellón no había indicios de que el empresario y el historiador “facilitasen el vehículo, que lo condujesen en algún momento o que hubiesen proporcionado cualquier otra ayuda” con la intención de proteger a Puigdemont frente a una posible detención.

La Fiscalía: el objetivo era evitar su identificación

Según el relato de los hechos de la Fiscalía, los dos agentes -Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea- aprovecharon unos días libres para desplazarse a Waterloo, residencia del ex president desde su huida de la Justicia española en octubre de 2017, donde el 23 de marzo de 2018 una persona no identificada les pidió que fuesen a recoger a Puigdemont. Tras desplazarse por carretera hasta Estocolmo se encontraron con el líder separatista, que regresaba desde Helsinki tras su conferencia para tratar de internacionalizar el “procés”. Ya en dirección a Bruselas, la Policía alemana les interceptó el 25 de marzo en un aparcamiento de Jagel, cerca de Hamburgo, a escasos kilómetros de la frontera con Dinamarca, que acababan de cruzar.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, mantiene que los dos mossos ayudaron a Puigdemont “conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos de rebelión y otros”, y conociendo que el juez Llarena había emitido una orden europea de detención contra él”, por lo que su objetivo era ayudarle a regresar a Bélgica “y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención”.

Y es que al tener conocimiento de que se encontraba en Helsinki, el juez Llarena había reactivado la OEDE contra el ex president el mismo día en que abandonó la capital finlandesa de vuelta a Bélgica.