La Fiscalía pide tres años de cárcel para los mossos que acompañaban a Puigdemont al ser detenido

La Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel, y otros tantos de inhabilitación, por un delito de encubrimiento para los dos mossos que, en marzo de 2018, acompañaban a Carles Puigdemont, fugado de la Justicia, cuando fue detenido en Alemania en aplicación de la orden de busca y captura internacional dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del “procés”.

Junto a ellos también viajaban el empresario Josep María Matamala y el historiador Lluís Alay, pero el instructor de la causa, el juez Manual García Castellón, archivó la investigación respecto a ambos el pasado febrero al no tratarse de funcionarios públicos y no haberse acreditado que prestasen ayuda al líder independentista para eludir la acción de la Justicia.

En su calificación provisional, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, mantiene que los dos agentes, Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea, aprovechando unos días libres de trabajo se desplazaron a Waterloo (localidad de las afueras de Bruselas donde reside el ex president), donde el 23 de marzo de 2018 una persona no identificada les pidió que fuesen a recoger a Puigdemont, por lo que se trasladaron en coche hasta Estocolmo, donde se encontraba el líder separatista tras haber dado una conferencia en la universidad de Helsinki en su afán para internacionalizar el “procés”.

Cuando se dirigían de nuevo a Bruselas, ya con Puigdemont con ellos, la Policía alemana les interceptó el 25 de marzo en un aparcamiento de Jagel, cerca de Hamburgo, en la frontera con Dinamarca.

Los dos mossos, dice el fiscal, ayudaron a Puigdemont “conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos de rebelión y otros”, y conociendo que el juez Llarena había emitido una orden europea de detención contra él. Su intención, por tanto, era ayudarle a regresar a Bélgica “y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención”.

El relato de la Fiscalía incide en que la detención se produjo gracias a la colaboración entre la Policía española y la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del “procés”, reactivara la OEDE contra el ex president cuando se encontraba en Helsinki el mismo día en que abandonó la capital finlandesa rumbo a Bélgica.

En el auto en el que acordaba el pase a procedimiento abreviado de la causa, García Castellón consideraba los dos mossos “puestos de común acuerdo, pese a su condición de funcionarios de la Policía y con pleno conocimiento de que el sr. Puigdemont tenía una orden de búsqueda y detención europea librada por el Tribunal Supremo, le ayudaron a intentar sustraerse a ala acción de la justicia cuando este último se desplazaba desde Helsinki (Finlandia) hasta su domicilio de Bélgica”.

Su comportamiento, recalcaba el juez, buscaba “evitar la captura del huido”. Pero respecto a Matamala y Alay, el instructor concluyó que no consta “que facilitasen el vehículo, que lo condujesen en algún momento o que hubiesen proporcionado cualquier otra ayuda” con la intención de ayudar a Puigdemont a eludir su detención.