Edmundo Bal: «A este Gobierno el control parlamentario le produce cierta alergia»

Ciudadanos apoyó en el Congreso el estado de alarma porque «era la única vía para atajar la pandemia», pero su portavoz adjunto en el Congreso cree que el Gobierno se equivocó «de herramienta jurídica» y debería «asumir la sentencia» del TC y buscar el consenso necesario para reformar la legislación. Edmundo Bal (Huelva, 1967) también cuestiona la prórroga de seis meses del segundo estado de alarma, que atribuye al hecho de que al Gobierno le produzca «alergia» el control parlamentario.

–El TC ha declarado inconstitucional el primer decreto de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué se hizo mal?

–Pues no caer en la cuenta de que el instrumento jurídico que estaban utilizando no era el correcto. Pero a mí lo mas grave no me parece el error inicial sino la falta de rectificación de ese error cuando en la comunidad jurídica surge muy pronto la discusión sobre si era suficiente el estado de alarma o era necesario el de excepción. Yo le dije a Carmen Calvo muchas veces que había que reformar la LO 4/1981 (que regula los estados de alarma, excepción y sitio). Pero no les convenía porque impone necesariamente mayor control parlamentario al Gobierno, y eso a Pedro Sánchez no le gusta porque es un gobierno débil, y porque esta reforma llevaría consigo el reforzamiento de los poderes del Estado y eso no le iba a hacer mucha gracia a sus socios independentistas y nacionalistas.

–Pero el primer estado de alarma contó con el aval mayoritario del Congreso.

–Nosotros siempre votamos a favor del confinamiento y otros grupos no. Fuimos absolutamente coherentes: entendimos que hasta que no hubiera vacuna o bajara la presión hospitalaria no había otra forma de combatir la pandemia. El Gobierno se equivocó de herramienta jurídica y ahora lo que debería hacer es asumir la sentencia y ponerse manos a la obra para reformar la ley 4/1981 y la legislación ordinaria contando con la oposición.

–El Gobierno se defiende argumentando que el confinamiento salvó vidas. Pero el TC no discute el confinamiento, sino el instrumento legal elegido.

–Claro. Tuits como el de Echenique diciendo que si la sentencia se hubiera emitido antes hubiera habido más muertos es una falacia, un auténtico disparate, además de atentar contra la dignidad y la independencia de los magistrados del TC. Si la sentencia se hubiera emitido antes, el Gobierno habría tenido que acudir al Congreso para que se declarara el estado de excepción. Nada más. El confinamiento hubiera seguido adelante y con los mismos efectos.

–¿No había otro paraguas legal para restringir derechos que la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio?

–Clarísimamente, no. La Constitución es clarísima a la hora de regular la suspensión, limitación o restricción de derechos fundamentales. Hoy desde luego queda claro que si para el confinamiento hacía falta el estado de excepción, para la restricción de otros derechos fundamentales menos aún basta la ley ordinaria.

–¿Es ahora más necesaria una ley de pandemias?

–Esto es una etiqueta política que se ha encargado de vender sobre todo el PP. Es una cuestión de marketing político. A mí lo que me interesa como jurista es que esa ley sea una ley orgánica y que parta de los supuestos que establece nuestra Constitución como habilitantes para la restricción o suspensión de derechos fundamentales. El nombre da lo mismo. Ni el estado de alarma ni el de excepción están bien diseñados para atacar una situación de pandemia. El primero porque no incluye el confinamiento, como dice el TC, y el de excepción, porque está previsto para alteraciones graves del orden público. Es evidente que la ley es imperfecta, pues no previó una epidemia como la que estamos sufriendo, por eso es necesario reformarla.

–¿La legislación sanitaria basta para aplicar estas medidas restrictivas de derechos fundamentales?

–Con esa normativa no se puede decretar el confinamiento general de toda la población, sino un confinamiento perimetral con una convalidación judicial posterior. Yo también le propuse a Carmen Calvo que modificáramos ese sistema para que no se produjera el carajal que se esta viviendo ahora en España, en el que el TSJ de Valencia dice que cabe un toque de queda y el de Canarias, no.

–No parece que el segundo estado de alarma vaya a correr mejor suerte en el TC...

–Parece lógico si, además, añadimos que el Gobierno impuso un plazo disparatado de seis meses. Nosotros estuvimos negociando hasta el último momento para rebajar ese plazo y defendimos que dado que la ley no contiene un plazo máximo de duración, se fijara el mismo que el del estado de excepción. No hubo manera, porque cada 30 días el presidente del Gobierno tenía que ir al Parlamento a dar explicaciones. Y a este Gobierno el control parlamentario le produce cierta alergia.

–¿Cree que la prórroga de seis meses sin control parlamentario es inconstitucional?

–A nosotros nos pareció una barbaridad y nos situó un poco entre la espada y la pared. Estábamos en plena tercera ola y había que tomar decisiones en materia de limitación de derechos fundamentales. De acuerdo con la jurisprudencia del TC que deriva de esta primera sentencia, parece absolutamente evidente que esa impugnación será también estimada.

–¿Qué le parece que se dejara en manos de las autonomías la restricción de derechos?

–Las autonomías no deberían tener esa potestad para limitar o suspender derechos fundamentales ni siquiera por delegación y en todo caso, si así se hiciera, debería ser siempre bajo la supervisión y ratificación del Estado. Pero como Sánchez, tras las lecciones aprendidas en la primera ola, decidió como estrategia política que todas las medallitas se las iba a poner él y todas las decisiones desagradables les tocarían a las comunidades autónomas, creó esa arquitectura que llamó cogobernanza que a mí me pareció desde un principio disparatada.

–No parece que sea muy partidario de esa cogobernanza...

–¿Qué diferencia había entre la primera y la tercera ola para que en la primera hubiera un mando único y en la tercera hubiera un sistema de cogobernanza en el que las comunidades pudieran hacer lo que quisieran? No tenía ningún sentido. ¿Qué sentido tenía que una pandemia de ámbito mundial en España se atacara por 17 comunidades tomando cada una la decisión que le diera la gana? Lo lógico hubiera sido que cada una propusiera las decisiones al Estado pero que fuera un mando único el que gestionara todos los medios con la finalidad de atajar la pandemia y salvar vidas.