Crisis entre los separatistas por las cesiones de Sánchez

Todo estaba preparado en el Palau de la Generalitat. El lunes se reunía en Madrid la Comisión Bilateral y el Gobierno catalán enviaba a tres pesos pesados. El vicepresidente, Jordi Puigneró; la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, y el consejero de Economía, Jaume Giró. El presidente, Pere Aragonès, esperaría al martes para considerar insuficientes los acuerdos de la Bilateral porque solo se abrirán puertas al traspaso de becas –que el Constitucional avala desde 2001 con una sentencia que daba la razón a la Generalitat–, y de la formacióm sanitaria y la gestión de Rodalias (Cercanías) de Renfe. Insuficiente era el mensaje en la línea del independentismo catalán, que sigue alimentando la entelequia de «amnistía y autodeterminación» en puertas de su más compleja celebración de la Diada del 11 de septiembre.

Pero Aragonès se guardaba una carta en la manga: anunciar el acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat. Lo haría el president para demostrar su autoridad en el Govern. Jordi Puigneró, vicepresidente de su Gobierno, le había llevado la contraria. Estaba a favor de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Sánchez sobre este tema en contra de la opinión de Aragonès y ERC, que había votado en contra en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Parlament y en el Área Meteopolitana.

Aragonès se entera de los planes de su vicepresidente por una llamada del presidente de AENA, Maurici Lucena, que no quería ver defenestrado el acuerdo por las diferencias internas en el Govern. Asi, Aragonès, con toda la información, da el visto bueno al pacto pero exige informar en primera persona del acuerdo.

No fue así. Antes incluso de que se reuniera la Comisión Bilateral el acuerdo se había hecho público. Desde la Vicepresidencia se niega que ellos lo filtraran, pero se filtró, y Puigneró levantó la bandera del pragmatismo. El malestar en ERC fue evidente: «Lo de Puigneró no ha gustado nada porque pueden existir diferencias, pero lo peor es que ha ido por la espalda», sentencian desde las filas republicanas.

La sangre no ha llegado al río, pero la ampliación del aeropuerto ha hecho saltar de nuevo la desconfianza. Aragonés tiene ahora que lidiar en varios frentes. Con Junts, que pretende arrebatarle la bandera del pragmatismo; con los Comunes y la CUP, radicalmente contrarios a la ampliación; con la guerra interna en Junts y también con sus propias bases.

Nadie hubiera entendido que el Govern hubiera desperdiciado la oportunidad de una inversión de 1.700 millones de euros que AENA aprobará en su Consejo el próximo mes de septiembre. La sociedad civil y empresarial se habia movilizado incluso en el mundo independentista incluyendo la Cámara de Comercio de Barcelona. Por eso, Aragonès mueve pieza y se posiciona a favor del acuerdo para no quedar como el culpable ante esta sociedad civil y para evitar que Junts se apuntara un tanto. Porque, además, si El Prat no se amplía su expansión será nula si se quiere configurar un hub internacional. La ampliación de la pista es necesaria porque la actual es demasiado corta para cobijar aviones capaces de vuelos intercontinentales.

La excusa para cerrar el acuerdo y salvar la oposición en ERC –las federaciones de Barcelona, L’Hospitalet y Baix Llobregat junto a las juventudes del partido se han manifestado en contra– es remitir el acuerdo final al sí de la Unión Europea. Omitiendo que para el pacto final era preceptivo el acuerdo del Govern.

Ahora Europa tiene la palabra para conjugar el progreso y el medioambiente. AENA presentará un plan de reordenación territorial que lleva meses negociando con los ayuntamientos y el Institut Agrícola, que junto a las cooperativas de agricultores del Baix Llobregat trata de salvar la industria agroalimentaria de proximidad en peligro por las demandas del ecologismo «urbanita», como así lo califican, alejado de los intereses de los payeses de la zona. El talón de Aquiles de la cuestión es la Laguna de La Ricarda, de propiedad privada, en manos de la alta burguesía barcelonesa, y artificial, que bien puede cambiar su ubicación.

Ada Colau se ha quedado sola en contra de la ampliación junto a los ecologistas y tratará de mantener su posición con el apoyo de Podemos en el Gobierno de Sánchez. Su denuncia de que el aeropuerto contamina se cae por su propio peso. Por un lado, porque El Prat representa solo un 20% de las emisiones de CO2 y las nuevas tecnologías de la aviación comercial indican una reducción expansiva de las emisiones.

La soledad de Aragonès ante sus socios y ante las críticas internas se ven compensadas por el apoyo del PSC, que le garantiza el apoyo necesario. Sin embargo, el independentismo sigue preso de su «síndrome de zarina ofendida», por lo que nada es suficiente porque siempre hay que mantener un encendido lenguaje independentista, más ante el 11-S. «Todavía no se han enterado de que si no trabajan para fortalecer la autonomía y garantizar la continuidad de Sánchez, con la derecha en el poder no negociarán ni traspasos, ni inversiones ni competencias y la llegada del 155 sera una evidencia y esta vez no durará tres meses», avisa un dirigente del PSC.

No es baladí que la Mesa de Negociación se configure después de la Diada. En ella estará el propio Aragonès, que ahora trabaja en quién la acompañara. Pedro Sánchez también la está preparando. A su lado, la ministra de Administración Territorial, Isabel Rodríguez, y también Miquel Iceta, degradado ministro de Cultura, pero todavía primer secretario del PSC, un partido descontento con la remodelación ministerial.