ERC se sumará al pacto para los Presupuestos y dará la legislatura a Sánchez

La política tiene tal punto de sobreactuación que hasta un ministro te acaba reconociendo que, en el fondo, todo lo que vemos «es mentira». En la puesta en escena de los tira y afloja del teatro de la política, el tema central de la función de las próximas semanas será el pulso entre los socios de investidura y el Gobierno por los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pero, en este capítulo, Pedro Sánchez tiene la legislatura «hecha», aunque hasta el último momento las partes implicadas tensen la cuerda y agranden la expectación sobre la factura que se cobrarán. Que, lo harán.

Los nuevos Presupuestos son un guiño de estabilidad a Bruselas, bienvenido, pero no suficiente, ya que por lo que en verdad medirán en la UE a España es por la capacidad de ejecutar el plan de reformas comprometido para recibir los fondos de recuperación.

Podemos y ERC administran sus propias rivalidades y tensiones, y, después del acuerdo entre los socios de coalición sobre los PGE de 2022 y la ley de vivienda, ayer les tocó a los republicanos salir a advertir que «nadie cuente con el voto de ERC». Un indignado Rufián compareció en el Congreso para cargar contra los morados por dejarles al margen del acuerdo sobre los alquileres. Les acusó de sobreactuar y de ignorar la presión que hizo su grupo para poner tope a los precios.

El pacto sobre Vivienda no les puede sonar mal a los de ERC, pero necesitan un titular propio para justificar en Cataluña, bajo la presión de Junts, su apoyo a las cuentas y a la estabilidad de la legislatura.

Y ese titular lo tendrán, con «cositas económicas y sociales», como anticipan fuentes socialistas. Los mismos interlocutores «venden» también que, «por mucho» que esas «cositas» las exagere el PP, «tendrán el recorrido justo», y, no afectarán a la cuestión soberanista, que se queda para la mesa de diálogo. Inversiones, infraestructuras, la agenda social, Memoria Histórica..., pero en la lista para sostener el acuerdo con ERC la parte socialista tendrá que ser capaz de hacer olvidar la lista de promesas incumplidas que los independentistas republicanos tienen guardada.

La negociación de los Presupuestos de 2022 es más política que económica y deja fuera las principales condiciones que impone Bruselas y para las que el Gobierno intentará ganar el mayor tiempo posible porque las posibilidades de que sus socios hagan de costaleros de estas exigencias son prácticamente cero.

Así, fuera de los Presupuestos se queda la reforma fiscal, una de las medidas comprometidas con Bruselas en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia del que dependen los fondos europeos. La reforma fiscal queda para 2023, con la excusa de que todavía no han recibido las conclusiones de los expertos, cuyos trabajos se espera que estén terminados en febrero.

Moncloa sigue dando patadas hacia adelante a los temas más complicados, pero, a la vez, viste con la aprobación de los Presupuestos en un Consejo de Ministros extraordinario un acuerdo que espera que le facilite seguir canalizando los fondos europeos.

Bruselas no entra en el color del Gobierno, ni de las coaliciones, dicen, oficialmente. En las conversaciones permanentemente abiertas con el Gobierno español reclaman, eso sí, estabilidad y garantías de que se ejecutarán los compromisos. Hasta tal punto conceden relevancia a estas condiciones, los fondos no son gratis, que, pese al ruido doméstico sobre la polémica judicial, las autoridades comunitarias descartan mezclar una cosa y la otra. Exigen que España revise su modelo de elección del Poder Judicial, pero la campaña sobre si el incumplimiento de esta exigencia traerá consecuencias en la entrega de los fondos, como pesa sobre Hungría y a Polonia, no se sostiene. España no es «una excepcionalidad», afirman, y el plan de recuperación camina por un lado, y los problemas institucionales, por otro.

No sólo ERC, los demás socios de gobierno también recibieron ayer con escepticismo el acuerdo presupuestario de la coalición, en un primer aviso para poner en subasta el valor de sus escaños.

Desde la oposición, el PP criticó duramente el acuerdo entre Gobierno y Unidas Podemos. «Nos va a salir muy caro», sentenció la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. «Nos va a salir muy caros a los españoles. A nuestros bolsillos y a nuestras propiedades. Además de subidas de impuestos, el Gobierno contempla la intervención en los precios del alquiler, en nuestro patrimonio, lo que es un ataque a la libertad, la igualdad y la propiedad privada».

Los PGE de 2022 son un seguro para el Gobierno de Sánchez, que le facilita la discusión con Bruselas, pero también para los socios de investidura. Hay un compromiso tácito de agotar la Legislatura que beneficia a todas las partes, salvo que el jefe del Ejecutivo active el botón de la disolución de las Cortes Generales. Los Presupuestos del último Gobierno de Rajoy fueron prorrogados hasta cuatro veces. El Gobierno de coalición ha cerrado dos acuerdos sobre las cuentas del Estado. Y la pregunta que hoy se hacen en el PSOE es si esta vez sí podrán limitar la capacidad de Podemos para rentabilizarlos.