El TC avala una crítica al PP en el preámbulo de la ley que despenalizó las coacciones de los piquetes

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra las críticas políticas a los populares que incluyeron el PSOE y sus socios parlamentarios en el preámbulo de la ley que derogó el pasado abril las penas de hasta tres años de cárcel que preveía el Código Penal para los piquetes por coacciones en las huelgas.

Según ha podido saber LA RAZÓN, los magistrados han avalado la resolución elaborada por el progresista Juan Antonio Xiol, que se plasmará en un auto y no en una sentencia al no haber abordado el fondo del asunto, invocando la jurisprudencia que concluye que los preámbulos de las leyes no tienen contenido normativo, por lo que en consecuencia no cabe interponer contra ellos recursos de inconstitucionalidad.

Los párrafos de la discordia de la ley 5/2021 de 22 de abril que derogó el artículo 315.3 del Código Penal incluyen una indudable crítica política a la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy (bajo cuyo mandato se penalizaron esas coacciones de los piquetes para forzar a los trabajadores a secundar los paros). No en balde, en ese preámbulo se afirma que “con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

Asimismo, señala que la reforma laboral prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores” y “devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos”. Además, añade que “se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno”.

Uno de los compromisos con Podemos

La despenalización de esas conductas por parte de los piquetes era uno de los compromisos incluido en el pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y salió adelante con los votos además de ERC, Compromís, Bildu, JxCat, PDeCAT, la CUP, BNG, Teruel Existe y Nueva Canarias.

En su recurso, el PP denunciaba que la inclusión de esa crítica política suponía “un ataque explícito a un partido político desde las páginas del Boletín Oficial del Estado”, lo que consideraba “por completo improcedente e inconstitucional”, por lo que reclamaba al TC que esos párrafos fuesen “eliminados” del preámbulo. “Parece más bien un pretexto para criticar a un determinado partido político que para explicar una iniciativa legislativa”, señalaban los populares, que incidían en el hecho de que “curiosamente se publicó en el BOE en los preparativos de los actos del 1 de mayo”.

Para el PP esa crítica “de claro fondo político” es más propia “del debate parlamentario que de una disposición normativa emanada del órgano que representa al pueblo español”. En su recurso, hacían referencia además a jurisprudencia del Tribunal Constitucional que apunta que aunque el preámbulo carece de valor normativo “tienen valor jurídico”. En todo caso, añadían los populares, “resulta implícito que debe existir una correlación entre la norma y su preámbulo y que estos pueden ser objeto de recursos ante el Alto Tribunal”.

La denuncia del PP: “Institucionalizan el sectarismo”

El secretario de Justicia del PP, Enrique López, criticó entonces a través de su cuenta de Twitter la inclusión de ese varapalo al PP. “No tienen límites: hoy el BOE publica una Ley impulsada por Sánchez y apoyada por sus socios, que incluye, ¡lo nunca visto!, una crítica política al PP en una exposición de motivos. Despenalizan la violencia de los piquetes e institucionalizan el sectarismo”, denunció el actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

El párrafo del artículo 315.3 derogado por el PSOE y sus socios en el Congreso establecía que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

Según se argumenta en la misma exposición de motivos, ese castigo penal debía “desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga”. Fuentes jurídicas cuestionan sin embargo esa conclusión y hacen hincapié en que al producirse esas conductas en el ejercicio de un derecho fundamental (el derecho de huelga) “la carga de la prueba se invierte y hay que probar que el piquete en cuestión no actuaba en el ejercicio de ese derecho fundamental, lo que prácticamente conduce a la impunidad”.

Además, esas mismas fuentes advierten del riesgo de que los preámbulos de las leyes se conviertan, aunque no tengan fuerza de ley, en cuadrilátero para ajustar cuentas con el adversario político. “Es como si el PP aprovecha en el futuro esos párrafos para criticar al PSOE por haber conculcado el ejercicio de derechos fundamentales al haber aprobado un estado de alarma que ha sido declarado inconstitucional o haber sido censurado por el TC por el cerrojazo al Congreso durante la aplicación de la medida”.