El Tribunal Supremo estudia ya siete recursos contra los indultos del “procés”

Se acabó el tiempo. El plazo para presentar recursos contra la decisión del Gobierno de indultar a los presos del ‘procés’ ha terminado y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha empezado ya a estudiar los 7 recursos que tiene sobre la mesa. Los magistrados deben tomar ahora algunas decisiones previas como decidir si los tramitan uno a uno o si se pronuncian en un único escrito, pero en cualquier caso, la decisión final no se espera hasta dentro de cinco o seis meses, según fuentes del órgano.

La clave para poder atravesar el primer muro del Supremo está en la legitimidad de los recurrentes y este será, por tanto, el primer debate al que se enfrenten los cinco miembros de la Sección Quinta a la que corresponde en principio pronunciarse sobre el decreto de la medida de gracia. La reciente sentencia del alto tribunal sobre el nombramiento de Dolores Delgado -en la que no entran a valorar el fondo de la cuestión porque consideran que los partidos políticos no eran legítimos recurrentes- puede servir de aperitivo sobre lo que podría pasar con los indultos. Sin embargo, fuentes conocedoras de los recursos explican que “no se puede hacer una traslación automática” porque cada uno de los recurrentes presenta argumentos distintos que habrá que diseccionar.

El quid jurídico está entonces en la habilidad del razonamiento de los demandantes. De los siete presentados, solo dos pertenecen a partidos políticos: uno de Vox y otro del PP (los mismos que recurrieron la designación de la Fiscal General del Estado). La legitimación de los partidos para recurrir decretos del Gobierno con mero interés político se ha venido negando con la jurisprudencia del alto tribunal, por eso, estas fuentes indican que el recurso de la formación de Pablo Casado tiene todos los visos de acabar desestimándose.

El caso de Vox es diferente porque formó parte del proceso que condenó a los líderes políticos catalanes. El secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, y el vicesecretario jurídico, Pedro Fernández, ejercieron de acusación popular durante los meses que la Sala de lo Penal juzgó todo lo que sucedió en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Por eso, al haber sido partícipes del proceso que terminó por condenar a los nueve independentistas, el recurso “habrá que verlo”.

No obstante, en el PP no está todo perdido. Existen dos recursos en la Sala presentados por diputados del partido a título individual, alegando que ellos fueron perjudicados directos por los hechos acaecidos en 2017 al tratarse de diputados en el parlamento catalán. Por un lado, han recurrido Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Lorena Roldán y Juan Millán; y, por otro, el diputado Enric Millo ha presentado uno en solitario.

Esta estrategia ha sido la misma que ha seguido Ciudadanos, cuyo recurso también se ha propuesto en términos de diputados individuales que vivieron los pasos del ‘procés’ en el Parlament. La presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, junto a Carlos Carrizosa y José María Espejo, fueron diputados claves en el momento en el que se aprobaron las conocidas como leyes de de desconexión que desembocaron en la proclamación de la República Catalana. Los diputados se consideran afectados directos por las políticas del independentismo y argumentas que sus derechos se vieron perjudicados durante este proceso.

El sexto y el séptimo recurso pertenecen a dos asociaciones. Por un lado, Convivencia Cívica Catalana, que fue el primero de los recursos en llegar al alto tribunal. Se trata de una asociación que lleva desde 1998 reclamando que el ejecutivo catalán garantice el castellano como lengua vehicular, que ha estado en primera línea del ataque al independentismo y cuyo presidente es el abogado Ángel Escolano. Ellos se reconocen como ciudadanos afectados por las políticas de los indultados.

Por otro lado, el último en registrarse ante el alto tribunal ha sido el de Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén con unos argumentos totalmente diferentes. De la mano del abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, el recurso plantea que no puede concederse el indulto a los políticos que formaron parte del Gobierno catalán cuando se desobedeció una sentencia que ordenaba la devolución de 97 obras al monasterio de Sijena que están expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Los primeros pasos: ir a pleno y juntar el texto

Con toda esta composición de lugar, los magistrados -Segundo Menéndez, Octavio Juan Herrero, Wenceslao Olea, Fernando Román y Ángeles Huet- a quienes se unirá el presidente de la Sala César Tolosa tendrán que tomar ciertas decisiones durante la tramitación de los recursos que están “en una fase muy inicial”.

Primero de todo, aclarar si resolverán uno por cada preso indultado o se pronunciarán por los nueve. Cada uno de estos siete recursos tiene nueve textos, uno por cada político o miembro del ‘procés’ a los que se le ha otorgado la medida de gracia. En segundo lugar, habrá que determinar también si se pronuncia la sección o si se eleva a pleno para que todos los miembros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo puedan participar. Hay voces que reclaman esta última opción, pero se necesita que lo pida “la mayoría” de los 27 magistrados (según el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

También lo puede decidir Tolosa como presidente de la Sala, pero éste declinó, por ejemplo, que la sentencia sobre Dolores Delgado se elevara a pleno por lo que es previsible que en este caso tampoco salga de él la propuesta.