El TC relevará al ponente de baja para resolver los recursos pendientes del “procés”

El Tribunal Constitucional (TC) se verá obligado a sustituir al magistrado Alfredo Montoya, de baja por un problema de salud desde el pasado agosto, en la ponencia de dos de los cuatro recursos pendientes de los condenados por el «procés». Así lo han confirmado a LA RAZÓN fuentes del tribunal, que apuntan que la intención es dejar así resueltas todas las solicitudes de amparo en la próxima primavera.

A Montoya le correspondió redactar los borradores de sentencia que han de resolver los recursos de amparo del ex conseller de Interior Joaquim Forn, condenado a diez años y medio de prisión por sedición, y de la ex titular catalana de Trabajo Dolors Bassa, a quien el Tribunal Supremo impuso una pena de doce años de cárcel por sedición y malversación.

Además de esos dos, únicamente restan otros tantos por resolver, los más complicados: el presentado por el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que fue condenado a trece años de prisión por sedición y malversación, y el que debe resolver el amparo solicitado por el ex conseller de Exteriores Raül Romeva, condenado a doce años de cárcel por idénticos delitos. En ambos casos, el ponente es el presidente del TC, el magistrado Pedro González-Trevijano.

La intención del TC es que todos estén resueltos en los próximos meses y para ello es necesario dejar en manos de otros magistrados las ponencias correspondientes a Montoya, sin condicionar ese objetivo a una reincorporación sin fecha definida todavía.

El borrador de la sentencia de Bassa, listo

El estado en que se encuentran esas dos ponencias es, sin embargo, completamente distinto. Mientras la correspondiente al amparo de Bassa estaba ya lista antes del pasado verano, en el caso de Forn el nuevo ponente tendrá que hacerse cargo de un borrador todavía incompleto. Y es que la ponencia del recurso de la ex consellera de Trabajo llegó a incluirse en el orden del día del Pleno del TC del 13 de julio del pasado año, pero el debate sobre el primer estado de alarma, que terminó declarándose por la mínima parcialmente inconstitucional, acaparó la sesión de forma prácticamente monográfica, por lo que el asunto se trasladó al primer pleno convocado tras las vacaciones estivales, el 14 de septiembre.

Pero el problema de salud de Montoya, que sufrió un ictus a final de agosto, obligó a retirarlo sine die de los asuntos a debatir. Según las fuentes consultadas, la sentencia «estaba hecha, a falta de aprobarla en el Pleno con los cambios de deliberaciones normales en estos casos». Ahora esas ponencias tendrán que ser asignadas a alguno de sus compañeros, a excepción de Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez, que optaron por abstenerse de los recursos del «procés».

En cualquier caso, otro obstáculo vino a cruzarse en la resolución de esos recursos: la renovación del TC acordada por PP y PSOE el pasado octubre. «Si no hubiera habido renovación, los de Bassa y Forn ya se hubieran resuelto», apuntan fuentes del tribunal de garantías, que hacen hincapié en que una vez se produjo ésta se asumió que esas resoluciones se iban a retrasar, porque los nuevos magistrados deben disponer de tiempo suficiente para estudiar las ponencias y formarse una opinión jurídica al respecto.

Rechazos en cadena, pero sin unanimidad

Eso sí, dejan claro que su tramitación se está produciendo en los plazos habituales de resolución de un recurso de amparo. Y es que el TC admitió a trámite la gran mayoría de los recursos –salvo los de Junqueras y Romeva– en mayo de 2020 (en pleno confinamiento).

Hasta el momento, todos han sido rechazados, aunque a costa de romper la unanimidad mantenida hasta ese momento respecto al “procés”. Los primeros en resolverse -en febrero y marzo de 2021- fueron los de los ex consellers Meritxell Borrás y Carles Mundó (ambos condenados por desobediencia a penas de inhabilitación, pero no de cárcel), los dos por unanimidad.

Una coincidencia de pareceres que no se produjo en la primera sentencia que confirmó, en abril del pasado año, una de las condenas por sedición, la del ex conseller Jordi Turull, pues esa resolución contó con el voto particular de los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. El último rechazo de amparo se conoció el pasado octubre, cuando el Pleno ratificó que su conducta en el “procés” no estaba amparada por la inviolabilidad parlamentaria como presidenta del Parlament.