Podemos presiona a Educación para revisar los contenidos escolares de memoria para 2023

El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha dado voz hoy a colectivos de memoria histórica con el objetivo de presionar al Gobierno para que acelere la aprobación de la ley de Memoria Democrática abriendo el debate de las enmiendas en la ponencia y extendiendo sus exigencias a revisar el contenido curricular en los centros escolares.

Bajo el lema de “educar en el antifascismo”, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y secretario de Estado de Agenda 2030 ha pedido reactivar la tramitación de la Ley de Memoria Democrática y ha llamado tanto al PSOE como a los socios de investidura a lograr un acuerdo en este asunto y “acabar con la impunidad de los crímenes franquistas”. Unidas Podemos ha defendido que la memoria democrática debe dejar de ser la “gran olvidada” del currículum educativo y, por tanto, insistirá para que forme parte de la enseñanza obligatoria “lo antes posible”, como demanda en una proposición no de ley registrada en el Congreso. Así lo ha detallado el portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Educación, Joan Mena, durante una jornada ‘Memoria, Justicia, Educación’ celebrada en la Cámara Baja, centrada en el proyecto de ley de Memoria Democrática

En la conferencia, el partido ha contado con la intervención de Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León e Isabel Alonso Dávila, Catedrática de Historia de Instituto, quienes han pedido que en la nueva ley de Educación se evite reducir los contenidos de memoria democrática. A su juicio se ha perdido una “oportunidad histórica” porque, en palabras de Díez Gutiérrez “los estudiantes conocen el holocausto judío pero no el español”. Los propulsores exigen una serie de medidas que plasman en un manifiesto “Por una verdadera inclusión de la Memoria Democrática en el currículum escolar”. El objetivo es que en el próximo curso escolar se actualicen los contenidos curriculares para 4º de la ESO y 1º de Bachillerato “sin falsas equidistancias, explicando el franquismo y la lucha antifranquista”. Lo que a su juicio implica “revisar los contenidos del currículum y de los libros de texto que defienden los contenidos escolares para que incluyan estos contenidos que están silenciados o usan explicaciones genéricas que quieren más ocultar que explicar”. Critican, además, que en el curso de 2º de Bachillerato solo se hable de la dictadura para referirse a la transición y no aparezcan los términos “represión, dictadura o lucha antifranquista”. Entre otras medidas piden que la historia de 1º de Bachillerato al periodo entre la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial y la de 2º de Bachillerato al comprendido entre el periodo de entreguerras y la historia del presente porque “Sólo así se acabará con la “anomalía española” que supone la separación de la Historia del Mundo Contemporáneo y la Historia de España en dos cursos diferentes de Bachillerato y se podrá insertar la Historia contemporánea de España en la del mundo. Además, reclaman que se establezca que los 44 años del período que transcurre entre la II República, la guerra civil y la dictadura franquista ocupen en torno al 50% de los contenidos del siglo XX.

En las jornadas también ha participado el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabián Salvioli, que ha calificado la ley de Memoria Democrática como “insuficiente” a pesar de ser “encomiable” y de dar “pasos hacia adelante indudables”. En su opinión, la nueva Ley de Memoria Democrática debe dejar “clarito” que la Ley de Amnistía de 1977 no impide juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura y cree que la redacción planteada por PSOE y Unidas Podemos debe sustituirse por una más taxativa que ponga fin a la impunidad.

El relator ha señalado que la actuación de los tribunales españoles “sigue siendo lamentable” cuando se escuda en la Ley de Amnistía para no perseguir los crímenes franquistas, pero cree que eso no se solucionará con la enmienda registrada por PSOE y Unidas Podemos. Los dos grupos que integran Gobierno quieren que la nueva ley recoja que “todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”, informa Ep.

Según Salvioli, con esa fórmula, los tribunales pueden esgrimir que ya están interpretando la ley conforme al derecho internacional. Por ello, puesta por una redacción más taxativa en la que no se hable de interpretación sino que se afirme que “las disposiciones de la Ley de Amnistía no pueden tener ningún efecto sobre la investigación y la sanción de las violaciones de Derechos Humanos que fueron cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura”.

El relator también ha mostrado su “preocupación” por el hecho de que el proyecto deja abierta la posibilidad de no otorgar reparaciones económicas a las víctimas, como las que demanda por ejemplo ERC. A su juicio, la norma debe contemplar esas compensaciones para cumplir con los “estándares de reparación integral”.