Nuevo éxito de la “operación Damocles” de la Guardia Civil: la etarra Sorzábal tendrá que cumplir condena en España

Nuevo paso delante de la “operación Damocles”. La labor que realiza el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) para esclarecer los atentados de ETA pendientes de autoría ha obtenido un nuevo éxito con la condena a la que fuera cabecilla de la banda, Iratxe Sorzábal, por la colocación de bombas en Gijón contra el Palacio de Justicia y una farmacia en 1996. Se encuentra en prisión en Francia y, cuando sea entregada a España, en vez de quedar en libertad, tendría que ingresar en la cárcel de nuevo si se confirma plenamente la sentencia de la Audiencia Nacional, que le impone una pena de 24 años por estos hechos criminales.

Sorzábal formó parte, junto con David Pla, en la actualidad en la dirección de Sortu, el partido central de EhBildu, de la última “dirección” de ETA y fueron detenidos en Francia gracias a la información aportada por el SIGC en la llamada “operación Pardines”, en homenaje al primer guardia civil asesinado por ETA.

Para llegar a la sentencia ha sido fundamental el informe presentado por los expertos del SIGC sobre la “kantada” que Sorzábal realizó con el fin de informar a los jefes de ETA de sus actividades en el seno del “comando Ibarla”. La terrorista pretendía hacer creer que la había escrito obligada por los agentes que la detuvieron, pero la redactó, como era habitual. cuando ya estaba en la cárcel, tiempo después. En este tipo de escritos, los pistoleros debían informar a la “dirección” de todos los detalles de su arresto, actividades de la célula a la que habían pertenecido y lo que quedaba disponible al no haber informado de su existencia durante las tomas de declaración den dependencias policiales.

En el informe presentado por el SIGC sobre la referida “kantada”, que fue intervenida en una operación antiterrorista realizada en la localidad francesa de Castres, se vinculaba el documento de forma indubitada a Sorzábal, que explicaba a los responsables de la banda su participación en los atentados de Gijón.

En la sentencia de la Audiencia Nacional, basada en el informe, se indica que la “kantada” “tiene pleno valor probatorio por cuanto ese documento no es una mera transcripción o relato más o menos pormenorizado de lo que la procesada dijo en dependencias de la Guardia Civil cuando previamente fue detenida sino que se amplían detalles de otras acciones nuevas, encuentros de personas que son absolutamente novedosos que solamente podía conocer la persona que lo relata por haberlos vivido en persona”.

Entre ellos, a su captación para la banda terrorista, entregas de material a otros miembros de la banda y participación en otras acciones terroristas, de las que no había informado en su declaración policial.

Laa Sección Primera de la Audiencia Nacional le impuso 17 años por un delito de estragos terroristas consumados por el atentado contra el nuevo Palacio de Justicia (que aún no estaba en funcionamiento), que causó numerosos daños materiales. Y otros siete años y medio corresponden al mismo delito en grado de tentativa, en relación con la bomba colocada en una farmacia y que no causó daños.