El cheque energético que propondrá Unidas Podemos beneficiaría a las familias que no superen los 70.000 euros

Unidas Podemos se encuentra inmerso en el plan de recuperación para paliar las consecuencias económicas en España derivadas de la guerra en Ucrania. Tanto a nivel ministerial, con los trabajos liderados por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y con las propuestas que salen desde el ministerio de Derechos Sociales, así como en el grupo parlamentario, todo el espacio confederal focaliza sus esfuerzos en lograr que en el “acuerdo de país” que debe forjarse de cara al próximo Consejo de Ministros de la semana que viene, adopte medidas eficaces y rápidas en el real decreto ley, como el cheque energético de 300 euros para ayudar a pagar luz y gas.

A expensas de que se concrete el mandato europeo que salga de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará este jueves y viernes, el ministerio de Derechos Sociales que dirige la ministra Ione Belarra ya ha desgranado alguna de las medidas claves durante estos días como la congelación de alquileres, limitación de los beneficios de las eléctricas o la ampliación de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, entre otras.

En cuanto al cheque energético de 300 euros para familias, se trata de una ayuda directa destinada a las unidades de convivencia para paliar el elevado precio de la electricidad, calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Los beneficiados de esta medida serían las familias que no superen una renta anual conjunta de 70.000 euros brutos anuales, por lo que el cheque energético no quedará reducido a las familias más vulnerables, exclusivamente, según parte de la iniciativa a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Una ayuda que no impediría la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de la Administración o entes públicos o privados.

Por unidad de convivencia se entiende, la persona titular de los contratos de suministros de la vivienda habitual, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

La cuantía de la ayuda será de 300 euros anuales por unidad de convivencia y se concederá a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022. Este gasto se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y serán las comunidades autónomas las que deberán gestionar la misma, así como el pago de las ayudas.