El PP emplaza al Gobierno a negociar antes del jueves el Plan Económico que envió Feijóo

El PP asegura que no acepta el “no es no” de un Gobierno porque, decir “no” al Plan Económico que remitió el partido la semana pasada al Gobierno porque, es “decirles no a las familias”, destacó el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha tratado sobre este asunto en el comité de dirección del partido donde, ha dejado constancia de que la respuesta del Ejecutivo ha sido “el silencio y el desprecio” ya que no ha habido ninguna respuesta a la carta que le remitió a Pedro Sánchez, salvo las críticas en los medios de comunicación. Así lo ha asegurado Bravo en rueda de prensa quien, afirmó que, aún “es el momento de negociar” las medidas.

En un momento delicado para los españoles, el PP insta al Gobierno a negociar sobre el texto y subraya que “no es creíble que no haya ninguna propuesta que no se pueda negociar o pactar con el PP”. Bravo indicó que el PP “ha cumplido con su responsabilidad” y lamenta que Sánchez no se siente a negociar las medidas porque, recuerda, “su responsabilidad es mirar por los españoles”. “¿Tanto cuesta apagar las luces de los despachos de los ministerios y devolver a los españoles el exceso de recaudación?”, se preguntó. “El gobierno debe ponerse al servicio de los españoles” y critica, por contra, que se siente con Bildu a negociar,que se siente con los independentistas a hablar por lo del supuesto espionaje y no para hablar sobre la economía de las familias. Asimismo, se preguntó si el espionaje es el principal problema que preocupa a los españoles.

Pidió al PSOE que “aprenda de los errores de Zapatero y la filosofía de que el dinero no es de nadie y déjense ayudar antes de que sea demasiado tarde”. A la espera de una llamada por parte del Ejecutivo, antes de que llegue el jueves, el PP no ha adelantado cuál será el sentido del voto ante el plan anticrisis de Sánchez y esperan aún a estos tres días a que se produzca dicha llamada donde su opción “lo que sea mejor para los españoles”.

Los populares destacan que su documento plasma “medidas quirúrgicas” y necesitan que en el plan anticrisis del Ejecutivo se encuentren reflejadas. “Hemos hecho un gesto claro y el Gobierno tiene que aclarar si va a cumplir con lo que se comprometió en La Palma de bajar los impuestos”. Se pregunta, de los puntos presentados, en qué se sienten incómodos. Además, recuerda que cuando Feijóo se reunió con Sánchez, el presidente del Gobierno no le pidió apoyo para sus medidas y esperan que desde el Ejecutivo se responda a las propuestas presentadas. Bravo subrayó que para poner una condicion tienen que saber qué quieren proponer. “Que Bildu esté en la comisión de secretos oficiales, cuanto menos, sorprende”.

Renovación del CGPJ

Esta tarde noche-trasladará al PSOE quién será el interlocutor para la negociación del CGP pero el vicesecretario económico de los populares se preguntó si los ciudadanos están más preocupados por su propia economía o por la renovación de este órgano, cuando, además, el Ejecutivo no les ha contactado aún ni para hablar de ello.

Comisión secretos oficiales

Juan Bravo apuntó que la comisión de secretos oficiales es el mejor sitio para explicar al resto de partidos la situacion que se ha llevado a cabo con el supuesto espionaje. Sin embargo, también reclama que se de explicaciones al principal partido de la oposición que ya a abierto una vía de trabajo con el Gobierno. “Parece lógico que se nos hubiera llamado para darnos explicaciones de algo que resulta sorprendente”. Por ello, criticó que el Gobierno tuviera tiempo ayer para reunirse con los independentistas “pero no para sentarse con el PP y darnos la información que nos permitiese tener más conocimiento”, lamentó.

Sobre la comisión de secretos oficiales, destacó que todas las medidas que sean para protegernos de los que van contra el Estado, “son pocas”. Recordó que Pegasus, es una aplicación israelita que se vende exclusivamente a los Gobiernos. “El problema no es utilizar Pegasus, sino utilizarlo “ilegalmente” y, en 2017, se empleó dos veces con “autorizacion judicial”. Y apuntó que habría que saber si esos 65 casos que se han estudiado “fueron con respeto al estado de derecho, o no”.

El vicesecretario económico de los populares destacó que todos los partidos pueden proponer un representante para la comision de secretos oficiales, pero “se acordó que para ello, se debería contar con una “mayoría cualificada”. “Dicha comisión tiene un régimen específico, no hay publicidad y son gente que tiene que ser muy concienzuda sobre lo que se está haciendo y nosotros apostamos que se respete eso. Que Bildu esté en esa comision, cuando este partido busca fracturas con el Estado español, entendemos que no es el camino”, dijo.

Desde 2019 sin convocarse

La comisión de secretos oficiales es el único foro parlamentario en el que los grupos, siempre a puerta cerrada, pueden tener acceso a la información clasificada, los secretos oficiales y los gastos reservados de los Presupuestos, y en el que se controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ahora en el punto de mira. En estos dos años de legislatura, no ha podido constituirse el órgano por los supuestos vetos cruzados entre los partidos. Los grupos de la izquierda acusan a la derecha de bloquear su formación porque rechazan que se siente en ella EH Bildu, mientras que el PP acusa a la presidenta de la Cámara baja, la socialista Meritxell Batet, de no impulsar su creación. Los miembros deben ser elegidos por una mayoría cualificada de tres quintos: 210 votos, una cifra muy alta que exige del acuerdo de los dos grandes partidos. Habitualmente, son designados miembros del órgano los portavoces de cada grupo. La última vez que estuvo en funcionamiento fue en la anterior legislatura larga, de 2017 a 2019, y en ella se sentaba el republicano Joan Tardà. Sus miembros no pueden publicitar nada de lo que allí se cuente. El PSOE se planteó rebajar esa mayoría requerida de tres quintos, para hacer más fácil la constitución de la comisión, sin que el PP pueda ejercer, en la práctica, su derecho de veto. Rebajar esta mayoría correspondería a a presidenta del Congreso, Meritxell Batet.