Feijóo condiciona la renovación del CGPJ a un plan contra la inflación

La reunión que se celebrará esta mañana en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es un examen en toda regla de la capacidad real de acuerdo que hay entre las dos partes, después del cambio que se ha producido en el liderazgo del PP. La prioridad de Sánchez es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero Feijóo trasladará al presidente del Gobierno que su partido no retomará esa mesa de negociación si no hay antes avances concretos en la negociación del decreto que recoge el plan de choque para luchar contra la inflación. Primero, «completar» el plan de choque y, después, buscar el acuerdo sobre el reparto de cargos en el Poder Judicial, que ya ha cumplido los tres años bloqueado.

El diálogo en materia de lucha contra la inflación y sobre posibles rebajas fiscales, y la introducción de «mejoras» en el texto aprobado por el Consejo de Ministros, irá seguido de un nuevo intento de renovación del Poder Judicial, en el que este PP no renuncia a la petición de que se reforme la ley para modificar el sistema de elección de los jueces, pero, también, está abierto a buscar una fórmula flexible que permita activar los nombramientos sin que estén sometidos a la exigencia de un acuerdo total sobre la reforma legislativa. La posición de este equipo incluye matices importantes sobre la que fijó Pablo Casado, pero sin renunciar a esa modificación legislativa. Ahora se trataría de buscar una fórmula que permita a las dos partes salvar la cara, en cierta forma, sobre el enconamiento de posturas de la etapa anterior y proceder a una renovación en la que Feijóo ha reconocido que existe una obligación constitucional que debe ser asumida por un partido de Estado como es el PP.

Otro síntoma del cambio en la dirección popular es que dentro del proceso de revisión de decisiones, en este caso la negociación de la renovación del Poder Judicial no la llevará sólo una persona, sino un equipo, que todavía no ha sido designado. Con Pablo Casado la negociación acabó asumiéndola en primera persona el secretario general, Teodoro García Egea, después de que en un primer momento tuviera un papel más destacado el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Feijóo no quiere ese modelo, y pretende constituir una comisión, con dirigentes conocedores de la materia, que den contenido al diálogo después de haber recabado información y saber el terreno que están pisando.

La política económica será el gran caballo de batalla entre el Gobierno y el PP en clave electoral. Y la aspiración de pactos se ciñe a aspectos coyunturales, pero, en ningún caso, a un gran acuerdo que borre el margen de oposición de Feijóo. De hecho, oficialmente el Gobierno mantiene que habrá Presupuestos para 2023. La realidad indica que las cuentas actuales se han quedado completamente desfasadas, en Moncloa saben que sacar adelante uno nuevos Presupuestos será muy complicado, por no decir imposible, en un marco ya puramente electoral, y condicionados por una situación económica que ha pulverizado todas sus previsiones. El principal problema del Gobierno es la conflictividad social, pero también una agenda de legislatura en la que todo lo que hay que hacer a partir de ahora choca con el marco político más cómodo para el PSOE. En política económica, ortodoxia fiscal y control del déficit; en política social, contención de las subidas salariales y qué hacer con los gastos adosados al IPC. Moncloa lo fía todo a que se cumpla su deseo de que la vuelta al procedimiento de déficit excesivo no será antes del próximo ejercicio, y que, además, se haga con unas reglas más flexibles, aunque sigan siendo las misma para todos.

En la cumbre de Moncloa sí es más probable que puedan sentarse las bases para recuperar el consenso en política exterior o de Defensa. El compromiso del Gobierno de España con el incremento del Presupuesto para las Fuerzas Armadas es, esta vez, de obligado cumplimiento, según confirman fuentes del Gobierno. En otros momentos, los distintos gobiernos han ido dando patadas hacia adelante a este compromiso, pero la situación del conflicto en Ucrania lo ha convertido en una exigencia innegociable dentro de la política europea y de la relación con los socios de la OTAN. En esto Sánchez también puede tener el apoyo del líder de la oposición. Pero el gran acuerdo de Estado en materia económica es inasumible, no ya por las presiones a derecha y a izquierda de sus socios, sino porque diluiría el sentido de la alternancia y de la competencia legítima entre Gobierno y oposición, según lo ven en el equipo más electoral del PP.