El PSOE vota contra una Ley del PP para vigilar el cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano

En un importante momento político en Cataluña, donde tiene que aplicarse la sentencia del 25% de castellano que tumba la inmersión lingüística en la educación pública, el PP ha impulsado una proposición de Ley para crear el Cuerpo de Alta Inspección Educativa, un instrumento dirigido, precisamente, para controlar que se aplica esa resolución judicial, entre otras cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado que la Generalitat ejecute la sentencia antes del 30 de mayo y ha señalado a la alta inspección como responsable de velar por el cumplimiento. No obstante, actualmente hay tan solo dos inspectores en la autonomía para 5.300 centros públicos. El PSOE, junto a todo el bloque nacionalista, han rechazado esta Ley.

La propuesta legislativa de los populares, que consta de 16 artículos, ha sido expuesta por el diputado popular Óscar Clavell, quien ha acusado al PSOE de ser el “mayor traidor a España y a sus pilares como la educación”. El texto regula las competencias de la alta inspección educativa, las facultades, actuaciones, las relaciones con los poderes públicos o los órganos que la componen. La alta inspección educativa ya existía y sus competencias quedaron ya reguladas en 2002, con la LOCE, pero los populares consideran que la “experiencia de todos estos años demuestra un funcionamiento muy insatisfactorio”. La proposición de Ley también regula el acceso a dicho cuerpo y, en el ejercicio de las funciones de alta inspección, los funcionarios tendrán consideración de autoridad pública. La propuesta incluye que el cuerpo esté compuesto por 100 funcionarios de carrera.

Entre las competencias que se recogen, figura comprobar que los currículos, así como los libros de texto y demás material didáctico se adecúan a las enseñanzas comunes; comprobar que las enseñanzas comunes se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal; verificar que los estudios cursados se adecúan a lo establecido en la legislación del Estado; o, garantizar la neutralidad ideológica de los centros docentes.

La diputada del PSOE, Mari Luz Martínez, ha rechazado el texto propuesto por el PP porque, a su juicio, rompe “los principios de la Constitución”. “La alta inspección es vigilancia, no control. No se pueden darle unas atribuciones que no le corresponde. No hay ningún país en que se haga este tipo de control educativo por parte del Estado”, ha afirmado Martínez, quien ha respondido a los populares que la “única traición” es la de su partido por “los múltiples casos de corrupción”. “Ni duplicar cuerpos ni duplicar funciones. Cumplan con la Ley y dejen ya de amenazas”, ha zanjado, en un tenso debate, marcado por varios llamamientos al orden de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, entre otras cosas, porque el diputado de la CUP, Albert Botran, ha intervenido usando el catalán.