La guerra entre Esquerra y JxCat allana la aplicación del 25% de castellano

El constitucionalismo acaricia una victoria histórica frente al independentismo: la aplicación de la sentencia del 25% de castellano. La resolución judicial se dictó en diciembre de 2020, pero, desde entonces, el Govern ha tratado de ir aferrándose a todos los resquicios legales posibles para evitar su cumplimiento, hasta que ha llegado al límite y ha topado con la orden de ejecución inmediata dada esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Una orden dada a raíz de la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

El Govern ha topado con una derrota judicial, pero también con una derrota política, cimentada por la propia división de Esquerra y JxCat. La falta de entendimiento entre ambas formaciones políticas está empujando a la Generalitat a optar por el cumplimiento: el conseller de Educación, Josep González-Cambray, dio a entender el jueves por primera vez que sí que dará instrucciones a los directores de las escuelas para que apliquen el 25% de castellano.

Y es que Esquerra aspiraba a intentar forzar el marco legal para evitar un cumplimiento explícito de la sentencia: en concreto, los republicanos acordaron junto a PSC, Comunes y JxCat una modificación de la Ley de Política Lingüística de 1998 que esquivaba el 25% del castellano, pero sí incluía una flexibilización de la inmersión lingüística. «La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la realidad sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los elementos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas», planteaba el texto de la reforma legal.

Y, de hecho, atendiendo a la resolución judicial del TSJC, esta vía también quedaba avalada porque se ordena aplicar la sentencia mediante una «innovación normativa» o mediante una «instrucción». Sin embargo, JxCat, que sí estuvo inicialmente en el acuerdo, se descolgó a las pocas horas ante las presiones de los sectores independentistas más radicales y, tras haber estado durante semanas dando largas, se ha echado atrás definitivamente. En el partido posconvergente entienden que este acuerdo buscaba diluir la responsabilidad en la gestión del conseller de Educación (que es de ERC), que está abrasado por diversos frentes en su departamento, y han rechazado salir a su auxilio con una cuestión tan delicada, como la lengua.

En la AEB, entidad de referencia en la defensa del castellano en la educación en Cataluña, sí se muestran más optimistas con la aplicación de la sentencia después de ver el cambio dado por el conseller. La entidad, liderada por Ana Losada, lleva más de una década luchando por acabar con el monopolio del catalán en la escuela pública y ahora está más cerca que nunca de conseguir su objetivo. «Es evidente que del lunes al jueves hay deferencia. Ya están asumiendo que la ejecución forzosa es inevitable», señala Losada, que también ve señales de rendición en ciertos sectores del nacionalismo, que ya asumen el 25% de castellano en las aulas.

Detrás de Losada, ha estado siempre el abogado José Domingo, que se ha encargado de liderar la batalla jurídica frente a la Generalitat. También cree que el Govern parece más cerca que nunca de dar cumplimiento, aunque está en alerta porque advierte de que habrá que vigilar cómo quedan redactadas las instrucciones para evitar «trampas». En este sentido, el Govern presentará un recurso antes del martes contra la orden del TSJC, pero tampoco puede frenar el cumplimiento de la sentencia antes del 30 de mayo.

A partir de ahí, la previsión es que el Govern acuda al Tribunal Supremo. El Supremo suele tener una interpretación mucho más restrictiva sobre la legitimidad de las partes y podría poner en entredicho el papel de la AEB como actor que ha llevado a la Generalitat ante los tribunales para que aplique la sentencia del Supremo. No obstante, Domingo matiza que el contenido de la resolución judicial (es decir, el 25% de castellano) quedaría inalterado porque ya está avalado por el propio Alto Tribunal y sería algo que tardaría dos años en suceder. Es decir, es un escenario bastante lejano.

De todas formas, en la AEB creen que el Govern ya no tiene ninguna manera de frenar la aplicación de la sentencia y está ya prácticamente resignado. Sí es cierto que el Govern ha ideado, como réplica, un plan de choque para tratar de elevar el uso del catalán en otros ámbitos de las escuelas que vayan más allá de las propias aulas, aunque no pasa de lo simbólico. En concreto, la previsión es que comience el curso que viene en 200 centros y se vaya extendiendo hasta 3.000, y tiene como objetivo que se hable más catalán en espacios como el comedor o el patio. La Generalitat muestra su preocupación porque, según sus informes, en esos espacios, el uso del catalán ha bajado del 67,1% en 2006 al 21,4% en 2021.

En cualquier caso, el plazo máximo para dar cumplimiento a la sentencia es el 30 de mayo y, hasta entonces, el Govern tiene tiempo para ver cómo redacta las instrucciones. A partir de ahí, el TSJC también ha pedido a la Alta Inspección educativa (dependiente del Gobierno, del Ministerio de Educación) de que vele por el cumplimiento de la sentencia. La ministra, Pilar Alegría, ha asegurado esta semana que colaborará en el marco de sus competencias para que los 5.400 centros educativos catalanes den un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano: es decir, lengua castellana y otra asignatura troncal.