La «debilidad» de Sánchez alarma en Zarzuela y en las Fuerzas de Seguridad del Estado

El presidente Pedro Sánchez se ha colocado al descubierto ante sus socios, que quieren aprovechar la reforma de la ley de secretos oficiales para «desnudar» a la Monarquía, en concreto, a la figura de Don Juan Carlos, y también para «hacer aflorar las vergüenzas» de las Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente en la lucha contra ETA y en el capítulo de los GAL. La otra alternativa es que esta reforma, que ha desempolvado para entregársela en bandeja al independentismo y al PNV, y seguir contando con sus votos para sostenerse en el Parlamento, se vuelva todavía más en contra de su plan de recuperar la mayoría de investidura. Así ocurriría si tuviera que sacarla adelante con el apoyo del PP.

Sánchez ya había constatado en esta Legislatura que no tenía margen para impulsar un cambio de la ley de secretos oficiales sin ceder a las exigencias de sus socios en capítulos tan sensibles como la desclasificación de documentos del Rey emérito, del golpe de estado del 23-F o de la guerra sucia contra ETA. De esta forma lo recoge la propuesta que presentó el PNV, y que lleva bloqueada en el Congreso desde la etapa de Gobierno de Rajoy. Se admitió a trámite en noviembre de 2016, pero su tramitación se fue alargando hasta que decayó en marzo de 2019 por la disolución de las Cortes. Fue la primera que registró el PNV al abrirse la nueva Legislatura.

Si el objetivo de Sánchez es ganarse el apoyo de ERC, PNV, y hasta de Podemos, a costa de esta modificación legislativa, tendrá que enfocarla en esa dirección. Y ésta es, precisamente, la razón por la que el PSOE ha amagado en varias ocasiones con impulsar esta medida y siempre la ha dejado abandonada en el letargo para cumplir con lo que entiende, o entendía, que son sus obligaciones como partido de Estado. En Zarzuela preocupa que la debilidad socialista tenga consecuencias sobre la institución «en un momento especialmente delicado». Y el Ministerio del Interior tampoco está en su mejor momento en la relación con Policía y Guardia Civil.

Los tiempos, y el contexto, dejan en evidencia la estrategia del Gobierno a la hora de volver a colocar esta reforma en la agenda cuando la relación con ERC atraviesa el momento más complicado desde que Sánchez llego a Moncloa. En abril de 2021 el Gobierno anunció que ponía en marcha su propia reforma de la Ley de Secretos Oficiales, tras descartar la propuesta del PNV, que PP y PSOE llevan bloqueando en el Congreso desde noviembre de 2016. Entonces, Moncloa anunció que ponía en marcha una comisión dirigida por Presidencia y con participación también de Interior, Defensa y Exteriores. Asimismo, «filtró» que su intención era que la nueva regulación no incluyera un límite general de tiempo para hacer públicos los documentos (la propuesta del PNV es de 25 o 10 años), sino que hubiera plazos diferentes según el grado de protección y el nivel de secreto.

El Gobierno llegó a anunciar que habían empezado incluso las reuniones. Pero hace menos de un mes el PNV afeó directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso que no se hubiera vuelto a saber nada de este tema, y de la respuesta de la ministra se dedujo que ni estaba maduro ni era tampoco un proyecto que estuviera en la agenda de la recta final de la Legislatura. A falta de que el Gobierno confirme ahora con hechos si hay o no un proyecto de reforma de la ley de secretos oficiales, o se queda en un anuncio para desviar la atención en el Pleno sobre el «caso Pegasus», lo que sí consta es que el Ejecutivo consideraba que el proyecto del PNV era inaceptable por prever la desclasificación automática de las materias secretas a los 25 años y de las reservadas a los diez, con la posibilidad de una prórroga excepcional y motivada solo para las materias secretas por otro plazo de diez años.

Desde hace semanas el Congreso actúa como acta notarial de la ruptura de la mayoría de investidura. La tensión con ERC ha alcanzado su punto más alto, y las votaciones también confirman, vez tras vez, que PSOE y Podemos votan en bloques diferentes. La decisión de Sánchez de abrir el debate sobre los controles del CNI y los secretos oficiales en un momento de tanta debilidad parlamentaria conlleva el riesgo de dar aire a debates antimonárquicos y contra la Transición en los que se sienten cómodos los socios del Gobierno de coalición, pero en los que no se mueve tan confortablemente el PSOE. El presidente Sánchez les ha puesto una plataforma para que vuelvan a decir que los dos principales partidos tapan sucesos de la Transición para proteger a la Monarquía, e incluso las acciones del franquismo, que también están protegidas por el candado legal que está hoy en vigor. La ministra de Defensa dio instrucciones en septiembre de 2018 para que los archivos militares permitieran el acceso a los documentos secretos anteriores a 1968, ya que, al no haber una ley previa a esa fecha, puede considerarse que no están legalmente clasificados. La ley sí protege la última etapa del franquismo, entre 1968 y 1975.