Juan Bravo: «Los funcionarios deben cobrar por productividad»

¿El PP está dispuesto a sentarse a negociar con el Gobierno la implementación de los dos nuevos impuestos a energéticas y bancos?

La pregunta sería al contrario: ¿el Partido Socialista negociará con el Partido Popular? Hasta ahora no ha querido hacerlo con ninguna de las iniciativas que hemos propuesto. Y, en todo caso, ¿tenemos la seguridad de que ese impuesto no acaba siendo pagado por los españoles?

El Gobierno ha garantizado que legislará para que no ocurra. Y de esto podría ir la negociación con ellos, ¿no?

Cuando se aprobó el acto jurídico documentado de las hipotecas también se dijo que lo pagarían los bancos, pero, en realidad, lo están pagando los ciudadanos que firman una hipoteca.

Pero, entonces, ¿se oponen o no a estos nuevos impuestos?

Nosotros creemos que debe haber un pacto de rentas, entendido como un acuerdo en el que la Administración, los trabajadores y las empresas hacen un esfuerzo proporcional a la situación en la que se encuentran. El Gobierno sólo insiste en hablar de recaudación, cuando este año ya ha recaudado 15.200 millones más que el año anterior por estas fechas. Por tanto, éste no es el problema. El Gobierno busca un culpable de una situación que no es capaz de corregir, pero esto no va de buscar culpables, sino de encontrar soluciones.

¿Comparten con el Gobierno la justificación que dan a esta nueva medida: que quienes han conseguido unos beneficios extraordinarios tienen que contribuir más?

En el pacto de rentas todos debemos hacer un esfuerzo, todos.

No me queda claro si le parece bien o mal que las energéticas y la banca contribuyan con más impuestos.

Primero tenemos que saber qué quieren hacer. No tenemos ninguna información. El Reino Unido le ha dicho al sector eléctrico que si reinvierten los beneficios extraordinarios, lo harán con una bonificación del 90%. A lo mejor esta propuesta es más interesante que poner un impuesto. Tampoco parece muy razonable que el presidente del Gobierno se invente un impuesto que no le ha contado a nadie, ni siquiera a sus compañeros del Consejo de Ministros, y después plantee reunirse con los sectores afectados.

Entonces, ¿cuál es la salida?

Un pacto de rentas en el que el Gobierno es el primero que tiene que decir cuál es el esfuerzo que va a hacer porque es el más beneficiado por esta situación.

El dinero que se recauda no se lo queda el Gobierno.

El Gobierno no tiene un plan. Improvisa para garantizarse su supervivencia política, pero sin un plan. Ante esto de los beneficios extraordinarios, yo me pregunto: ¿si anteriormente tuvieron pérdidas y tienen bases imponibles negativas, les vamos a dejar compensárselo o no? ¿O solamente les grabamos cuando tienen beneficios y cuando tienen pérdidas responden solo ellos? ¿Y no sería conveniente que si este problema es europeo, busquemos un pronunciamiento europeo? Porque si tú pones un impuesto a un colectivo o a un sector, y otros países no lo hacen, corremos el riesgo, como pasa, de que las inversiones se vayan a ese territorio que no tiene impuestos. Esto ya nos ha pasado con las transacciones financieras porque hay operaciones que se hacían en España y que ya no se hacen aquí porque han buscado refugio donde no tienen que pagar tantos impuestos.

Si como usted dice no hay plan, ¿adónde nos lleva esto?

A lo mismo que pasó con Zapatero. Entonces también se empezó negando la crisis.

Aquí el Gobierno sí ha empezado a advertir de que vienen meses «complicados».

La vicepresidenta acaba de reconocer que empiezan unos trimestres complicados o difíciles. Pero nosotros llevamos meses llamando la atención sobre las amenazas a las que nos enfrentamos y nos tachaban de agoreros. Aquí, como ocurría con Zapatero, también están diciendo que ni el gasto público ni la deuda son un problema. ¿Y qué pasó con Zapatero? Que sí lo eran, y que tuvo que congelar las pensiones y bajarle el sueldo a los funcionarios cuando la Unión Europea nos dijo que se había acabado la fiesta.

¿Está diciendo que eso es lo que va a volver a pasar en España?

El camino que sigue el Gobierno es el mismo que tomó Zapatero. Es verdad que hay un contexto internacional que influye en la inflación, pero que seamos el país con más inflación, y el que no consigue recuperar su crecimiento con relación al año 2019 antes de la pandemia, es sólo responsabilidad del Gobierno. Y esto no se arregla maquillando los datos de empleo con fijos discontinuos.

El contexto europeo de respuesta a la crisis también es diferente, ¿no?

La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el gobernador del Banco de España nos están pidiendo reformas. Si no se hacen es responsabilidad del Gobierno. Nos movemos en un contexto internacional lleno de incertidumbre y es difícil hacer predicciones porque todo va a depender mucho de si Rusia le corta el gas a Alemania o no, por ejemplo. Pero nosotros, en vez de ser un poco más independientes de Rusia, lo que hemos hecho es incrementar nuestra dependencia del gas ruso por una mala gestión diplomática con Argelia y con Marruecos. Así es imposible contener el alcance de la crisis.

¿Qué consecuencias prevén ustedes que esta situación tenga en el ciudadano en otoño y en invierno?

¿Qué pasó con Zapatero cuando negó todo lo que tuvo que hacer luego?

El Gobierno alega que esta Europa no es la Europa de los ajustes. Y que no habrá imposiciones.

La Unión Europea le ha dicho a España que debería ajustar su gasto público en 15.000 millones de euros. Pero a diferencia de lo que había en la etapa de Zapatero, ahora no hay reglas fiscales en el ámbito presupuestario. Cuando el BCE anunció que dejaba de comprar deuda y que subía los tipos, automáticamente la prima de riesgo de España e Italia empezó a subir. El BCE respondió: vamos a establecer un sistema para que a España y a Italia no se les dispare la prima de riesgo, ¿y qué dijo Alemania? El Banco Central Alemán ha dicho «vale, pero con condiciones», ¿no? ¿O le vamos a pagar nosotros esta situación? Por tanto, ya empieza a haber avisos. Europa también nos ha preguntado qué vamos a hacer con las pensiones. Como dije antes, esto no se arregla buscando culpables y poniendo etiquetas de buenos y malos, improvisando de manera continuada y sin consenso. Así es imposible que salga bien.

Usted sabe mejor que nadie que el Gobierno no tendría apoyos para adoptar medidas impopulares en este contexto electoral. Tampoco el del PP.

¿La reducción del gasto superfluo es impopular? El presidente del Gobierno marca la guía de nuestro país y debería comenzar dando ejemplo y reduciendo sus ministerios.

Eso no arreglaría el problema.

¿Pero es un buen gesto? Estoy de acuerdo con que no arregla el problema general, pero si ves al presidente del Gobierno ajustando su gasto todo el mundo entiende el mensaje. Si el presidente Sánchez hubiera hecho eso, ¿habrían comprado en el Congreso de Diputados hasta 17 Audi A6 híbridos cuando hay gente que no puede coger el coche? Esa ejemplaridad debería ser el principio de una política de ajuste de gasto improductivo en otras partidas de la Administración sin tocar la sanidad, la educación y las políticas sociales.

¿El PP está de acuerdo con que las pensiones suban conforme al IPC?

Hay una ley que tenemos que cumplir, pero el Gobierno de España también ha adquirido unos compromisos con Europa, y Europa tiene que trasladarnos cuáles son las condiciones generales. En todo caso, se haga lo que se haga, lo más importante es proteger a las rentas medias y bajas, uno de los principios rectores del plan económico que hemos propuesto desde el PP.

¿Pero cuál es su posición sobre las pensiones?

Hay una ley y hay un pacto de Toledo que siempre se ha respetado. Parece lógico que este debate se someta al estudio del Pacto de Toledo dado que hay un compromiso del Gobierno de España vinculado a los fondos europeos, y Bruselas nos está pidiendo un modelo sostenible. Son muchas las voces que están advirtiendo de que en este contexto no es posible ejecutar esa subida de las pensiones conforme al IPC, por lo que debemos realizar un debate de altura.

Insisto, ¿el PP qué piensa?

Si hay mucha gente que está diciendo que no se puede hacer, vamos a escuchar. ¿O es que los políticos somos más listos que los demás? Hay que intentar mantener unas pensiones que sean sostenibles y que tengan un crecimiento año tras año, a lo mejor una subida un poco más pequeña, pero todos los años, y que en el balance temporal el pensionista tenga garantizado que no ha perdido poder adquisitivo.

Entonces, ¿cuál es la propuesta del PP?

Pacto de Toledo, análisis y llegar a lo máximo que se pueda. Y todas las decisiones que se tengan que adoptar, siempre respetando las pensiones medias y bajas. Esto es prioritario porque hay pensionistas que cobran 800 y 700 euros, o menos. El debate no es tan sencillo como lo plantean desde el Gobierno. Los pensionistas ya han perdido un 10 por ciento de su poder adquisitivo con la inflación. Pero aquí tenemos que hacer varios equilibrios. Hay que intentar que la inflación sea como la media europea, no dos puntos más alta. Hay que garantizar que los pensionistas sufran lo mínimo. Pero también tenemos que pensar en los trabajadores, porque hay trabajadores que cobran el salario mínimo, que vienen a ser mil euros. Tenemos que pensar en nuestros mayores, y en nuestros jóvenes, que son los que están haciendo la aportación y la van a tener que seguir haciendo durante mucho tiempo. Deben tener las mejores retribuciones posibles. Y tenemos que ayudarles a que sean lo más competitivos y a que puedan tener hijos.

También está abierto el debate de la subida salarial de los funcionarios.

Los funcionarios tuvieron este año una subida del 2%. En el pacto de rentas todos tenemos que hacer un esfuerzo. Los funcionarios somos trabajadores y tenemos que estar incorporados en ese esfuerzo conjunto. Este año no puede hacerse la subida que sería la más justa, pero hay que tener en cuenta que estamos pidiendo un esfuerzo a todos.

¿Cuál sería la medida que podría en marcha el PP en el Consejo de Ministros de la próxima semana?

Más que una, nosotros propondríamos dos. Una por la vía del ingreso para las familias, y otra por el gasto del Estado. En cuanto a lo primero, lo más urgente es ayudar a las familias con rentas medias y bajas con medidas cuyo efecto noten ya, y para eso impulsaríamos la deflactación del IRPF y la bajada del IVA, del gas e hidrocarburos. Y en cuanto al gasto, haríamos una reducción del gasto superfluo. Si desde el Gobierno están pidiendo un esfuerzo a los trabajadores, el primero que tiene que esforzarse es el que lo pide. Empezando por su Consejo de Ministros, pero se puede hacer mucho más. Por ejemplo, hay que avanzar en la transición digital de la Administración Pública para introducir la inteligencia artificial, el big data o los sistemas robotizados.

Eso exigiría despidos.

La propuesta puede parecer que plantea dos problemas: el empleo y el coste de esa transición digital. El coste lo podemos cubrir con los Fondos Europeos. En cuanto al empleo, en el conjunto de la Administración Pública del Estado se jubilarán de aquí a 2030 entre un 35 y un 40 por ciento de empleados. En Andalucía, por ejemplo, un 50 por ciento. Esto es una oportunidad para hacer una transformación sin necesidad de despedir a nadie. Ejecutamos las jubilaciones previstas y repongo donde realmente hace falta, por ejemplo en Sanidad y en políticas sociales. Ahora, lo que no tiene sentido es que desde junio de 2018 hasta hoy haya crecido la cifra de empleados públicos en 385.000. El sector privado no ha crecido proporcionalmente tanto. Además, en el salario de los funcionarios también habría que valorar y pagar por productividad. El Instituto de Estudios Económicos habla de miles de millones de ahorro en gasto publico. Y también hay un informe de la AIReF sobre las subvenciones que dice que hay subvenciones improductivas que llevan hasta 25 años concediéndose. Eso ya no es un elemento de estimulación, sino un gasto estructural. Es más, también alerta de que hay subvenciones que están fuera de control. Por tanto, claro que hay espacio para actuar sin que sean medidas rechazadas en la calle.

¿Qué haría el PP para contener la inflación?

Hay un contexto internacional que está haciendo que todos los países tengamos unos niveles de inflación altos. Pero cuando ves que Portugal, Francia o Alemania están por debajo de España, entonces sabes que hay algo que no estamos haciendo bien.

¿Cómo lo corregirían ustedes?

Si la inflación esta sumada al precio de determinadas cosas, lo primero que hay que hacer es bajar el precio de esas cosas con una reducción del IVA. El Gobierno ha tardado tres meses en hacernos casos y anunciar la bajada del IVA. También hemos pedido la suspensión del impuesto de hidrocarburos o bajarlo lo máximo que se pueda. En Estados Unidos lo han suspendido. Además, nosotros planteamos el modelo alemán para todo el transporte público con una bonificación importante. Pero, sobre todo, hay que hacer reformas. Modificar todo aquello que lastra o dificulta inversiones en nuestro país, que impide ser atractivo para las inversiones. Y todas estas propuestas de Alberto Núñez Feijóo, planteadas en el plan económico del Partido Popular, se acaban recogiendo incompletas, tarde y mal.

¿El modelo de Ayuso de extender las becas de estudio a las familias que ganan 100.000 euros es exportable a otras comunidades autónomas?

En la Comunidad de Madrid, como explicó perfectamente el presidente Feijóo, hay más becas y con mayor importe que antes. A los que ganan hasta 40.000 euros les llegan más becas, y los recursos que sobran se destinan a otras horquillas de renta que también están haciendo sacrificios.

¿Y no sería mejor dar más a los que menos tienen?

¿Y no será mejor trabajar para que no haya pobreza, en vez de trabajar para intentar acabar con la riqueza? La beca ya les cubre el coste de los estudios. Y las rentas más bajas tienen, además, ayudas en otros campos y sectores. Sobre esto, parece que en la izquierda no tienen claro que hay que acabar con la pobreza, no con la riqueza. Es como si quisieran que seamos todos muy pobres, y si no hay ningún rico, la cosa va bien.

Para el PP, ¿qué es clase media?

En nuestro documento fijábamos el límite en los 40.000 euros. Es un porcentaje que cubre al 75%, más o menos, del conjunto de los españoles que hace la declaración de la renta. Ahora bien, el que gana 60.000 euros tampoco es renta alta, quizá media-alta, aunque la renta media en este país, o el sueldo medio, sea de 26.000 o 27.000 euros. Como ha dicho Feijoo, la renta media no es igual en Madrid que en Galicia, Castilla-La Mancha o Extremadura. Y no es lo mismo que tú pagues 3.000 euros por la universidad, que pagues 900 euros, o que no pagues nada, como ocurre en Andalucía. El Gobierno debería pensar en gastar menos en gasto político y dedicar esos recursos a sanidad, educación y políticas sociales.

¿Volverán a reformar el actual modelo laboral si llegan al Gobierno después de las próximas elecciones?

El modelo actual ha acreditado hasta la fecha dos importantes deficiencias. Tenemos menos horas trabajadas y una baja productividad. A esto se suma que maquilla los datos con los fijos discontinuos. Nuestra reforma tiene que partir del acuerdo de los máximos actores posibles para poner en el centro a los trabajadores y a los empresarios: ambos son los que marcarán el futuro de este país, y entre todos seguro que obtenemos la mejor propuesta.