Español asediado

Dos recientes decisiones del Tribunal Supremo anulan el plan lingüístico de sendos colegios catalanes, uno en Barcelona y otro en Abrera, por excluir el español como lengua vehicular de sus proyectos educativos. No cabe recurso por parte de la Generalitat, por lo que suponen un respaldo considerable y alentador a la labor impagable de protección del español en las aulas que se está llevando a cabo últimamente, sobre todo desde la sociedad civil y ante la inacción del Gobierno central. La importancia de estas dos resoluciones es meridiana y reseñable, ya que por primera vez el más alto órgano jurisdiccional se pronuncia sobre la constitucionalidad de la enseñanza en castellano en los territorios en los que el catalán es lengua cooficial. Y digo esto, aunque sea más largo y farragoso, en lugar de decir «en Cataluña», porque se nos olvida demasiado a menudo que hay otros lugares donde el castellano está viviendo un flagrante acoso en los centros de enseñanza. Me refiero, claro, a la Comunidad Valenciana y a Baleares.

Ninguna de las dos lenguas cooficiales aparece, por ejemplo, como vehicular en la Ley de Educación de las Islas Baleares, aprobada en febrero de este año. Esto, que a priori podría parecer que las iguala, no es realmente así, se trata en realidad de una artimaña casi de trilero: mientras el español no cuenta con ninguna norma que lo ampare, el catalán sí cuenta con un decreto (el conocido como Decreto de Mínimos) que protege a la lengua catalana estableciendo que, como mínimo, debe ser empleada en la mitad del horario lectivo. Un tope que se impone por abajo pero no por arriba. Así que, aunque el fin es, en teoría, que los alumnos adquieran competencias en las dos lenguas cooficiales, lo cierto es que en la práctica los estudiantes están en manos de los centros que, en la inmensa mayoría de los casos, establecen el catalán como lengua vehicular también en ese 50% restante del horario lectivo, sin respetar aquel otro, tan olvidado y maltratado (casi voluntario, más sugerencia que norma) 25% mínimo de lengua castellana en el aula. Y nadie piensa en ellos cuando se reclama en los medios o se anuncian futuras medidas con ánimo electoralista. Ni tan siquiera «Escuela de Todos», la plataforma que reúne a varias asociaciones catalanas para reclamar algo tan básico como que los niños reciban educación en las dos lenguas cooficiales, parece recordar que el problema se extiende más allá de los límites de Cataluña.

Así, las familias que en Baleares, e imagino que también en la Comunidad Valenciana, quieren ver satisfecho su derecho a que sus hijos reciban clases de acuerdo con la ley, se encuentran incluso más desamparadas que allí, donde al menos cuentan con el esfuerzo, el trabajo, el respaldo y el asesoramiento de esa plataforma. Con esto no quiero restar importancia a la labor de «Escuela de Todos», ni muchísimo menos. Más bien, al contrario. Lo que hago es señalar la relevancia que tiene también su labor para otras comunidades autónomas de las que se olvidan políticos y periodistas al reclamar que se cumpla la ley. Es decir, la dimensión del problema es mucho mayor, pues afecta a muchos más niños que también tienen derecho a estudiar en las dos lenguas oficiales de su lugar de residencia, sin que una de ellas se vea relegada a la marginalidad por motivos ideológicos.

El próximo 18 de septiembre saldrán a la calle en Barcelona, bajo el lema «El español, lengua vehicular». No sería un mal momento para que esas otras comunidades denuncien el acoso a nuestra lengua que también allí se sufre.