La Sanidad en la cárcel al borde del colapso: faltan 300 médicos

Almudena Mora lleva 30 años siendo médica en cárceles de España, le quedan dos para poder acogerse a la jubilación y tiene claro que lo hará. Cuando lo haga el centro penitenciario de Villena (Alicante) se quedará sin médicos. Allí trabaja sola desde hace años, aunque recuerda tiempos en los que eran siete en plantilla. “Nosotros hacíamos una atención primaria muy especializada. Ahora estoy yo y viene un chico a ayudarme un par de tardes a la semana”, explica.

Su caso no es ni mucho menos aislado. En las prisiones de toda España faltan nada menos que 300 sanitarios (entre subdirector médico, jefe de servicios médicos, médico y especialista), es decir un 58% de las plazas están vacantes, según datos del pasado mes de junio del Portal de Transparencia del Ministerio del Interior. La situación es verdaderamente grave, por ejemplo, en el caso de los especialistas. Hay cárceles que no los tienen, pero otras que por sus características necesitan, por ejemplo, atención especializada en psiquiatría. De los 35 puestos de trabajo para estos médicos especializados están desocupados 23. Un 65%.

“El VIH, las enfermedades mentales, la medicina interna, la psiquiatría... requiere muchas visitas programadas. Ahora no nos da tiempo. Yo lo que hago es a demanda. Los internos me echan instancias y voy a verlos”, explica Mora, que pertenece a el sindicato mayoritario TAMPM. “En su momento conseguimos erradicar las hepatitis C en prisiones, ¿qué pasa ahora? que hay un rebrote”, señala aunque lo que verdaderamente preocupa, dice, “la salud mental”.

Instituciones Penitenciarias saca cada año a concurso tandas de plazas sin cubrir, por ejemplo, las últimas se publicaron en el BOE a principios de julio. Pero saben que no las llegan a ocupar. “Hay un problema, efectivamente, y no nos es ajeno”, señalan desde la Secretaría General de prisiones. Aluden a una ley firmada en 2003 (Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud) por la que las Comunidades Autónomas debían hacerse cargo de la sanidad también en las cárceles. Y no se cumple. “Al final deberían funcionar como centros de salud, igual que el sistema educativo. Los profesores sí fueron asumidos por las comunidades autónomas”, explica el portavoz del sindicato mayoritario ACAIP -UGT Joaquín Leyva. “Hoy por hoy los centros educativos de las cárceles tienen profesores de las Comunidades Autónomas. Eso se tenía que haber hecho hace 17 años con la sanidad”, reclama.

La médica Mora enumera otros factores: “Hay desconocimiento. La gente no sabe cuál es el trabajo de un médico de prisión. También te pagan menos, no tenemos Internet en las prisiones por lo que no hay comunicación con los médicos del exterior, no te promocionan profesionalmente...”.

La mayoría de los profesionales que se reclaman en los centros penitenciarios son médicos de familia, unas plazas poco jugosas para los estudiantes que, normalmente, siempre se eligen las últimas en el MIR y que, incluso, quedan vacantes. Y mientras la sanidad penitenciaria se desangra, desde el Ministerio del Interior buscan algunas soluciones como la recién instaurada telesanidad (a finales de 2021 comenzó como proyecto piloto en dos cárceles) para tratar a través de Internet casos de urgencia cuando el médico no esté presente.

“Cuando yo no estoy mis compañeros de otras prisiones hacen telemedicina desde sus casas. Es tan ridículo como que el interno va a la enfermería y a través de una cámara ven qué le pasa. Pero ahí no puedes auscultar, no puedes mirar una garganta, no puedes palpar una barriga por un apendicitis, no puedes valorar una situación de ansiedad”, explica la especialista. “Los médicos como no pueden ver al paciente bien, pues aumentan muchísimo las salidas al hospital con el gasto que eso conlleva y con la peligrosidad”, remarca.

Los sindicatos ven esto como un “parche” que mantiene la sobrecarga de trabajo en niveles muy alto porque estos médicos desde casa pueden atender a cinco o seis prisiones a la vez. Por eso han recurrido al Defensor del Pueblo que acaba de admitir a trámite una queja del sindicato ACAIP-UGT. La admisión la firma Teresa Jiménez-Becerril, adjunta primera del Defensor del Pueblo, quien indica que primero pedirá información al Ministerio del Interior.

Desde Instituciones Penitenciarias defienden que este tipo de consultas se están instaurando en la sanidad de muchas comunidades autónomas y que el interno cuenta con un enfermero o personal sanitario auxiliar en el momento de la consulta. Además, subrayan que siempre que existe una urgencia la primera salida es el hospital. “Estamos aprovechando recursos porque la situación es lo que es, no la negamos”, señalan.