Terrorismo

Las víctimas de ETA temen que los presos acercados terminen en la calle en Navidad

Aunque el Gobierno de Sánchez no es el que más terroristas ha trasladado, esta es la primera vez que el País Vasco tiene las competencias en Prisiones para conceder semilibertades

Acto en Bilbao con imágenes de presos de ETA
Acto en Bilbao con imágenes de presos de ETADIGNIDAD Y JUSTICIAfreemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@69f48aa5

Los últimos acercamientos de presos de ETA al País Vasco a los que el Gobierno ha dado luz verde han atizado esta semana un fuego que nunca se ha terminado de apagar. Una parte de las víctimas del terrorismo se siente traicionada porque el ministro del Interior haya movido ya a 143 etarras a esta comunidad incluyendo a algunos tan sanguinarios como el asesino de Miguel Ángel Blanco, mientras que otro sector se muestra especialmente preocupado de que los traslados redunden en beneficios penitenciarios. La diferencia entre estos y los acercamientos promovidos por gobiernos anteriores es que por primera vez las competencias de Prisiones dependen de Euskadi, así que decisiones como las semilibertades son en última instancia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Y si bien esto puede ser revocado por un juez, el tiempo que tarda en tramitarse el recurso los terroristas están en la calle, como en el caso del Joseba Arregi Erostarbe, «Fiti», que lleva seis meses a la espera de resolución.

«ETA siempre ha dicho que no los quieren cerca, los quieren libres», señala el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Miguel Folguera. Actualmente cerca de un 70% de presos de ETA están ya en prisiones vascas y navarras, su aspiración más histórica solo superada por la amnistía. La decisión de repartir a los condenados y alejarlos buscaba evitar que la banda terrorista se organizara desde las celdas y sus familias o visitas actuaran como correa de transmisión para seguir pasando información.

El Gobierno defiende con el fin de ETA (oficialmente desde 2018) ya no tiene sentido la disgregación de cárceles porque la Ley dice sobre la ubicación [artículo 12 de la Ley Orgánica Penitenciaria] que se intentará evitar el «desarraigo social de los penados». Sin embargo, las víctimas señalan que la organización criminal nunca ha colaborado ni con la Justicia ni con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la resolución de los casos pendientes. «La política de dispersión era también buscar una colaboración efectiva. Hay 379 asesinatos sin resolver y que no han prescrito y no se está pidiendo nada a cambio de los acercamientos. Se ha perdido una oportunidad de oro», lamenta el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.

Está asociación ha logrado a lo largo de 2022 que la Audiencia Nacional reabra varios sumarios para juzgar el papel de las cúpulas de ETA en crímenes como el del juez Querol, el atentado de Santa Pola, el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco o del concejal del PSOE Gregorio Ordoñez. Precisamente, el autor de este crimen Xabier García Gaztelu, «Txapote», fue uno de los terroristas acercados en la última tanda que Interior anunció esta semana. «Me parece una indignidad y una temeridad por parte del Gobierno despreciar estas causas en la Audiencia Nacional», subraya Montero.

La oposición ha cargado contra el responsable de Interior,Fernando Grande-Marlaska, porque creen que este goteo de traslados es el pago a socios de gobierno como EH Bildu. Lo cierto es que el Ejecutivo, que lleva en total 345 traslados, no es el que más presos ha enviado al País Vasco o territorios colindantes: con Felipe González se movieron 569 etarras; con José María Aznar 426; con José Luis Rodríguez Zapatero 237; y con Mariano Rajoy solo 40, el que menos con mucha diferencia, según los datos que reúne la AVT.

Lo que marca la diferencia es que desde octubre del pasado año la competencia de las tres prisiones que hay en Euskadi (Zaballa en Álava, Martutene en Guipúzcoa y Basauri en Bilbao) son del PNV. Algo que solo se replica en Cataluña, mientras que todo el resto de España depende de Interior. «Aquí no está cambiando nada, no se están recortando las condenas. Van a cumplir íntegramente todos estos presos», defendió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jueves en una entrevista en la Cadena SER. Pero lo cierto es que la decisión de si cumplen o no ya no está en su mano. Y en esto todas las asociaciones de víctimas sí coinciden, van a estar vigilantes.

«A mí nunca me importando dónde cumplan condena los asesinos de mi hermano [Gregorio Ordóñez], lo que me importa es que la cumplan», señala la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), Consuelo Ordoñez. «Voy a estar muy atenta siempre a las progresiones de grado y se lo he dicho a ellos. Esto lo voy a mirar con lupa y lo voy a contrastar con la Audiencia Nacional», matiza.

En la actualidad, la mayoría de los presos de los centros penitenciarios de Euskadi están en segundo y tercer grado, desde los que pueden acceder a permisos y, eventualmente, a la semilibertad. La progresión de los grados (revisables cada seis meses) la estudia en primer lugar la Junta de Tratamiento -formada por el director de la cárcel, juristas, médicos, psicólogos y trabajadores del centro- que elaboran una propuesta en favor o en contra de la petición. Pero quien resuelve es la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en el caso de todos los presos en territorio bajo la jurisdicción de Interior y en el caso de las cárceles vascas ahora la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del País Vasco.

Estas decisiones son recurribles, no obstante, ante la Audiencia Nacional al tratarse de terrorismo por lo que, al final, recae en el juez de vigilancia penitenciaria el que un preso termine en semilibertad o no. Si bien, muchas veces durante el tiempo que tarde en resolverse el recurso que puede interponer el propio interno o la Fiscalía si no está de acuerdo, los etarras están en la calle.

Este es el caso por ejemplo de «Fiti» a quien Euskadi concedió el tercer grado -junto a otros ocho etarras más- el pasado mes de marzo y el fiscal Carlos Bautista lo impugnó. Desde entonces, según fuentes jurídicas, el juez está a la espera de resolver el asunto y él fuera de prisión. El Ejecutivo vasco ha concedido numerosos terceros grados en los últimos meses porque ya Urkullu avanzó cuando recibió el mando de Prisiones que su idea era hacer un régimen donde se priorizara la semilibertad.