A Miguel Ángel Blanco lo han asesinado dos veces

Al diputado del PP por Ermua Miguel Ángel Blanco Garrido lo han asesinado dos veces, como señalaba acertadamente estos días un directivo de las víctimas del terrorismo. El día que el pistolero etarra Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», le descerrajó dos tiros en la cabeza en un paraje de Lasarte (Guipúzcoa); y esta semana, cuando se anunció el traslado a una cárcel del País Vasco (se omite la información concreta por razones que no se entienden) del citado terrorista.

Al representante municipal lo secuestraron en venganza por el brillante rescate protagonizado por la Guardia Civil en la persona del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Pero, al hacerlo, repitieron las mismas exigencias que sabían que no se podían cumplir: el traslado de todos los presos etarras a cárceles del País Vasco. Y, para colmo, dieron un plazo de 48 horas. Era la crónica de un asesinato anunciado. Han pasado los años y por las necesidades políticas del actual Gobierno, los que representan a lo que fue el entramado político de ETA han logrado, bien es verdad que por vías «pacíficas», que no pueden hacer olvidar las violentas de antaño, las exigencias de la banda criminal.

Y, entre ellas, en un hecho particularmente macabro, se incluye en el «lote» de los etarras beneficiados a «Txapote», el que dio a Blanco los dos tiros en la cabeza para que sus compinches, entonces presos, fueran trasladados; y, ahora, él mismo, se encuentre en un centro penitenciario del País Vasco, cerca de su familia, que no tendrá que recorrer nada más que unos pocos kilómetros para ir a visitarle; o le verán entrar por la puerta de casa con una pulsera telemática de control o lo que proceda.

Es una situación en la que se puede hablar, como se decía al comienzo, de un doble asesinato. El físico, cometido en su día con la cobardía de disparar a un joven que no se podía defender, al que habían mantenido escondido en el maletero de un automóvil durante 48 horas sin darle de comer; y el de ahora, cuando su verdugo ve cumplidas las exigencias por las que cometió tan vil acción.

García, y los demás etarras que ya están en cárceles del País Vasco y Navarra, interiorizan en estos tiempos, desde que llegó el actual Gobierno al poder gracias a los votos de EhBildu, que sus andaduras criminales tuvieron una utilidad. Cuando, tras complejas operaciones antiterroristas eran detenidos por la Guardia Civil o la Policía Nacional, veían el horizonte oscuro y, en función de los delitos cometidos, un periodo más o menos largo en la cárcel, lejos de sus casas.

Fue precisamente un Gobierno socialista y su ministro de Justicia, Enrique Múgica, ya fallecido, el que puso en marcha la política de dispersión de los reclusos. En un reportaje que realicé, en agosto de 1986, en Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde cumplían condena 231 etarras, la situación era kafkiana. En la práctica, los reclusos «controlaban» la prisión, amedrentaban a los funcionarios, elegían los menús semanalmente, un jefe por módulo negociaba con el director diversos asuntos de orden interno y un largo etcétera. Aquello era intolerable y, además, impedía que algún etarra desobedeciera las órdenes de los dirigentes de la banda que llegaban de Francia. Múgica puso fin a todo aquello y, si hoy estuviera entre nosotros, sería interesante escuchar sus comentarios, sobre todo si tenemos en cuenta que su hermano Fernando fue asesinado por el etarra «Txapote».

Otro de los etarras beneficiados en la última tanda de traslados (como en el anuncio de «El Almendro», por Navidad estarán todos en el País Vasco y Navarra), es Henri Parot, el jefe del “comando Argala”,el arma secreta de ETA que pasaba inadvertido porque todos sus integrantes eran ciudadanos franceses.

Cuando se releen las extensas declaraciones que realizó a la Guardia Civil, indigna la frialdad con la que cuenta, con todo detalle, sus crímenes: quién se los ordenaba, quién les entrenó; las motivaciones (en el caso de la masacre de Zaragoza, para forzar al Gobierno a que cediera en las negociaciones de Argel).

Y en este punto, volvemos a la doble consecuencia del crimen cometido y los logros, con el paso, del tiempo, conseguidos por ETA y su entramado. Uno de los puntos de las conversaciones entre la banda y el Ejecutivo ha sido siempre una nueva amnistía (imposible, al estar prohibida por la Constitución); o, alternativamente, el traslado de los presos cerca de sus lugares de procedencia. Están a punto de conseguirlo por completo.

Parot, cuando, un día de estos, sea conducido hasta su nueva cárcel de residencia, no podrá dejar de sentir de que todo el mal que hizo ha tenido, al final, un premio.

Quienes han tomado estas decisiones, deberían reflexionar sobre el daño que hacen a las víctimas frente a la alegría de los criminales y sus allegados.