La Audiencia Nacional reabre un nuevo caso contra la cúpula de ETA por el asesinato en Santa Pola

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha admitido a trámite una querella que reabre la investigación sobre un coche bomba en la localidad costera de Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002 que acabó con la vida de una niña de 6 años, Silvia Martínez Santiago, y de un hombre, Cecilio Gallego Alaminos, al lado de un cuartel de la Guardia Civil. El magistrado ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie, según las fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN y está a la espera de lo que diga el Ministerio Público, si bien la intención es continuar con la instrucción en cualquier caso. Este se suma así a una serie de causas sobre crímenes de ETA que se están volviendo a revisar para determinar si, además de los autores materiales, se puede ir contra las cúpulas que organizaron y dieron la orden. El de Santa Pola junto al del asesinato de Miguel Ángel Blanco han sido las últimas reaperturas.

En un auto del pasado 11 de marzo, García Castellón incoa diligencias previas para practicar pruebas que puedan esclarecer si, además de los dos terroristas que ya hay condenados -Oscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso-, se puede llegar más arriba, concretamente al comité ejecutivo o Zuba. La querella interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia, a la que ha tenido acceso este periódico, pide que se oficie a las unidades de Información tanto de la Policía como de la Guardia Civil para que elaboren un informe sobre la cúpula de la banda terrorista especificando el «modus operandi» y los mecanismos internos de jerarquía. El objetivo es demostrar que sin la orden superior los de abajo no podían actuar.

Piden, además, que se tome declaración a seis miembros contra los que se dirige la querella: Juan Antonio Olarra, alias ‘Juanvi’; Ainhoa Mugica Goñi, ‘Olga’; Félix Ignacio Esparza Luri, alias ‘Navarro’; Mikel Albisu Iriarte, alias ‘Mikel Antza’; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, alias ‘Txango’; y Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’.

Los dos terroristas a los que se consideró autores de los hechos se instalaron en una tienda de campaña compartido en un camping durante unos días aquel verano de 2002. No tenían coche, solo dos motocicletas y una más que alquilaron estando allí para fugarse. Según la sentencia en firme -con fecha de mayo de 2012- a las 20:30 de ese 4 de agosto, mientras estaban numerosas familias con sus hijos en sus casas «totalmente indefensas», dejaron un vehículo bomba cerca del cuartel, de viviendas y de una parada de autobús muy frecuentada. El resultado fueron dos muertos y numerosas personas con lesiones y heridas. El peritaje del grupo de artefactos y explosivos (Tedax) determinó que el coche llevaba 100 kg de explosivo, una cantidad que triplica los 30 kg de otros grandes atentados como el coche bomba que se puso en Querol en Madrid en el año 2000.

En esa sentencia los hechos probados remarcan que los dos condenados «se limitaron a recoger el coche bomba ya preparado y cargado con los 100 kg de explosivos que les fueron entregado desde Francia». Aquí está la clave para el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias responsable de la querella es que, entonces, los que perpetraron el atentado eran meros peones y que los que lo planearon, prepararon el coche y lo llevaron hasta Santa Pola fueron los verdaderos ideólogos que, sin embargo, no han sido juzgados. Una vez más, las cúpulas.

«No disponían por sí mismo de absolutamente ninguna infraestructura, nada», dice la querella. «Solo la Zuba (ubicada precisamente en Francia) puede proveer al comando de una tal cantidad de explosivos y de tales medios ya preparados. Solo la Zuba puede hacer trasladar todo ellos de forma clandestina y exitosa por caso ochocientos kilómetros de carretera». No tenían un garaje alquilado para poder ocultar el coche, por lo que los querellantes ven claro que esas dos únicas personas no procedieron por su cuenta. «Si se analiza friamente es imposible no ver la sobresaliente coordinación de medios terroristas, ETA debió movilizar y coordinar mínimo a 10 personas distintas, detrás de esos dos terroristas desplazados a Santa Pola», indican.

Además, señalan que poco después varios de estos terroristas fueron detenidos en Burdeos y Luchon (Francia) y el propio Ministro del Interior en ese momento, Ángel Acebes, indicó que preparaban un «inminente» atentado. Nada de esto se ha tenido en cuenta hasta ahora, pero es relevante conocer cómo funcionaba ETA como una organización muy jerárquica con férrea dependencia en la que nadie actuaba por su cuenta, explican.

Precisamente, con este mismo pretexto, el de ir contra las cúpulas, se han reabierto en los últimos meses varios casos en la Audiencia Nacional. García Castellón lo ha hecho con el asesinato del exconcejal del PP Miguel Ángel Blanco, pero anteriormente el magistrado Alejandro Abascal lo hizo con el crimen de Gregorio Ordóñez o los atentados de la T4 y lo mismo el juez Santiago Pedraz con el asesinato de Querol.

Miguel Ángel Blanco y los otros casos

Con este mismo objetivo de ir contra los de arriba, varios Juzgados en la Audiencia Nacional han reabierto causas en los últimos meses. La última, también del magistrado García Castellón relativa al asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, en 1997. La misma Asociación cita hasta nueve dirigentes que pudieron estar detrás de la organización intelectual del secuestro y posterior crimen.

También en este caso ya hay condenados. En 2006 la Audiencia Nacional condenó a 50 años de cárcel a ‘Txapote’ y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui, conocida como ‘Amaia’. Pero para Dignidad y Justicia estos son “peones fungibles”, es decir, son sustituibles por cualquier otra persona que apretara el gatillo y el verdadero crimen está planificado desde la cúpula de la organización terrorista.

En la misma línea el magistrado Alejandro Abascal ha reabierto dos casos más: el de la bomba en la T4 del Aeropuerto y el del asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordoñez. Asimismo, el juez Santiago Pedraz acordó tomarle declaración a una docena de etarras por el asesinato del juez Francisco Querol en el año 2000.