Tras la tensión

El PP envía una carta al Gobierno y recurre a Europa para renovar el CGPJ

Los populares transmite a la Unión Europea su propuesta para reformar el sistema de elección de los jueces

Cuca Gamarra aseguró ayer en el Congreso que el PP mantiene una “voluntad inequívoca” de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y esas palabras se han traducido en hechos este mismo viernes. Los populares han enviado una carta al Gobierno, sellada por Esteban González Pons, para retomar las conversaciones y renovar el gobierno de los jueces, que lleva ya casi cuatro años de forma interina. Pese a la mano tendida del PP, el clima con los socialistas continúa siendo bastante tenso: a la vista está que en las última horas han continuado las descalificaciones contra Alberto Núñez Feijóo. Es por ello, también, que los populares han dado un paso más y han recurrido a Europa para tratar que intervenga en este embrollo.

En la misiva remitida al Gobierno, los populares subrayan sus condiciones: renovar el CGPJ con el sistema actual de elección (es decir, 10 vocales elegidos por el Congreso y otros 10 por el Senado) y, a partir de ahí, promover una reforma legislativa que termine con la injerencia política y sean los jueces quienes elijan a los jueces. Esto es lo que pide la Unión Europea, por lo que, a priori, si acaba interviniendo, los populares pueden lograr una posición de fuerza. González Pons ha remitido la misma propuesta enviada al Gobierno a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová y al Comisario de Justicia, Didier Reynders.

En este sentido, cabe recordar el énfasis que lleva haciendo Jourová en los últimos tiempos (la última vez, en una visita a España en junio) para que se modifique el actual sistema de elección de los jueces, puesto en marcha en 1985, y se acabe con las injerencias políticas. “Es anacrónico que, a estas alturas de nuestra democracia, la elección de los representantes de los jueces siga dependiendo de la decisión arbitraria de los cargos políticos”, señala el PP en la carta remitida al Gobierno, reenviada a Europa.

En este sentido, lo que plantea el PP es que, simultáneamente a la renovación del CGPJ, se presente una proposición de ley en el Congreso sellada por populares y PSOE y tramitada por el procedimiento de urgencia con hasta 11 puntos, muchos de ellos dirigidos a “despolitizar la justicia”. Así, se plantea que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años desde su cese; no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores; o, se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores.

Asimismo, la propuesta legislativa recoge la regulación de la Comisión de Calificación para que se establezca nuevamente con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales, al objeto de motivar justificadamente los nombramientos; plantea que “todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos (13 votos de los 21)” y que “para ser nombrado magistrado del TS se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo”; aumentar la planta judicial en cuanto al número de jueces con 200 plazas más al años para dar respuesta a la “creciente litigiosidad”; y, mantener el actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición.

En la carta, también se especifica que la negociación con el Gobierno para la renovación del CGPJ se llevará a cabo en las Cortes (donde se escojan a los vocales del CGPJ) y se indica que que serán los miembros del CGPJ y el Tribunal Constitucional (TC) quienes elijan a sus respectivos presidentes “sin pactos previos ni indicación externa de ningún tipo”.