Esquerra, PNV y Bildu facilitan el trámite del impuesto a banca y energéticas

Sin concertación, no habrá impuesto a la banca y las energéticas. Así se lo han trasladado PNV y Bildu al Gobierno este martes: las dos formaciones exigen que las haciendas forales de País Vasco y Navarra recauden el tributo ya que, tal y como está planteado ahora mismo en la proposición de ley, sería el Estado quien ingrese el dinero. De momento, nadie (ni en el departamento de Hacienda del País Vasco ni el Ministerio de Hacienda) posee estimaciones de cuánto dinero recaudarían el País Vasco y Navarra por este gravamen extraordinario (técnicamente, en el Gobierno aseguran que no es un tributo), pero, probablemente, será una buena suma de los 7.000 millones previstos entre 2023 y 2024 teniendo en cuenta que allí están radicadas empresas grandes como Iberdrola, BBVA, Petronor (filial de Repsol) o Kutxabank.

Y sin ceder a esta exigencia, el Gobierno se quedaría sin impuesto, una de las medidas que Pedro Sánchez anunció en julio como revulsivo para tratar de remontar en las encuestas y situar como punta de lanza de sus ataques con el sector de la banca y el de las energéticas. El gravamen está previsto que recaude 3.500 millones de euros cada año (2.000 en las energéticas y 1.500 en la banca), aunque podría elevarse todavía más ese botín si la cifra de negocio de las grandes empresas de ambos sectores crece aún más.

En cualquier caso, de momento, el tributo superará el primer paso con el apoyo de la mayoría de la investidura: principalmente, con el respaldo de ERC, PNV y Bildu. El PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra. En total, 187 votos a favor y 153, en contra.

PNV y Bildu, no obstante, han dado un “sí” condicionado a subsanar fundamentalmente la cuestión de la recaudación: si no se corrige, ya han advertido que no darán su plácet más adelante. Sánchez se ha comprometido de palabra a modificar este punto aludiendo a que cumplirá con el “reparto competencial”, aunque está por ver cómo queda todo a nivel jurídico porque realmente la medida está diseñada como una “prestación pública no tributaria”, que es una figura distinta a un impuesto (y en el PSOE insisten mucho en matizar en que no es un impuesto) y queda, por tanto, fuera del alcance de la legislación y recaudación vasca y navarra (solo tienen competencia sobre impuestos). También cabe recordar que este choque competencial se produce en un momento en que el PNV está presionando más que nunca para que el Gobierno cumpla con el calendario de transferencias.

Los nacionalistas vascos, en todo caso, han mostrado mucho malestar porque la elaboración del impuesto se ha tramitado con prisas, como proposición de ley en vez de hacerlo vía proyecto de ley, para que pase los filtros de los órganos consultivos, y malestar también porque se grava la cifra de negocio en lugar de solos los beneficios extraordinarios. Los independentistas vascos, en cambio, piden más ambición porque consideran que se grava poco los beneficios de la banca y las energéticas: ven más margen y reclaman que no sea “temporal” sino permanente.

Esquerra ha reclamado, sobre todo, que “no se quede en un titular y sean valientes” y ha vuelto a exigir la reforma fiscal, que el Gobierno ha evitado afrontar por ahora. JxCat y PDeCat, en cambio, han planteado más dudas: el partido de Míriam Nogueras no ha desvelado aún el voto, mientras que el de Ferran Bel ha avanzado una abstención porque lo “ve poco depurado desde la óptica legislativa” y no le parece “acertada” la formulación.

En el PP, Mario Garcés ha criticado que el Gobierno ha emprendido un viaje a “la irracionalidad fiscal” con un impuesto que socava los “principios constitucionales”. “Quien haya hecho este texto, que vuelva a la Facultad de Derecho, qué engendro jurídico”, ha calificado, poniendo en duda la calidad jurídica del texto, y lamentando que no se espere a que haya un consenso en Europa sobre el impuesto a las energéticas, a la espera de ver qué rumbo marca la Comisión Europea. Pero también ha reprochado el fondo ya que, a su juicio, solo deteriora la economía: “Ustedes no persiguen que no haya pobres sino que no haya ricos”, ha afirmado.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha augurado que este impuesto “no va a ser temporal” sino que viene para quedarse (es decir, se va a prolongar más allá de 2024). A su juicio, la creación del impuesto sirve para “tapar las torpezas de Sánchez”: ahora, el “nuevo mantra son los poderes oscuros”.

IRPF

También este martes se debate una proposición no de ley del PP para ajustar el IRPF a la inflación (para evitar que las subidas salariales queden neutralizadas por el impuesto), pero el PSOE la rechazará. Según ha expuesto Patxi López, lo hará porque es una medida que beneficia a los que más tienen ya que, a su juicio, se aprovecharían más quienes más ganan porque dejarían de pagar más. No obstante, la propuesta del PP solo afecta a las rentas medias y bajas (por debajo de los 40.000 euros).

Gamarra ha lamentado el posicionamiento del PSOE ya que prevé que el Gobierno cierre este año con 32.000 millones de euros extra de recaudación gracias a la inflación y porque es una medida que los socialistas han apoyado en País Vasco y Navarra. “Hay que tener un poco de coherencia. Hay que garantizar la igualdad entre todos los españoles. Se está creando españoles de primera y españoles de segunda”, ha afirmado.