Moncloa apela a la «conciencia social» para «ganar» la guerra fiscal al PP

El Gobierno persiste en su estrategia de desgaste al PP. Consideran que la manera de desinflar el «efecto Feijóo» pasa por erosionar su figura y la vocación mayoritaria de su proyecto, en un momento de crisis global y cambio de paradigma, en el que se apuesta por blindar el Estado del Bienestar y defender a los más vulnerables. El Gobierno consiguió establecer lo que denominan «el marco» con la oposición del PP al impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca. La negativa de los populares a apoyar siquiera su debate en el Congreso, revisada posteriormente en un alineamiento con las tesis de Bruselas, permitió a Moncloa ubicar al principal partido de la oposición en la defensa de los intereses de los «poderosos». Una posición que contrasta con la protección de la «mayoría social», que dice representar el Ejecutivo. Ahora, el Gobierno encuentra en el debate fiscal un nuevo acicate para seguir librando la batalla ideológica.

La decisión de Andalucía de eliminar el impuesto de Patrimonio se utiliza y contrapone con la aprobación por parte del Ejecutivo, ayer en Consejo de Ministros, de la rebaja del IVA del gas (del 21 al 5%). La proclama es sencilla y se repetirá hasta la saciedad, mientras el Gobierno aprueba rebajas fiscales para «la mayoría», el PP avanza en «regalos» fiscales para «los privilegiados», una «minoría» con patrimonios superiores al millón de euros. El Ejecutivo intenta así sortear la amenaza fiscal y volverla a su favor. Fuentes gubernamentales creen que pueden salir victoriosos de esta pugna, porque, más allá del trazo grueso –«la eliminación de impuestos puede sonar muy bien», dicen–, la mayoría de los ciudadanos no está entre «ese grupo de elegidos», un 0,2%. Una mayoría que prioriza la «conciencia social» sobre el «individualismo» del PP y que asume que con los impuestos se sufraga la sanidad, la educación o la dependencia de la que disfrutamos todos.

El Ejecutivo está inmerso en ese ejercicio de pedagogía que Sánchez pidió a los suyos a principio de curso. Hasta tal punto de protagonizar escenas ciertamente hilarantes, como la de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que se lanzó ayer en una reflexión impostada, dirigida a los españoles y mirando directamente a cámara tras el Consejo de Ministros. «¿Piensa usted que está entre los elegidos a ser eximidos de ese impuesto? Pues no. Son un grupo de elegidos con patrimonios superiores al millón de euros. Serían pocos los que podrían levantar la mano. Si la pregunta es si está usted entre los elegidos, “no, no estoy entre los privilegiados”. ¿Cree que le beneficia? La respuesta lógica es no. ¿Y cree que esta decisión le afecta? –continuó con el monólogo preparado–. Claro que le afecta, se va a dejar de recaudar más de cien millones por eliminar o regalar a los más ricos este impuesto, y los impuestos están para contratar maestros, médicos, para comprar libros de texto... Es un debate muy importante y apasionante para confrontar modelos», aseguró Rodríguez.

De este modo, el Ejecutivo se arroga la defensa de «la mayoría» y la apuesta por «reforzar lo público», frente al proyecto del PP que «elimina impuestos a los privilegiados» y detrae recursos para las Comunidades Autónomas. Olvida el Gobierno que fue José Luis Rodríguez Zapatero, quien en 2008 suprimió el impuesto de Patrimonio con el argumento de que perjudicaba a “las clases medias”. El mismo presidente socialista que lo recuperó tres años después, en plena crisis económica, para patrimonios superiores a 700.000 euros. De hecho, el propio Sánchez en 2020 se comprometió con ERC a armonizar este tributo para conseguir su apoyo a los Presupuestos. Ahora, Moncloa aleja esta eventualidad, ligándola a la reforma del sistema de financiación autonómica que ha adquirido ya el cariz de quimera. El Gobierno tuvo que salir así al paso de las declaraciones «a título personal» del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, abogando por recentralizar impuestos. «No está sobre la mesa», señalan en Moncloa, que se ponen de perfil y lo fían a una reforma futura.