Moncloa usa el impuesto a la banca y las energéticas para desgastar a Feijóo: «Tenemos el marco»

Hace tiempo que el Gobierno certificó que su campaña de alentar el «miedo a Vox» no funcionaba en las urnas. Fue capital para movilizar en las generales del 28 de abril con la «foto de Colón» todavía viva en la retina de los electores, pero insuficiente en otras convocatorias en las que, una ultraderecha ya normalizada en las instituciones, no era advertida como un riesgo para la democracia. A raíz de la debacle de las andaluzas, en las que los estertores de esa estrategia solo sirvieron para multiplicar las papeletas del PP –visualizando que reforzar la mayoría de Juanma Moreno era la única alternativa para que Vox no tuviera peso, dado que el PSOE rechazaba abstenerse para evitarlo–, en Moncloa optaron por reordenar sus prioridades y buscar un enemigo más reconocible. No tanto que generase ese miedo que habían azuzado, sino que despertase un rechazo del que poder obtener rédito. En un contexto de crisis económica y alza inflacionista, se identificó a la banca y las energéticas como el nuevo antagonista.

De buscar su complicidad en la apertura del curso político, para vender un perfil moderado flanqueado por el IBEX, a gravar sus beneficios extraordinarios en un giro a la izquierda. ¿Quién no estaría de acuerdo en que quienes se han visto favorecidos por las infaustas consecuencias de la guerra en Ucrania arrimen más el hombro? En esta dinámica de ganadores y perdedores, «los de arriba» y «los de abajo», buenos y malos al fin y al cabo, el Gobierno ha aprovechado para alinear al PP con los intereses de los poderosos, en lugar de con los de la mayoría social. Una mayoría que, dicen, representa el Ejecutivo con su agenda legislativa para paliar las consecuencias de la invasión de Putin. «Feijóo ha elegido a la banca en lugar de a las familias», señalan en Moncloa.

El argumento lleva semanas desplegándose, desde que Sánchez hiciera el anuncio, el pasado mes de julio en el debate sobre el estado de la nación, de que se impulsaría un gravamen para banca y energéticas. La ambigüedad inicial del PP sobre la cuestión dio alas al mensaje, pero el hecho de que este martes se posicionaran en contra –incluso del debate, oponiéndose a la admisión a trámite de la iniciativa– ha hecho que el resultado sea completo. «Tenemos el marco», se felicitan fuentes gubernamentales, que resaltan las diferencias que existen incluso en el propio seno del PP –que barajó la abstención– sobre su rechazo a la medida. «Es muy difícil de explicar», señalan en Moncloa, que están dispuestos a exprimir al máximo este posicionamiento, como hizo ya ayer desde tribuna el presidente del Gobierno, acusando a los populares de «votar en contra de todas las medidas que benefician a este país». «El programa del PP es el programa de las grandes energéticas», espetó Sánchez a la portavoz del principal partido de la oposición, Cuca Gamarra, durante la sesión de control al Gobierno.

Por si el posicionamiento del PP nacional no fuera suficiente herramienta de erosión, en paralelo a la sesión plenaria en el Congreso se desarrollaba en el Parlamento Europeo el debate del Estado de la Unión, en el que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen (alemana de la CDU, miembro del PP europeo), avanzó algunas de sus propuestas para encarar el invierno, entre las que estaba el nuevo tope europeo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas –incluido el límite al precio de renovables y la nueva tasa a las industrias fósiles– que permitirá recaudar «140.000 millones de euros». Esta coincidencia tampoco se dejó pasar por parte de los socialistas que cargaron contra los populares por la contradicción de su posicionamiento con el de sus colegas europeos. Desde el PP respondieron que «la tasa que plantea Europa tiene carácter finalista y va directamente enfocada a bajar los recibos de los europeos, y por tanto de los españoles; mientras que el impuesto que plantea Sánchez sólo está enfocado a subir la recaudación».