José Antonio Vera

Peor trato que al inglés

El bilingüismo ha sido siempre un valor, una suerte, una ventaja

El presidente de la Generaliat, Pere Aragonès, junto a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, durante la reunión semanal del Govern celebrada este martes en pleno debate sobre la reforma del delito de sedición. EFE/Toni Albir
El presidente de la Generaliat, Pere Aragonès, junto a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, durante la reunión semanal del Govern celebrada este martes en pleno debate sobre la reforma del delito de sedición. EFE/Toni AlbirToni AlbirAgencia EFE

Ya era hora que desde Europa se atiendan las peticiones de amparo de los padres catalanes marginados por la Generalitat. Progenitores que solo piden que sus hijos tengan un buen nivel de lengua catalana, por supuesto, pero también de español. En realidad, el 25 por ciento decretado por el TSJ, y pisoteado por las autoridades «indepes» con la aquiescencia de Illa, el PSC y el Gobierno de Sánchez, es poco o nada comparado con lo que debería ser normal y justo para estas familias: nunca menos de un 50 por ciento. Como la Galicia de Feijóo, por ejemplo. Aunque dando por correcto ese 25 vehicular que los tribunales reconocen, la solución para el Gobierno de Aragonés es fácil: impartir al menos un par de asignaturas en castellano, lo que no representa ninguna afrenta para nadie. Salvo que se pretenda humillar al español, pisotearlo y retirarlo de la vida pública. Al español o al castellano, tal y como me corrigió un día Pujol en Sant Jaume: «Oiga, diga el castellano, por favor, porque el catalán también es español». Cierto que lo es, president, aunque no sé si entonces lo decía por remarcar que el catalán es, ciertamente, una bella lengua española, o lo que pretendía era acentuar la palabra «castellano», idioma extraño y distinto a «la lengua propia de los catalanes», que según ellos es solo la de Joanot Martorell. La realidad es que una y otra son españolas, y el castellano es tan lengua propia de Cataluña como el catalán, por mucho que Aragonés, Illa o Iceta se empeñen en lo contrario.

El bilingüismo ha sido siempre un valor, una suerte, una ventaja. Hablar dos lenguas a la perfección es mejor que hablar solo una. Se lo dijimos muchas veces a los hispanos residentes en Estados Unidos, que en un primer momento reniegan de la lengua castellana para no ser marginados por la sociedad racista de los anglos blancos norteamericanos. Cuando se dan cuenta, perseveran en esa ventaja que les da un mayor nivel para desenvolverse en un mundo global en el que el español es hablado por 560 millones de personas, 56 de ellos en EE UU.

Ventaja cultural evidente que el nacionalismo ultramontano de Puigdemont, Puigneró y Giró pretende hurtar a la ciudadanía catalana, aunque no ellos a sí mismos ni a sus descendientes, pues ya se ocupan de que todos hablen a la perfección tanto el catalán como el castellano.

Después van y dicen que los chavales en Cataluña conocen a la perfección el español. No es verdad. Muchos sí por sus vínculos familiares, pero otra buena parte, no. Solo hay que escucharles para sacar una conclusión al respecto. Dos horas de castellano a la semana no son nada. Se da peor trato al español que al inglés. Y lo hacen al modo inquisitorial del segregacionismo blanco contra los niños negros en las escuelas racistas de la Lousiana o Alabama. Allí, los tribunales tuvieron que decretar el derecho inalienable de las crianzas negras, a las que la Policía hubo de proteger de los que, bajo las capuchas del Ku-Klux-Klan, perseguían a sus familias. El «kukluxklan» separatista se dedicó aquí a hostigar y perseguir a la niña de Canet y a su familia en las redes sociales y en su barrio. El segregacionismo «indepe» se esconde hoy, por desgracia, bajo el anonimato cobarde de internet para pedir que se «apedree» la casa de un niño al que los tribunales reconocieron el derecho a recibir al menos el 25 por ciento de la enseñanza pública en español. Illa, Iceta y Sánchez y su Gobierno entero miran para otro lado, con tal de seguir en los cargos. Ojalá que las instituciones europeas corrijan esta arbitrariedad. Demos la bienvenida a la Misión del Parlamento europeo que investigará in situ lo que ocurre en las escuelas de Cataluña. Pese a que hacerlo en el segundo semestre de 2023 se nos antoje un plazo en exceso lejano.