Rectificar sí o sí

Ni es fácil gobernar ni mucho menos acertar cuando se gobierna. Pero sí es fácil equivocarse si quien ejerce el poder se empeña en hacer las cosas porque sí, amparado en la certeza de que «somos más listos que nadie». Eso puede ser correcto en algún caso aislado. Sobre todo si uno es Dios, cosa que casi nunca ocurre. Si eres Dios, nadie te va a ganar en la certeza. Pero como Dios sólo hay uno, ocurre que los dioses y diosas terrenales que conocemos casi siempre acaban siendo víctimas de su propia voracidad. De su soberbia. Piensan que no se equivocan y resulta que, al ser mortales, naufragan con frecuencia. A veces de manera lacerante, haciendo un daño irreparable a quienes deben amparar, o beneficiando a los que no lo merecen.

Suele ocurrir a muchos que llegan al poder pensando en descubrir mediterráneos. Para qué consultar. Para qué pedir consejo. Mejor rodearse de gente que les aplaude incluso cuando se equivocan. No han llegado al poder para soportar reproches. El poder está ahí para ejercerlo, guste o disguste a unos u otros.

Irene Montero, ministra tan osada como temeraria, debe creer que toda la gente que piensa diferente a ella es despreciable. Y por tanto no merece la pena tener en cuenta la opinión de personas con dilatada trayectoria profesional, cuya obligación es la de asesorar a los ministros en su tarea al servicio del interés general. De ahí que cuando el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial pusieron serios reparos a su «ley del sí es sí», no les hiciera el menor caso, pensando, tal y como sucede ahora, que tales órganos están constituidos por juristas carcamales de formación retrógrada que no entienden de feminismo, y que por tanto son machistas. Planteamiento tan injusto como simple, que en realidad desacredita a quien lo formula.

Dijo ayer María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que quienes hacen las leyes deberían tener un mínimo de formación básica en la materia sobre la que legislan. Para entendernos, con la «ley del sí es sí», Montero ha legislado sin conocer el terreno que pisaba, mezclando el voluntarismo con la arrogancia, despreciando a quienes en base a su experiencia y formación, intentaron evitar un daño que hoy no tiene reparación posible. Los reos se benefician de aquellos aspectos positivos de las leyes que les atañen cuando entran en vigor. Si el delito de abuso y el de agresión se funden en uno sólo cuya pena es inferior a la máxima de los anteriores, los condenados se acogen a la nueva norma más benévola, por mucho que fuesen sentenciados a un castigo superior. En el asunto que nos ocupa, los violadores verán inevitablemente reducidas sus penas, con derecho a la revisión a la baja de las mismas. Ya hay cuatro casos establecidos, y decenas esperando a la cola, con una previsión de veredicto a su favor. Porque es de sobras conocido que las leyes tienen efectos retroactivos si benefician al reo, pues la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho Penal.

Grave es que la ministra de Igualdad, o quienes la asesoran, desconozcan cuestiones tan elementales. Grave es que además desprecien el criterio profesional de quienes saben más que ellos. Pero mucho más grave aún es que el Gobierno entero, con ilustres magistrados en su seno, se deje llevar por planteamientos nada rigurosos, aprobando una norma que debería haber sido devuelta al despacho de la señora Montero para su modificación. Dicen ahora que lo van a hacer. Es tarde. Pero aunque sea tarde, pues no por el hecho de ser revisada dejará de beneficiar a quienes tienen hoy derecho a acogerse a ella, mejor será que rectifiquen «sí o sí» este engendro de legislación que nunca debió ver la luz verde del Gobierno en su actual redacción.