Una dimisión sobre la mesa

La ministra Irene Montero acudió ayer al Senado al VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, organizado por el Consejo General del Poder Judicial. Parecía un acto de justicia poética. Todo el poder judicial, Fiscalía incluida, con la ministra que el miércoles los tildó de machistas y casi prevaricadores por las sentencias que reducían las penas a violadores tras la aprobación de la Ley del «sí es sí» al conjunto de los jueces, a los abogados defensores y a los fiscales. Quizá por esto, la ministra acudió demacrada, semblante serio y vestida de negro.

Casi una premonición al luto que le va a tocar conllevar a partir de ahora. Ni Pedro Sánchez, ni Yolanda Díaz, ni la Asociación Progresista de Fiscales ni Jueces por la Democracia han dado respaldo, ni pábulo, a la teoría de la conspiración de la ministra Montero. Ni siquiera el Fiscal General del Estado. La ministra pidió una circular para unificar criterios. Alvaro García Ortiz no ha hecho mención a esta circular y ha pedido confiar en la justicia, al tiempo que anunció que los fiscales trabajarán para dar prioridad «al amparo de las víctimas». O sea, ni la Fiscalía ha hecho un movimiento que permitiera a la titular de Igualdad levantar la cabeza. La ha hundido un poco más.

Montero se ha quedado sola, muy sola, en una defensa numantina de un error monumental. La ley no contempló una disposición transitoria que siempre figura ante un cambio del Código Penal. Nadie es nadie. Cierto que el Consejo del Poder Judicial avisó de que el cambio normativo podría conllevar una reducción de penas, pero tampoco el órgano de los jueces alertó del agujero negro que se abría en la ley. Tampoco el Gobierno, ni los ministerios implicados, ni las Comisiones del Congreso ni la Fiscalía. Casualidad, o no, con la reforma del delito de sedición si que se ha incluido la disposición transitoria.

El error es morrocotudo pero, como siempre, las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. La ley tuvo el apoyo masivo de la sociedad porque las agresiones sexuales debían ser castigadas y, lo más importante, las víctimas protegidas. Después de más de cinco años de tiras y aflojas la ley se aprobó, con prisas y las prisas son malas consejeras, y su aplicación ha causado decepción en todos aquellos y aquellas que la apoyamos. Decepción que ha sido contestada con una acusación de patio de colegio. Una conspiración machista de alto standing. Nuevo error. Ante un error lo más sensato en política es asumirlo, ver como se rectifica aunque el mal ya está hecho, y finalmente dimitir para dignificar la política y a la propia persona que ha cometido el error.

Asumir el fracaso es responsable. Salir por la tangente lamentable. Montero se ha equivocado y señalar ahora a jueces y fiscales un desliz de alto voltaje. Nadie en la judicatura ha salido en su defensa porque entre las sentencias revisadas figuran jueces progresistas y juezas que se han señalado en la lucha por la libertad sexual. Como en el fútbol, la ministra se ha achicado espacios y ahora está con la soga al cuello. Solo cuenta con su partido en su etapa más menguante. Yolanda Díaz se ha puesto de perfil porque el error de errores en la ley estrella de Podemos ha dejado a los morados tocados y casi hundidos.